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    HomeEconómiaNUEVA ESPARTA: Impiden a 6.000 familias negociar sus propiedades

    NUEVA ESPARTA: Impiden a 6.000 familias negociar sus propiedades

    Los afectados, que viven desde hace más de 25 años en los municipios Maneiro, Arismendi y Díaz, afirman que documentos están en regla.

    INTI declaró ociosas tierras
    habitadas en tres municipios

     

    Sulay Moreno, directora del Ministerio de Agricultura, indicó que no habrá expropiaciones. Sin embargo, los vecinos temen por la medida de aseguramiento, en la que pasan de ser propietarios a ocupantes.

    Desde el 2 de julio las alarmas están encendidas en los municipios Maneiro, Arismendi y Díaz del estado Nueva Esparta.

    Mediante un cartel de notificación, el INTI declaró “incultas u ociosas” 521 hectáreas de terrenos urbanizados donde están asentadas comunidades que agrupan a 6.000 familias propietarias y residentes de esas parcelas.

    La medida prohíbe a los propietarios vender, alquilar, remodelar o hacer algún tipo de trámite sobre sus casas.

    La mayoría lleva 25 años o más viviendo en estos sectores y tienen sus documentos en regla: suman 30.000 personas.

    Lo que más preocupa a los vecinos es que se dictó una medida cautelar de aseguramiento de tierras en la que pasan de propietarios a ocupantes. Esto prohibe vender, alquilar, remodelar, hipotecar o hacer ningún tipo de trámites sobre las casas que están asentadas en las hectáreas afectadas por el INTI.

    A pesar de que la directora regional del Ministerio de Agricultura, Sulay Moreno, aseguró que no había peligro de expropiación para los propietarios, la controversia continúa porque los afectados aseguran que nadie les ha dado garantías de que no perderán sus tierras. El MAT aclaró que están ociosas sólo 300 hectáreas de las 521, pero los que habitan en esa zona señalan que más de 80% de las tierras están habitadas y desde que se construyeron urbanismos y carreteras perdieron el uso agrícola.

    Los vecinos afectados que viven en los municipios Arismendi y Maneiro aseguran que no han recibido notificación de ningún organismo en el que se revoque la decisión de declarar ociosos los terrenos de uso agrícola y que les garantice el derecho a sus propiedades.

    Reprocharon que haya habido una reunión entre el INTI y el Ministerio de Agricultura y Tierras a la que no fueron convocados.

    En el limbo. En 1987, el entonces presidente Jaime Lusinchi decretó las 521 hectáreas en las que están las poblaciones de La Ceiba, Atamo Norte y Sur, Catalán, Chinguirito, Sabana de Guacuco, El Hato,

    Agua de Vaca y Los Cerritos como tierras de vocación agrícola. Sin embargo, mucho ha cambiado desde esa fecha.

    Jesús Morón, vocero de la comunidad de Atamo, dijo que el INTI declara tierras ociosas e incultas una zona que ya no es agrícola, pues el Gobierno la dotó de servicios públicos, aguas servidas, asfaltado y vialidad a esta zonas, con lo que pasó a ser un asentamiento urbano.

    Nancy Montero, habitante del sector Catalán, explicó que desde hace varios años los campesinos determinaron que la gran mayoría de las tierra no son aptas para el cultivo, “son arenosas y salinas”.

    “Muchas personas invertimos el trabajo de toda la vida en nuestras casas y terrenos.

    Ellos dicen que van a respetar la propiedad privada, pero hasta que no se anule la medida de aseguramiento y no se especifique que las zonas urbanas quedan exentas de ese decreto nosotros seguimos sin poder hacer nada”, dijo Montero.

    Rubén Linares, vecino del sector Atamo, indicó que la zona cuenta con hoteles y áreas de desarrollo en beneficio de las comunidades, además de urbanizaciones con casi 30 años de construcción. “En este tiempo se hizo el proyecto del sistema de red de cloacas para Nueva Esparta por Los Cerritos y las estaciones de bombeo La Auyama y Guaraguao”.

    Valeriano González, secretario general de la Federación de Campesinos de Nueva Esparta, recordó que en los terrenos decretados por el INTI como “incultos” viven aproximadamente 150 campesinos que hacen valer el carácter de tierras agrícolas con sus conucos y que son afectados con la medida.

    En una reunión con autoridades del Consejo Legislativo los vecinos acordaron crear una comisión para analizar las acciones legales e introducir una demanda de nulidad ante el Tribunal Agrícola del estado Monagas, pues Nueva Esparta no tiene esa instancia.

    Expropiación residencial

    “Mi esposo me lo dejó para mi vejez, pues me mantengo con los alquileres”, dijo Irene Rodríguez, dueña del edificio que fue expropiado por el gobernador de Aragua.

    Evaluación:

    La Alcaldía de Arismendi instaló el martes pasado una comisión evaluadora integrada por personal de ese ayuntamiento, ediles y miembros de consejos comunales para hacer una verificación de los terrenos afectados por la notificación del INTI. El alcalde de la jurisdicción, Luis Díaz, explicó que a través de esta comisión se entregará la titularidad de los terrenos que no excedan los 500 metros cuadrados, como esta establecido en la ordenanza municipal de ejidos.

    En el caso de las parcelas más grandes, Díaz dijo que se verificará si hay viviendas construidas para otorgar la propiedad sobre las bienechurías. Añadió que el INTI está completamente desinformado al aplicar esta medida y señaló que junto con la Cámara Municipal emprenderán acciones en contra. “Tenemos el deber de conocer a quién se le darán estas tierras, que vale la pena acotar están ocupadas por los dueños. Habrá algunos que están ilegales, pero la mayoría está en estos lotes por derecho, herencia o compra limpia”, indicó.

    Sin “riesgo”:

    Sulay Moreno, directora del MAT en Nueva Esparta, aseguró que los terrenos que estén urbanizados no serán incluidos en el plan de rescate de tierras ociosas o incultas. “Hay que decirle a los vecinos que no hay ningún tipo de riesgo de que pierdan sus propiedades. El MAT no rescata casas sino tierras agrícolas”, expresó.

    Sin embargo, no supo aclarar si la denominación de “ocupantes” se mantendrá por encima de la de propietarios. “Aquí no hay nada que defender porque no hay nada que temer. Si una persona tiene más de 20 años viviendo en un terreno tiene que tener algún documento que lo certifique, pues que lo presente”, enfatizó.


    MARÍA ORSATTI PORLAMAR
    Economia | Política
    EL NACIONAL

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