Vía de corrupción
La serie de expropiaciones de las últimas semanas se atribuye a un designio ideológico y se le asocia con doctrinas según las cuales la propiedad social de los medios de producción es condición necesaria para el logro de una comunidad igualitaria. Sin embargo, si se observa el patrón que presentan esas medidas, adoptadas de acuerdo con los caprichos y berrinches del Presidente de la República, se llega a la conclusión de que, más allá de un impulso de justicia socialista, responden a una ambición inocultable de acumulación de riqueza y poder.
De acuerdo con el Diccionario de Academia Española, la palabra “expropiación” significa “privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes”. Pero en esta razzia desatada después de la derrota electoral del Gobierno el 26 de septiembre no se han respetado las leyes, ni las indemnizaciones ni se ha justificado el interés social de esas acciones.
Han sido el fruto de la arbitrariedad militar y de un afán de venganza basado en el resentimiento social. Un día responden a provocaciones oficialistas organizadas en el campo, o al deseo de monopolizar las cadenas productivas de la agroindustria, y otro a que los dueños no son bien vistos por el grupo bolivariano gobernante.
Esta manera de expropiar recuerda más al afán de concentrar riquezas de los dictadores latinoamericanos que a las acciones nacionalistas de la revolución rusa, el colectivismo de Tito en Yugoslavia, e incluso a las primeras medidas de la revolución cubana. Se le puede describir más como un acto de rapiña que como una política planificada.
Son nuevas modalidades de acumular riquezas personales. Hoy existen generales que no les tiembla el pulso para firmar un cheque de un millón de dólares pagadero en cualquier paraíso fiscal del Caribe. Antes, los dictadores ponían a su nombre, o de sus familiares, los activos expropiados, tal como hizo Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, quien se apropio de las principales actividades productivas de ese país.
Pero cuando eran derrocados, los bienes regresaban a la república en un acto de justicia social. Ahora los ponen a nombre del Estado y por eso los militares chavistas se adueñan ya no de los bienes expropiados sino del Estado en su conjunto.
Los militares razonan que si se mantienen, igual gozan de esa riqueza, tienen un poder omnímodo sobre el resto de la población y debilitan a quienes se oponen. Así que “exprópiese” es una nueva manifestación de corrupción, similar a la de Juan Vicente Gómez y Chapita Trujillo, basada en la permanencia perpetua de un mismo hombre en el poder.
Cuando Gómez, el militarismo se llamaba “Paz y Trabajo”, ahora se denomina “socialismo del siglo XXI”. Pero la acumulación de riquezas del jefe y de sus allegados es la misma.
Por: Redacción
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EL NACIONAL
