Hay 10.000 denuncias de familias afectadas que no han
recibido sus apartamentos.

Aunque está prohibido el cobro de ajustes por
IPC en las viviendas varias inmobiliarias lo exigen

La rutina de ir al colegio o de alimentar a un bebé involucra a toda la familia Lanz lo quieran o no. Roberto, el papá, duerme con su hijo de 12 años de edad en la parte superior de una litera. La parte de abajo está reservada para su esposa y su otro hijo de 3 años de edad. Al lado de la cama está la cuna de su pequeño recién nacido.

A medianoche, cuando el bebé llora, todos se despiertan.

En la mañana, cuando los dos escolares se levantan para ir al colegio, es el pequeño quien ve interrumpido su sueño.

Tres años y medio antes eso no pasaba:

Los Lanz vivían en El Llanito. Decidieron comprar uno de los 125 apartamentos de las Residencias Los Pinos en Carrizal para estar más cómodos. Vendieron su apartamento, se endeudaron, pero pagaron los 145.000 bolívares de la cuota inicial. Sin embargo, el cobro de un ajuste según el Índice de Precios al Consumidor postergó indefinidamente la entrega de su vivienda y los confinó a vivir en una habitación de la casa de la abuela paterna.

Sus muebles están desperdigados en casas de varios amigos. Roberto Lanz explica que lo que gana no le alcanza para alquilar un apartamento.

La construcción de las residencias se inició en 2007 y debía culminar 18 meses después, pero se retrasó. La dilación coincidió con la activación de la resolución 110 que prohibió el cobro de cuotas basadas en el IPC para la adquisición de viviendas.

La constructora hizo un segundo contrato que incrementaba el precio del inmueble en casi 100.000 bolívares del costo inicial fijado en 235.000 bolívares. “Ese documento decía que nos reajustábamos al nuevo precio y que renunciábamos a ejercer acciones civiles y penales”, relata.

Juan Arango y su familia también compraron un apartamento en 2006 en el Conjunto Residencial San José del Ávila, en Caracas. Vendieron su carro y otras pertenencias para cancelar las cuotas. Pagaron 100.000 bolívares de inicial pero aún no tienen apartamento. La constructora les impuso una nueva cuota ajustada al IPC. Sus 3 hijos de 22, 13 y 8 años de edad, su esposa y su suegra de 68 años de edad, residen alquilados en la parroquia Altagracia. Ya se les vencieron las prórrogas de arrendamiento y pronto deben desocupar la casa donde viven.

Arango explica que la angustia ha empeorado el glaucoma que sufre desde hace un tiempo. La tensión del ojo se le disparó y ya perdió parte de la visibilidad.

Su esposa sufre de neuritis también por la ansiedad.

Sajid López y su novia compraron un inmueble en la última etapa del Conjunto Residencial El Encantado, en Macaracuay, porque quieren casarse y formar una familia.

Debía ser entregado este año:

La inmobiliaria les informó que hay retrasos. El edificio de 11 pisos en el que esperan vivir apenas tiene 4 construidos. Algunas familias admiten haber pagado 150.000 bolívares adicionales a los 310.000 que costaba el apartamento. La razón: desean recibir su casa, aunque el cobro del IPC sea ilegal.

“Nuestro caso es delicado porque el edificio ni siquiera está construido”.

Ilegalidad. La resolución 110, emitida por el extinto Ministerio de Obras Públicas y Vivienda y publicada en la Gaceta Oficial 39.197 del 10 de junio de 2009, prohibió el cobro de cuotas basadas en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor en los inmuebles construidos, por construirse o en construcción. Antes de eso, los precios se ajustaban según el IPC fijado por el Banco Central de Venezuela. Pese a la prohibición, el cobro prosiguió.

El diputado Augusto Montiel, presidente de la subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular de la Asamblea Nacional, es el coordinador de la Sala Situacional creada para defender a los afectados. Montiel señaló que ya se han identificado 30 empresas que han infringido la ley.

INMUEBLES | LISSETTE CARDONA
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