A pesar de haber sido destituida dos veces, Luisa Estella Morales reingresó
al Poder Judicial y ocupa el más alto cargo.

La Constitución prohíbe el activismo
político en la judicatura

Los ex jueces Cecilia Sosa y Juan Carlos Apitz afirman que los diputados oficialistas están inhabilitados por su evidente vinculación con el Gobierno. Los diputados Malaquías Gil, Roberto Quintero, Juan Mendoza, Francisco López, Libes González, Carmen Álvarez, Osmar Carmona Rodríguez y Jhannett Madriz, que aspiran a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cumplieron con la formalidad de renunciar a su militancia en el PSUV, a través de documentos notariados que anexaron a sus postulaciones, confirmaron fuentes de la Asamblea Nacional.

La pregunta es inevitable: ¿la renuncia al partido de Gobierno es suficiente garantía de la independencia requerida para desempeñar los más altos cargos del Poder Judicial? La ex presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, y el ex presidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Juan Carlos Apitz, responden por separado, pero en forma idéntica: “No basta que los aspirantes a magistrados renuncien al PSUV”.

Sosa recordó que el artículo 256 de la Constitución establece que “con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones” los magistrados no podrán llevar a cabo “activismo político partidista”.

En la práctica, razonó la ex magistrada, es inútil pretender borrar la vinculación a un partido con un simple documento notariado. “Estos diputados, al igual que el ex vicepresidente Isaías Rodríguez y todo aquel que haya cerrado filas con el Gobierno son políticos y no dejarán de serlo si son designados magistrados del TSJ. Por el contrario, participan en el proceso de selección con el compromiso inconfesable de continuar al servicio del oficialismo”, insistió Sosa.

Apitz agregó que la militancia política no se limita al registro formal en un partido, pues corresponde a las convicciones y preferencias de cada uno. En cuanto a las aspiraciones de jueces destituidos, Sosa y Apitz tampoco tienen dudas al señalar que no pueden reingresar al Poder Judicial, pues no cumplen con las exigencias de honorabilidad y buena reputación establecidas en la carta magna.

Pero ambos recuerdan que la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, encarna lo que consideran un mal precedente. Morales fue destituida en dos oportunidades y ello no impidió que volviera a la judicatura, hasta alcanzar el más alto cargo.

Un impugnado:

 Hasta ayer a mediodía, el comité había recibido una impugnación, según confirmó su presidente, Saúl Ortega, quien criticó las informaciones publicadas por El Nacional y otros diarios de circulación nacional sobre los antecedentes de algunos de los aspirantes al TSJ.

“Esas personas, si nadie las ha objetado, ya el periódico los condenó. Yo soy respetuoso de todos los que participan. Para mí, mientras nadie los objete no son cuestionables. Hasta el momento hay una sola persona objetada” Desde la bancada de Podemos, el diputado Juan José Molina manifestó su esperanza en que la primera lista que emanará del comité rumbo al Poder Moral “irá decantada y no deberían figurar los que estén cuestionados”.

Mientras tanto, al revisar en detalle la lista de 404 aspirantes, siguen surgiendo nombres relevantes. Es el caso de la procuradora general de la República Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien también figura entre los postulados.

EDGAR LÓPEZ
MARU MORALES
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