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    HomeMundo & America LatinaAGROISLEÑA: España instó a la empresa a acudir al arbitraje internacional

    AGROISLEÑA: España instó a la empresa a acudir al arbitraje internacional

    Los trabajadores se oponen a la toma de la empresa. Nueve
    personas detenidas y seis lesionadas.

    Guardia Nacional tomó
    a la fuerza planta Inica

     

    Una comisión mixta de la Guardia Nacional, Ejército y policía de Aragua tomó a la fuerza la empresa Inica, Insecticida Internacional, ubicada en Cagua, estado Aragua; filial de Agroisleña, expropiada el 4 de octubre.

    La acción militar dejó nueve trabajadores detenidos y seis lesionados, luego de la revuelta que se formó en las puertas de la empresa cuando sus compañeros eran sacados por los castrenses y funcionarios policiales.

    Los militares y los funcionarios de la policía regional irrumpieron en las instalaciones de Inica el martes a las 4:00 de la madrugada. En ese momento sólo había 10 trabajadores que estaban pernoctando en la empresa, para evitar que fuera tomada por la junta interventora.

    Los trabajadores Gabriel Andare, Yoeli Castillo, Patrocinio Viscaya; José Díaz, Yordy Pérez; Andrés Mellier, Joan Rojas, Miguel Mota y Carlos Colina fueron llevados a la 42 Brigada de Paracaidismo de Maracay y serán presentados ante la Fiscalía 22 de Turmero, con el cargo de resistencia a la autoridad.

    Inica era la única de las cinco empresas que el Gobierno no tenía en su poder, y la producción de agroquímicos e insecticidas está paralizada.

    Los trabajadores se negaban a permitir el acceso hasta que les cancelaran las prestaciones sociales, para comenzar de cero con el nuevo patrono.

    El dirigente sindical José Páez denunció que los policías los agredieron. También informaron que los depósitos de Inica fueron saqueados por los funcionarios y todos los productos terminados se los llevaron en gandolas, sin el respectivo inventario y las firmas autorizadas para el despacho.

    “Sacaron seis gandolas de productos de la empresa, eso es un robo”, reiteró el trabajador José Espinoza.

    El viceministro de Circuitos Agroproductivos, Yvan Gil, dijo que la Fuerza Armada Bolivariana y la Policía del estado Aragua ejecutaron un procedimiento de rescate y aseguramiento de las instalaciones de Inica. Acusó a un grupo de trabajadores de oponerse a la entrada de los órganos de seguridad y de poner en riesgo a la población debido a que la empresa maneja productos químicos de alta peligrosidad.

    Rechazo:

    En un comunicado la antigua junta directiva de Agroisleña, que fue destituida por el Gobierno, rechaza el atropello a los trabajadores y la toma violenta de la empresa Inica.

    “Exigimos al Ejecutivo que cesen de manera inmediata las situaciones de hostigamiento, ataques y represión sobre nuestros trabajadores y se les garantice su integridad física y el ejercicio de todos sus derechos humanos y constitucionales”, dice el documento.

    Advierte que se reservan el derecho de ejercer acciones legales, en los tribunales venezolanos y en instancias internacionales, por las agresiones y medidas inconstitucionales de las que han sido victimas las empresas y los trabajadores. La dirigencia señala que se defenderán de la expropiación y de otras decisiones que consideran ilegales, y responsabilizan al Gobierno de la violencia.

    Alerta en España:

    El ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, dijo que mediante el diálogo, la firmeza y la voluntad, el Gobierno avanza en la solución de los casos de expropiación de empresas de ciudadanos españoles en Venezuela, entre ellos el de Agroisleña.

    “Lo vamos a obtener, acompañando las actuaciones de los propietarios de la empresa, pero también instándoles a utilizar la Corte Internacional de Arbitraje, cuyo recurso es posible gracias al acuerdo de Protección Recíproca a Inversiones que firmó este Gobierno”, explicó Moratinos.

    Alfredo Belda, de Coalición Canaria, expresó su preocupación por la situación de las empresas que se encuentran con dificultades para recibir un justiprecio, y denunció que esto no es una expropiación sino una incautación.


    LAUDELYN SEQUERA | MARACAY
    KATIUSKA HERNÁNDEZ
    khernandez@el-nacional.com
    Política | Economia
    EL NACIONAL

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