Plan para modificar la Ley Resorte es parte de
la búsqueda de la hegemonía comunicacional
Comunicólogos, blogueros y periodistas coinciden: el control de Internet afectará la libertad ciudadana de producir y consumir contenidos. La regulación luce inoperante. Internet dejará de ser la única ventana informativa y de entretenimiento fuera del control oficial: el martes la Asamblea Nacional iniciará la revisión de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para meterla, junto con los medios electrónicos, en el saco de las regulaciones.
Si la presión de la opinión pública y el rechazo generado hasta en la comunidad virtual chavista no son suficientes para frenar la iniciativa presentada por el vicepresidente Elías Jaua, antes de fin de año se aprobará el texto.
El comunicólogo y profesor universitario Antonio Pasquali atribuyó la medida a la incapacidad del Gobierno para calar su mensaje en la población, pese a controlar un número importante de medios de comunicación: “La sintonía y lectoría de los medios del régimen no pasa de 4%; tal incapacidad de comunicar es suplida con más represión a la comunicación de la disidencia, la cual transita hoy de manera creciente por la red y la telefonía celular”.
La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegrett, agregó que el Gobierno trata de ampliar su hegemonía comunicacional: “Internet no podía quedar por fuera. El problema es que ahora no afectarán los intereses del dueño de un diario ni a los periodistas, sino que van contra la ciudadanía que recurre a Internet para decir lo que piensa, para informar lo que sabe y enterarse de lo que pasa. Esta medida va a acallar la voz del ciudadano”.
El bloguero Luis Carlos Díaz considera que el poder popular no está en la ley recién aprobada por el Parlamento sino en la red: “En la radio y la televisión el espacio está copado por un mensaje único lo que viola el derecho ciudadano de acceder a otro tipo de información. En cambio, en Internet, más que un derecho es una facultad inherente a su espíritu: la gente tiene libertad de elección para producir y consumir contenidos”.
¿Por los niños?
El punto de cuenta que presentó el director de Conatel Pedro Maldonado a la Vicepresidencia Ejecutiva, para reclamar la necesidad de la reforma, sostiene que la gran cantidad de mensajes que se transmiten vía Internet sin regulación requiere la intervención del Estado para que garantice que estos sean aptos para los niños, “pues en la actualidad se difunden contenidos con apología del delito que atentan contra la paz, la seguridad y la formación del ciudadano”.
Díaz fustigó el argumento: “Lo que quieren es proteger a los niños de la sociedad del conocimiento y el mundo libre que significa Internet, para dejársela igual de estupidizada que la radio y la televisión nacional con la primera Ley Resorte”.
Carlos Correa, coordinador de la ONG Espacio Público, afirmó que el Gobierno pretende establecer la responsabilidad del emisor “porque ve que circula mucha información sin control pero ¿cuál es el problema? Los mensajes tienen que circular sin control y la ley se tiene que aplicar a quien cometa un delito. La razón de todo esto es que les aterra la libre circulación de la información”.
Twitter sin alas:
La propuesta tiene varias contradicciones.
Por ejemplo, incluye a Internet y a los medios electrónicos (mensajes de texto o correos electrónicos) dentro de su ámbito de aplicación, pero en el artículo referido al contenido permitido según los bloques horarios sólo se refiere a la radio y la televisión.
Para Correa la propuesta deja más preguntas que respuestas: “¿Esta ley va a prohibir contenidos de Youtube en determinados horarios en Venezuela? ¿Cómo vas a controlar las noticias que circulan en Twitter?”.
Pasquali señaló que los controles no son cuestionables cuando se intenta minimizar la comisión de delitos: “En muchos países se estudian formas regulatorias de Internet para sanearlo del terrorismo, la pedofilia, la droga, la fabricación de armas y cosas por el estilo, tratando siempre de controlar contenidos puntuales, pero no de la genérica e indefinida violencia que prohíbe la Ley Resorte”.
Además de prohibir la propaganda de guerra, la apología del odio nacional, racial o religioso y la discriminación basada en el sexo, la propuesta presentada por Jaua prohíbe los mensajes que “pudieran” incitar o hacer apología del delito; los que “pudieran” constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía, los que “pudieran” inducir al magnicidio y los que atenten contra las buenas costumbres, entre otros.
Correa destacó que “la propuesta es una camisa talla única, cualquiera entra ahí: las redes sociales como Facebook, blogs, Twitter, ¿el Estado va a bloquear todos esos sitios o va a bloquear a un usuario?”, se pregunta y recuerda que sólo Facebook cuenta con más de 6 millones de usuarios venezolanos registrados, lo que demuestra el impacto de una restricción como la planteada.
No será fácil:
Luis Carlos Díaz, editor de www.periodismodepaz.org, cifra en más de 9 millones los cibernautas venezolanos afectados por una restricción de contenidos en Internet y medios electrónicos. Recordó que mecanismos de control como el que se quiere imponer con la reforma de la Ley Resorte se han intentado implantar en Rusia, China, Irán, Corea, Cuba, Libia y Bielorrusia, pero en paralelo “miles de personas trabajan para derribar esas barreras, burlarse de esas leyes y pasar información”. Advirtió que “en un país como Venezuela, con tantos celulares, tanta adicción tecnológica y tanta gente que le busca la vuelta a todo, el Gobierno no la tendrá fácil”
Por: MARU MORALES
mmoralesp@el-nacional.com
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