Las denuncias de los compradores pasaron por varias instancias, antes
de que se decidiera el decreto de expropiación.

Opiniones de los vecinos de los
conjuntos afectados están divididas

La lucha de los compradores del conjunto residencial El Encantado comenzó a principios de año. Otto Barrios sabía que se tomaría una decisión, pero no esperaba que el presidente Hugo Chávez hiciera el anuncio el domingo. Cuando escuchó que se había tomado la decisión de ejecutar expropiaciones, ocupaciones temporales y medidas de protección para varios conjuntos residenciales, lo aceptó con agrado. Esa es la forma, considera, de frenar las constructoras. “Así se detienen los abusos de esas empresas, que no son nuevos. Ya eso tiene 20 o 30 años”, afirma.

La medida presidencial fue el desenlace de las quejas que interpusieron ante las autoridades Barrios y otros vecinos del conjunto residencial El Encantado, localizado en Macaracuay, expropiado el domingo.

Relata que a principios de año crearon un grupo con la intención de llevar ante el Indepabis denuncias por el cobro de sumas que correspondían al Índice de Precios al Consumidor y por entregas tardías de los apartamentos.

Barrios se unió desde el principio:

Decidieron ir a la Asamblea Nacional y pidieron ayuda a la diputada Laura Valls, de la Comisión de Administración y Servicios. Recuerda que ella les recomendó negociar con las constructoras. “Había personas que aceptaban el cobro del IPC, pero otros no”. Algunos desconfiaron porque pensaron que en el Parlamento se buscaba favorecer a las empresas de la construcción.

Luego contactaron al diputado Augusto Montiel, presidente de la Subcomisión de Gestión Pública, quien se ofreció a ayudarlos y organizó a otros propietarios que se encontraban en una situación similar.

Así se agregaron compradores de los conjuntos residenciales San José del Ávila, Mata Linda, Terrazas de La Tahona, Terrazas de Los Pomelos, Bosque Real, Mirávila y otros.

Ese fue el nacimiento en el Indepabis de la Sala Situacional que recibía las denuncias y servía para que los voceros expusieran sus quejas. Ayer en la mañana, por ejemplo, se reunieron para tratar de atajar angustias. El término expropiación creó mucha incertidumbre. Ellos se encargaron de insistir en que nadie perderá sus viviendas y que se creará un grupo de supervisión para acompañar al Indepabis en los controles de las empresas.

“Con la creación de la Sala Situacional, en agosto de 2010, cristalizaron las investigaciones. Estas son estafas inmobiliarias, delincuencia organizada. Se estudiaron los contratos y se determinó que cobraban 20% adicional al IPC. Es mentira que sólo exigían el pago de ese índice. El dinero lo usan para invertir en bonos o dólares”, acusa Montiel. Sostiene que son más de 80.000 los beneficiados por la medida.

El diputado asegura que las denuncias no tienen nada que ver con asuntos políticos. “Incluso, la mayoría de estas personas no son afectas al chavismo”, dijo.

Además de la Sala Situacional, se creó una Mesa de Alto Nivel con el Indepabis, la Vicepresidencia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, la Asamblea Nacional, Sudeban y los propietarios afectados. Barrios asegura que la información le llegó al Presidente y fue la base de la decisión.

El teléfono de Barrios suena muchas veces en pocos minutos. En ocasiones responde más o menos así: “No hay que tener miedo, la verdad está de nuestro lado”.

Barrios quiere aclarar: no deben llamarlos afectados. “Las expropiaciones y ocupaciones temporales en realidad nos benefician”. De víctimas pasaron a victimarios. Ahora otros los culpan por impulsar la decisión presidencial.

Negociación:

Piden que la empresa termine la obra. Los futuros vecinos de El Encantado Humboldt pidieron que se permita a la empresa constructora Yuruani continuar con el desarrollo de los 1.300 apartamentos, dado que no se ha paralizado la obra y desde hace 2 meses se comenzaron a entregar los primeros 300 apartamentos. “Recibí las llaves de mi apartamento el lunes de la semana pasada, y para mí fue impactante la acusación de que había obras paralizadas porque regularmente supervisamos y encontramos gente trabajando”, manifestó Wendimar Moreno. Alfonso Ávila, director principal de la constructora, aseguró que no se han detenido las obras, pero ha bajado el ritmo debido a complicaciones en el suministro de cabillas y cemento: “Antes de 8 o 9 meses vaciábamos 4.000 metros cúbicos de estructura; ahora hemos tenido que bajar a 2.000 metros cúbicos por la escasez de insumos. Pero no se ha paralizado nunca la obra”. Tanto la constructora como los copropietarios están dispuesto a que organismos del Estado inspeccionen los trabajos, pero que al mismo tiempo se asegure la continuidad de la construcción.

Moreno indicó que junto con su esposo han pagado progresivamente la inicial del apartamento para tener una mejor calidad de vida.

“Vivimos en Los Teques, pero trabajo en Quinta Crespo; casi no veo a mi hijo de dos años porque salgo a las 5:00 am y regreso a las 8:00 pm. Compramos aquí para compartir más tiempo con el niño”. La empresa aseguró que en el primer trimestre de 2011 entregarán otro lote de 300 apartamentos, y para fin de año esperan entregar la totalidad del conjunto residencial. En la reunión que tuvieron los vecinos ayer acordaron reunirse el sábado para constituir el consejo comunal de la localidad.

ARIANA GUEVARA GÓMEZ
arguevara@el-nacional.com
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