Fuentes del TSJ afirman que la Sala Plena reconocerá la inmunidad de los diputados electos el 26-S, pero inmediatamente acordaría la continuación del enjuiciamiento de ambos.

Podrían aplicar el precedente
establecido con Wilmer Azuaje

Con la imposición de casa por cárcel, se postergan las consideraciones sobre la inmunidad adquirida por los dos diputados electos el 26-S. José Sánchez, ex jefe de seguridad ciudadana de la Gobernación de Zulia, y Biaggio Pilieri, ex alcalde del municipio Bruzual de Yaracuy, han sostenido que son presos políticos porque sus encarcelamientos obedecen al uso del Ministerio Público y el Poder Judicial como instrumentos de persecución contra cualquier forma de disidencia frente al oficialismo. Después del pasado 26 de septiembre, ambos lo afirman con mayor fundamento, pues los votos que obtuvieron para resultar electos diputados de la Asamblea Nacional y la correspondiente proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral no han sido suficientes para recuperar su libertad.

Los jueces de Zulia y Yaracuy encargados de cada caso dejaron la decisión definitiva en manos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que sentó un precedente desalentador para los diputados de oposición con la inhabilitación sumaria del parlamentario Wilmer Azuaje.

Fuentes del máximo tribunal adelantaron que se ha planteado la posibilidad de que la Sala Plena reconozca que Sánchez, conocido como Mazuco, y Pilieri adquirieron inmunidad parlamentaria desde el momento de su proclamación, como lo establece el artículo 200 de la Constitución. Pero, inmediatamente, analizarían y decidirían si debe proseguir su enjuiciamiento. En caso positivo sería necesario que la próxima Asamblea Nacional allane las inmunidades recién adquiridas, a cuyos efectos se requiere el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes en la respectiva sesión; una mayoría simple que el oficialismo posee para la legislatura que comienza el 5 de enero de 2011. Hasta tanto, indicaron las fuentes, Mazuco y Pilieri permanecerán en casa por cárcel.

“Lo que buscan es defraudar la institución de la inmunidad parlamentaria”, expresó el constitucionalista Gerardo Fernández. En su opinión, la proclamación es suficiente para que se suspendan los procesos penales contra Mazuco y Pilieri. El penalista Alberto Arteaga Sánchez recuerda que así ocurrió con el ex presidente Carlos Andrés Pérez, que se libró de la prisión domiciliaria que se le había impuesto por el caso de las cuentas mancomunadas Pérez-Matos después de ser electo senador por el estado Táchira en los comicios de noviembre de 1998. “Se trata de una especie de insulto popular y, en todo caso, es un acto del Poder Electoral que debe ser acatado por todos”, agregó.

El abogado Angel Bellorín piensa distinto: “Como los procesados no eran diputados cuando se cometieron los delitos por los cuales se les acusan, los respectivos procesos penales deben seguir su curso. Hasta que se dicten sentencias definitivas, los suplentes deben ocupar las dos curules”.

Larga espera. El retardo del TSJ es la más reciente complicación de ambos procesos penales.

A Mazuco se le acusa de haber sido el autor intelectual del homicidio del ex funcionario de la Disip Claudio Macías, a quien encontraron ahorcado en un pabellón del retén El Marite, el 8 de agosto, apenas un día después de ingresar en ese penal. Otras ocho personas fueron imputadas, pero sólo Mazuco está detenido.

“Mi caso es insólito: encontraron al supuesto autor intelectual, pero nada se sabe de los autores materiales. Un total de 10 jueces y 9 fiscales no han encontrado pruebas en mi contra. La verdad es que lo que me están cobrando es haber sido un frontal opositor del Gobierno. Ahora quieren pasarme otra factura por haber sido el candidato más votado de Zulia y el cuarto en todo el país”.

El proceso penal contra Mazuco está en etapa de juicio. El debate oral y público fue anulado después de que la Fiscalía logró inhabilitar a un escabino que no fue reemplazado oportunamente. La semana anterior a las elecciones, la Sala Penal del TSJ pidió el expediente y el pasado 7 de octubre sustituyó la reclusión en el penal de Ramo Verde (donde cumplió 3 años y 23 días tras las rejas) por su residencia en Maracaibo.

La situación en que se encuentra Pilieri es más difícil de entender, en estricto Derecho.

El pasado 19 de julio fue absuelto por el Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy de la acusación por peculado doloso y malversación agravada de fondos públicos. Los dos escabinos lo declararon inocente, a pesar de la discrepancia de la jueza Jenny Andaluz. La Fiscalía pidió la suspensión de la ejecución de la sentencia absolutoria hasta tanto se resolviera la apelación.

Pilieri permaneció 20 meses preso en la Comandancia de la Policía de Yaracuy. Ahora está en su casa y desde allí repite: “El pueblo yaracuyano no va a permitir que se irrespete su voluntad”.

Por: EDGAR LÓPEZ
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