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“Oro azul” desata fiebre entre mineros ilegales en Venezuela


El material es vendido a compradores internacionales por intermediarios venezolanos y colombianos. Tiene valor estratégico porque es un insumo esencial para las industrias electrónica, militar, aeroespacial y médica.

Explotan y contrabandean Coltán
en los estados Amazonas y Bolívar

 

Minas ilegales proliferaron en fundos localizados en tierras de la nación desde 2007, y continúan activas a pesar del patrullaje militar, para extraer coltán. “Me enteré hace unos meses de que así le dicen a lo que se meten a buscar ilegalmente en el fundo”, dice José Barrios, dueño de Las Margaritas. Hay agentes dedicados a la compra y venta en el eje entre Puerto Ayacucho y Caicara. Muchos se promocionan a través de Internet y garantizan suministros de 5 toneladas mensuales. El Gobierno anunció que creará una empresa estatal de minería estratégica y China es uno de los potenciales socios.

La destrucción de la capa vegetal, como ocurrió en esta parte del fundo Las Margaritas, es característica de la explotación ilegal del Coltán.

Los mineros ilegales crearon este pequeño desierto en medio de la sabana. Cavaron durante día y noche las zanjas y los orificios que están sobre el terreno. Donde abundaba el pasto, hoy sólo hay tierra removida. Apenas si quedó un moriche o un chaparro en pie.

Es como si una plaga se hubiera ensañado contra esta parte del fundo Las Margaritas, en el municipio Cedeño del estado Bolívar. Nadie ha buscado oro o diamantes aquí. Vienen para llevarse esas piedras oscuras que ahora están al alcance de las manos.

Antes eran ignoradas, pero hoy hay una fiebre por ellas y su extracción y contrabando son un millonario negocio que está cambiando la vida de la zona: una tonelada, que puede ser extraída de modo artesanal, se cotiza en la zona en 50.000 dólares aproximadamente y hay vendedores que ofrecen hasta 5.000 kilos al mes. Los lugareños saben que el material es codiciado internacionalmente y han modificado su vocabulario para llamarlo con el término con que se conoce en el mundo: coltán.

“Me enteré hace unos meses de que así le dicen a lo que se meten a buscar ilegalmente en el fundo”, dice José Barrios, dueño de Las Margaritas.

En las sabanas del sur del Orinoco hay gente que habla, como geólogos autodidactas, sobre esas piedras que se explotan clandestinamente en la frontera entre el norte de Amazonas y el oeste de Bolívar, muy cerca de Colombia. Los baqueanos, cuando entran en confianza, demuestran que saben que esa materia prima es imprescindible para computadoras portátiles y teléfonos celulares. Pero, a decir verdad, también es vital para dispositivos de video, aparatos digitales de sonido, consolas de juegos y sistemas de localización satelital, por citar sólo equipos comunes y de producción masiva.

Su nombre, una abreviatura más comercial que científica, es una pista para recordar que está constituido fundamentalmente por una pareja de minerales escasos denominados columbita y tantalita. “Con su procesamiento se pueden obtener dos metales de importancia estratégica para la economía mundial”, dice Guillermo Tinoco, profesor de la Universidad de Oriente.

La mayoría de los venezolanos desconoce los nombres y las propiedades de esos metales. Uno es el columbio (o niobio) y el otro es el tantalio.

El primero se usa comúnmente en aleaciones especiales de alta resistencia como las que sirven para fabricar tuberías petroleras y piezas de la industria aeroespacial. El segundo, sin embargo, despierta mayores apetencias globales. Es un material ideal para transmitir electricidad ­se le considera un superconductor­ y además es capaz de almacenar carga y liberarla progresivamente. Por ello se ha convertido en un insumo esencial para producir los componentes miniatura que energizan equipos electrónicos y de telecomunicaciones.

La demanda mundial de tantalio ha crecido de forma sostenida desde 1995 y su cotización actual está alrededor de 400 dólares por kilogramo. La producción global ha promediado 1.000 toneladas anuales entre 2008 y 2009. Corporaciones estadounidenses, chinas, japonesas y alemanas están entre los líderes en procesamiento.

Las autoridades han redoblado esfuerzos para evitar la presencia no autorizada de mineros.

Desde Venezuela operan redes que ya han enviado toneladas de coltán al exterior. Lo hacen principalmente a través de Colombia favorecidos por la cercanía de Puerto Carreño, ciudad del departamento del Vichada, que está al otro lado del Orinoco. Alcanzarla sólo requiere un paseo de 10 minutos en lancha desde el Burro, un pueblo bolivarense habitado por 80 personas aproximadamente. Pero, según informantes de la zona, hay rutas que atraviesan el oeste de Bolívar rumbo a Puerto Ordaz; y otras que incluso llegan a Brasil. Este país es uno de los mayores productores mundiales junto con Australia, Canadá y el Congo, un proveedor tardíamente vetado porque el control de las minas ha estado asociado a más de 4 millones de muertes en guerras civiles.

La cotidianidad en las tierras del coltán venezolano comienza a girar en torno a las ambiciones: los compradores y vendedores abundan; existen miembros de comunidades indígenas que se dedican a extraer las piedras por precios miserables; mafias colombo-venezolanas están involucradas en el negocio y dueños de fundos han sido blanco de amenazas, pero también de ofertas millonarias de empresarios extranjeros o de farsantes que exhiben papeles “oficiales” para ejecutar proyectos con el uso de maquinaria o sin ella. Muchos ya han sacado provecho de la riqueza, sin reparar en costos ambientales. Aunque se ha intensificado el patrullaje militar y el trabajo de inteligencia, también hay habitantes de la zona que refieren la supuesta complacencia de las alcabalas con los traficantes y la presunta participación de oficiales en las redes.

Dos temas para los órganos de justicia.

Las minas:

El ciclo del coltán comienza en áreas como ésta, del fundo Las Margaritas.

Los mineros ilegales ocupan y abandonan a conveniencia las tierras donde van a buscar los tesoros del subsuelo que, por ley, pertenecen al Estado y sólo pueden ser extraídos por concesionarios. Disponen de vigilantes que les advierten sobre la cercanía de extraños, según los baqueanos. Parece que alguien estuvo hace poco aquí.

Una suruca está tirada: es el tamiz usado para separar piedras. Hay zapatos, prendas de vestir y otros objetos abandonados. La extracción típica es con palas y picos: los mineros ya saben que basta cavar para hallar el “oro azul”. No necesitan dinamita o cinceles. Según los informantes, se paga menos de 100 bolívares por kilogramo “a pie de mina”. Esa cantidad puede ser llevada hasta en un envase de compota dada la alta densidad del material. Se usan carros pequeños para transporte y hay casas donde se compra y se vende en la carretera.

“He denunciado en repetidas oportunidades ante la Guardia Nacional las actividades que otros hacen en mi fundo”, dice Barrios. No sólo lo ha hecho porque los mineros matan sus cochinos para comer: “Si me callo sería cómplice”. Hace mes y medio, refieren fuentes militares, fueron detenidas allí 3 personas que supuestamente llevaban consigo más de 300 kilogramos de coltán. Hay información de nuevas penetraciones. “Siempre se mete gente allí”. No menos de 3 grandes áreas ­una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados­ han sido afectadas en Las Margaritas. Los daños los disimula la inmensidad de la sabana.

En un punto remoto del fundo Doña Celia, en Los Gallitos, al oeste de Bolívar, fue instalada una separadora industrial.

Proliferación:

Las explotaciones ilegales han proliferado en los últimos tres años en terrenos propiedad de la nación. Típicamente, la zona es asiento de comunidades de indígenas piaroas, curripacos y goajibos, así como de fundos como Las Margaritas. Estos son lotes de terreno que han sido otorgados a ciudadanos interesados en su aprovechamiento. Suelen tener instalaciones para vivienda y cría de animales. Sobre esos lugares la Fuerza Armada Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia se ha desplegado desde noviembre de 2009, cuando el Gobierno lanzó la Operación Oro Azul que involucró según la información oficial a 14.000 militares. Para entonces ya era más evidente lo que sucedía. Una fuente lo describe así: “Se veía gente que iba y venía, eran como olas de personas en esas tierras”.

En el fundo Matiyure, los mineros crearon no menos de cuatro grandes áreas de explotación y en el San Diego los encargados reportan los intentos de mineros que han procurado pasar. “Los militares siempre dan vueltas y estamos contentos, pero a veces esto parece incontrolable”, dice Luis González, dueño de otro fundo, llamado Sagitario, quien se queja de la complacencia de otros propietarios y encargados.

En el fundo Doña Celia, de la comunidad Los Gallitos, los militares descubrieron una máquina industrial usada para separar piedras (comúnmente se le llama “lavadora”). Hay que caminar una hora desde la casa principal para verla a la orilla de una quebrada en un punto remoto con vegetación tupida como una selva. En el lugar hay rastros de alguien que acaba de huir al advertir la presencia de los forasteros: huellas frescas, ramas partidas. El baqueano pide salir del lugar pronto.

Los testimonios indican que de ahí se han sacado rocas de coltán de 8 kilogramos. Luis Pérez y Román Estévez, los dueños, afirman que los mineros entraron sin que ellos supieran: “Criamos pollos, no estamos de acuerdo con nada ilegal”. Funcionarios del Sebin irrumpieron en septiembre de 2009 con carros y helicópteros. “Golpearon a mi sobrino y a su esposa embarazada la acostaron sin ropa en el piso. Nos maltrataron. Dijeron que yo escondía tres frentes de la guerrilla. Mentira. Aquí no había nada”, recuerda Pérez.

Luego de la operación, los ocupantes de dos rancherías cercanas se marcharon.

Nada nuevo:

Las actividades irregulares en torno al coltán son bien conocidas en la zona desde hace tres años, cuando menos. Nadie olvida el caso del fundo La Fortuna en 2007. En el lugar se instaló maquinaria pesada, en noviembre de ese año, a pesar de que está ubicado a 2 kilómetros de la alcabala de la Guardia Nacional de Pozón Babillas.
Allí funcionaron una retroexcavadora, un camión volteo, separadoras mecánicas y una flotilla de vehículos rústicos. Un grupo de 25 indios pemones, que no son naturales del área, se asentó en una ranchería. Trabajaron de noche y de día. “Vino una persona a pedir autorización para hacer una exploración. Tenía papeles del ministerio de minas que parecían reales. No nos opusimos, porque ¿quién se opone al Gobierno?”, señalan Ismael y Ereida Rodríguez, los dueños.

Ambos afirman que no prestaron mayor atención a las actividades: confiaban en el encargado del fundo. Pero un día constataron no sólo los daños, sino una cantidad de sacos de “columbita” ­también se le dice así al coltán­ que no eran simples muestras. Fue cuando decidieron denunciar ante la Guardia Nacional, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Tierras. Habían transcurrido cuatro meses. De sus propias pesquisas obtuvieron más detalles: en ese período supuestamente sacaron de La Fortuna más de 6 toneladas rumbo a Puerto Ordaz. Eran, según los testigos, para proveer a un cliente asiático que trabajaba desde Panamá. Parte de la maquinaria decomisada aún se encuentra en los patios de la alcabala de Pozón Babillas. En el fundo hay restos de turbinas, aspas y bombas. Los pemones fueron sacados a la fuerza: “Les quemamos los ranchos que montaron”, dice la pareja, que añade que el responsable de la explotación disponía de documentación para aparecer como titular del fundo. “Cuando se vio descubierto, ofreció 500.000 bolívares por La Fortuna”. Luego, indican, desapareció.

En el medio:

José Barrios, que es abogado, dice que incluso aceptaría ser expropiado ­fórmula usada por el Gobierno en otros casos­ para recuperar su tranquilidad: “Estoy dispuesto a negociar”. Quiere vender, pero escoger a un comprador para las bienhechurías es un asunto crítico. Un día recibió la visita inesperada de un emisario que se limitó a informarle que su fundo había sido negociado en Colombia. De la venta, recibiría una parte. No aceptó. Poco tiempo después -nadie lo ignora en la zona y así lo refieren- intentaron plagiarlo, pero fue rescatado el mismo día por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Otras propuestas también han surgido desde el exterior.

Un representante de una firma australianatailandesa le planteó crear una sociedad: “Se llamaba Robert Taylor. Recibieron una muestra en Colombia y rastrearon de dónde procedía y llegaron aquí”. La empresa gestionaría los permisos, pero en el proceso desistieron, señala Barrios.

En otros lugares están habituados a la presencia de los extraños. Una visita a la comunidad piaroa de Agua Mena comienza con el saludo de unos niños que suponen que los forasteros vienen por otras razones. “Sí hay minas, sí hay minas”, gritan y ríen. Vehículos entran y salen. Tres hombres que hablan con un muchacho suben a un automóvil y se escabullen cuando observan que se les están acercando.

Al joven, que ha quedado solo, se le pregunta directo: “¿Dónde están las minas?”. Después de vacilar contesta: “Dos kilómetros más allá”. Los vecinos también mencionan el lugar como un hito relacionado con la extracción. Rafael Infante, capitán de la comunidad, lo niega: “Vivimos de nuestros animales y cultivos. La minería es ajena a nuestra cultura.

No vendrá ningún extranjero a explotarnos”. Admite, sin embargo, que han recibido propuestas: una de ellas fue de un hombre que dijo ser mayor retirado del Ejército y que presentó un proyecto para los consejos comunales. Al tiempo, supieron por las autoridades que todo era falso.

No es la única comunidad que ha sido mencionada. Las autoridades conocen la declaración que dio José Jiménez el 16 de agosto de 2009, cuando fue aprehendido por llevar un saco de 107 kilogramos de supuesto coltán. Dijo que pensaba usar las piedras en un jardín y que las había comprado a indios de El Chaparral. El hombre, de todas formas, fue acusado de tráfico de piedras preciosas y materiales estratégicos, delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Es uno de los cargos que se le pueden imputar a quienes se dejen seducir por la promesa de coltán. Pero en un ambiente de pobreza, el recurso ha surgido como un nuevo bien para el contrabando. Hay que hacer más que operaciones militares para evitar que el problema se salga de las manos.

Con la colaboración de: Fabiola Zerpa


POR: DAVID GONZÁLEZ
DGONZALEZ@EL-NACIONAL.COM
Política | Economia
EL NACIONAL

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