Los compradores podrán exigir al promotor una indemnización en caso de que
se retrase la terminación o la entrega del inmueble.

Gobierno aplicará medida
cuando afectados lo soliciten

El proyecto de ley de preventa, que ayer recibió el visto bueno definitivo de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, permite a los compradores solicitar la intervención de los desarrollos de vivienda cuya construcción se paralice más de tres meses.

La medida será aplicada por una junta interventora formada por representantes del Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, el ente financista de la obra y los compradores.

La junta deberá elaborar un plan de acción para terminar y entregar la obra en la brevedad posible.

“Será algo similar a lo que sucede, en la práctica, con los 33 conjuntos residenciales en construcción intervenidos por el Gobierno la semana pasada”, dijo la parlamentaria Laura Valls, autora del proyecto.

Los compradores también podrán exigir al empresario una indemnización en caso de que se retrase la construcción o la entrega de las viviendas. Además, el contrato tiene que especificar la fecha de la finalización de la obra, que será prorrogable ­de mutuo acuerdo y una sola vez­ por seis meses.

Otro aspecto que debe quedar claro en el contrato de preventa ­y que no podrá ser modificado bajo ningún concepto­ es el precio de la vivienda, que será calculado con base en dos factores: el valor del terreno en el cual se edificará y el costo total de la obra.

El proyecto inicial establecía que se tomaría en cuenta “la utilidad legítima del productor de viviendas por su actividad empresarial” para el cálculo del precio. Valls aclaró que la modificación no suprime la ganancia, sino que la incluye en el costo.

La legislación prohíbe que los constructores exijan a los compradores pagos adicionales por costos asociados al proyecto inmobiliario o motivos fútiles. El promotor tampoco podrá quedarse con la administración del condominio de las viviendas en preventa.

Reglas claras:

Valls afirmó que el objetivo de la ley no es perseguir a los empresarios ni paralizar la construcción de viviendas, sino todo lo contrario. “La idea es reactivar el mercado a través de la elaboración de reglas claras que sean conocidas por todas las partes”, dijo.

Agregó que una de las causas de los problemas de los últimos años en la preventa de viviendas fue la ausencia de una normativa para regular la relación entre compradores y vendedores.

“Aspiramos a que en un máximo de 15 días pueda ser sancionada”, manifestó.

VIVIENDA | ALEJANDRO HINDS
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