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    CTV: “Empleados públicos sienten miedo y resentimiento”

    El presidente de la Federación de Empleados Públicos dice que hoy, a diferencia de lo que ocurría en la cuarta república, se imponen castigos a quienes exigen sus derechos y protestas. Asegura que antes era fácil ganar un juicio laboral; ahora temen ir a tribunales.  

    Antonio Suárez*: “hay que darle
    un revolcón al sector sindical”

     

    Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, observa un circulo vicioso: la gente no se reúne por miedo, no elige autoridades y, al no tenerlas, no discute los contratos. Critica la falta de una dirección sindical. “No hay de derecha ni de izquierda ni de centro”, dijo. “Hay que darle un revolcón al sector”, señala.

    Antonio Suárez cumplió 31 años en la administración pública y sabe cómo están los trabajadores. “Hay miedo y molestia”, afirmó el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, que tiene como patrón al Estado, controlado por un gobierno que se declara “socialista”, pero ­advierte Suárez­ se niega a discutir y aprobar el contrato marco, vencido desde 2005, lo que perjudica a 2,5 millones empleados y 1,5 millones de jubilados.

    Fedeunep está adscrita a la CTV; agrupa a 110 sindicatos, 22 de ellos en Caracas, y comparte la lucha con Fentrasep, del ala chavista, y otras 24 organizaciones. Las exigencias al Gobierno son claras: 50% de aumento salarial, un bono por el atraso en la discusión del contrato, 4 cláusulas con incidencia económica y la creación de una sala situacional sindical que revise sueldos de militares, educadores, médicos, policías, fiscales de tránsito y bomberos.

    –¿Cuántos contratos están vencidos en el sector público?

    –Cuantificarlos es difícil porque existe uno por cada organismo público, más de 20 ministerios y cientos de institutos. Además, los contratos que están en discusión están en diversas etapas. Luego, hay una norma impuesta en la reforma del Reglamento de la Ley del Trabajo, que exige a los sindicatos una serie de recaudos que, en lugar de ayudar, burocratiza la labor y ha provocado un retraso en la elección de sus representantes.

    –¿Cuál es la consecuencia?

    –La mora electoral impide discutir contratos, introducir pliegos y hasta representar a los trabajadores. Eso viola los convenios internacionales porque los sindicatos tienen derecho de elegir de acuerdo con sus estatutos y no por las normas del CNE, que no fueron concertadas con ningún sector, ni siquiera con el chavismo. La Gaceta Oficial del 21 de enero de 2010 reconoce la independencia de los sindicatos y la asesoría del CNE en los procesos, pero la verdad es que el CNE impone sus criterios alegando que la Constitución, en el artículo 293, ordena a la institución organizar elecciones. Es una norma burocrática que retarda los comicios.

    –¿Es deliberado?

    –Retardan los procesos. La OIT pidió al CNE flexibilizar la norma porque los sindicatos no son entes burocráticos. No pueden pasar medio año haciendo trámites ante el CNE y el Ministerio del Trabajo. En 2005 aprobaron una norma que obliga, cada año, a tener las nóminas de agremiados con las firmas de cada uno de los presidentes de los sindicatos. Eso es imposible. Se pierden activos en estas actividades. Nunca se sale de la mora electoral. Eso pasa no sólo en la CTV, sino en UNT, Fentrasep, CGT, Codesa y CUTV. Al patrono, Estado o privado, le conviene la mora.

    –¿Cómo solucionarlo?

    –En Venezuela falta una dirección sindical. No la hay ni de derecha, ni de izquierda ni de centro. La carencia no es sólo en la CTV; sino también en los movimientos del Gobierno. Eso afecta los contratos colectivos. Hay un círculo vicioso; la gente no se reúne por miedo, no se eligen autoridades y por ende no se discuten contratos. Por eso es es necesario una sola federación en el sector público. ¿Por qué no consultamos a los trabajadores? La mayoría, sin importar color político, apoyaría la fusión. La gente cree que hay 2 federaciones, pero son 25. En educación hay 14, aunque sólo 7 son reconocidas por el Ministerio de Trabajo

    –¿Por qué tantas federaciones?

    –Suena tonto, pero es verdad.

    Hay que darle un revolcón al sector sindical, empezando por la CTV; hay que nutrirla de gente de otros sectores. Hay que diferenciar frentes ­como el FTUV, que viene de AD, y Solidaridad Sindical­ que trabajan, de los burós de AD, Copei y Primero Justicia que critican a las federaciones. Esa pugna debilita al sector.

    –¿Qué pasa con el contrato marco?

    –Ese contrato marco, vencido en 2005, se discutió en 2002 cuando Franklin Rondón, apoyado por el Gobierno, estaba en Fedeunep. Se consiguió 90 días de aguinaldos, 10% de aumento y más días de vacaciones. Luego, Setrap logró un bono por la no discusión del contrato. Ahora están paralizadas las negociaciones , por lo que pedimos al Presidente que ajuste las escalas.

    –¿Qué impide discutir el contrato?

    –Además de la demora administrativa y electoral, los conflictos internos. Los intereses diversos; las apetencias de candidatos a gobernaciones, alcaldías y a la Presidencia de la CTV. Por eso proponemos una sola organización, no partidista.

    –¿A cuántos afecta el retraso?

    –Incluidos los contratados, son casi 2,5 millones de personas, más 1,5 millones de jubilados por la Ley de Estatutos, que otorga pensiones mínimas de 1.300 bolívares sin cestaticket.

    –¿Y por qué no reclaman sus derechos?

     –Todos los días protestan; vemos a gente de Pdval y de la Alcaldía Metropolitana. Lo que pasa es que cada quien reclama lo que le duele. Y el otro factor que impide reclamar, masivamente se llama miedo.

    La gente delega en los sindicatos, pero estamos divididos en escuálidos y bolivarianos; y dispersos es difícil avanzar.

    –¿Miedo a retaliaciones?

    –Antes era fácil ganar un juicio en la administración pública en lo contencioso administrativo. Era un negocio para los bufetes. Ahora no. La jurisprudencia varió y los trabajadores temen ir a tribunales.

    En segundo lugar, le temen a las sanciones. Durante la cuarta república, la Ocepre no las aplicaba. En cambio, hoy, si se paraliza al Estado, el Estatuto de la Función Pública impone castigos. Los trabajadores se cuidan. Acuden al sindicato.

    Sienten un miedo oculto. Pero a los sindicalistas también los sancionan. En Bolívar pusieron preso a Rubén González por reclamar mejoras en las empresas básicas. No es justo ni honesto atacar a quienes mantienen vivo el movimiento sindical.

    –¿Hay persecución sindical?

    –No. No los buscan o matan como en Colombia, pero hay límites y la gente no se atreve a ir más allá. Dejan todo a los sindicatos.

    –¿Es un riesgo ser líder laboral en un gobierno socialista?

    –Sí. Si no llegan al extremo de despedirnos, no autorizan los aumentos. Felicité al trabajador de Polar que llegó raso y terminó en un buen cargo con 6.000 bolívares porque eso no es posible en la administración pública. El régimen público es apretado; hacen evaluaciones cada 6 meses e imponen condiciones para los ascensos y aumentos.

    –¿El socialismo del siglo XXI tiene como núcleo a los trabajadores?

    –No. En el sector público, los trabajadores están resentidos.

    Los resultados del 26-S tuvieron que ver con el cambio en los circuitos electorales y la molestia en el área pública.

    Eso es un termómetro, así que hay que ponerle lupa, no para mal, sancionar o castigar, sino para conocer el porqué.

    –¿Cuál es la causa?

    –Habrá que revisar los salarios de 2,5 millones de empleados públicos. Si existiera una sala situacional sindical se vería que hay algo: malestar.

    Molestia. El Presidente descuidó a sus trabajadores. Él tiene que voltear a ver a sus trabajadores. En la UCV, por ejemplo, los bolivarianos le reclaman al ministro de Educación Superior; en Agricultura y Tierras, la gente de Fetrasep. Son trabajadores chavistas.

    –¿De qué se quejan?

     –De la situación del país, pero en lo laboral, de los viáticos.

    Por ejemplo, para hacer una inspección en Maracaibo le dan pasaje y 32 bolívares diarios para hotel y comida. Eso perjudica la gestión. Y cuestionan los servicios de HCM.

    Las clínicas deberían sacar la lista de morosos, sea Estado o empresas privadas, y la Superintendencia de Seguros tiene que poner orden. El Gobierno debe entender, ahora que La Previsora agrupa a La Bolivariana, que una sola compañía en ese ramo no se dará abasto.

    * FICHA PERSONAL: PRESIDENTE DE FEDEUNEP Y DEL OBSERVATORIO DERECHOS HUMANOS LABORALES SINDICALISTA


    HERNÁN LUGO-GALICIA
    hlugo@el-nacional.com
    Política | Opinión
    EL NACIONAL

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