Calculan que 1,5 millones de
propietarios se verán afectados

 

En el oficio CJ-11 de la comisión judicial del Tribunal Supremo de Justicia, que el máximo ente judicial envió a los jueces para que suspendan los desalojos y juicios de materia inmobiliaria, no mencionan en ningún párrafo las palabras “inquilino” ni “juicio de inquilinato”, lo que Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, interpreta como “la mayor violación a la propiedad privada en mucho tiempo, y el desmantelamiento de todas las facultades del Poder Judicial de un plumazo”.

Explica que con la omisión de esos términos el oficio ampara a invasores, conserjes o trabajadores cuyo empleador les provea vivienda y a los morosos con la banca, contra quienes la institución financiera pretenda ejecutar una hipoteca.  El documento expresa textualmente: “La limitación temporal de toda práctica de medida judicial de carácter ejecutivo o cautelar que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación”.

Orta agrega que se trata de un oficio inconstitucional porque dentro de las facultades de las comisiones judiciales (descritas en el artículo 79, capítulo IV del reglamento interno del TSJ) no establece la posibilidad de suspender juicios. “No se trata de una sala sino de una comisión. Este es un mero oficio administrativo”, señala.

Pese al carácter inconstitucional de la medida, Orta aclara que los procesos judiciales en materia inmobiliaria están suspendidos. “Aunque alguno ya tenga sentencia, no se podrá ejecutar mientras el oficio esté vigente. Ese es otro punto delicado del documento, pues señala que es temporal, pero no determina cuándo culmina”.

Esta medida afecta, según Orta, a alrededor de los 1,5 millones de propietarios que tienen inmuebles en arrendamiento. “Aunque no tengan juicio abierto, están impactados por las imprecisiones del documento”.

Orta señala que Apiur y un grupo de propietarios solicitarán al TSJ que reconsideren el oficio.

Inquilinos celebran decisión:

La Red Metropolitana de Inquilinos celebra la decisión tomada por el TSJ. “Muchas medidas de desalojo han sido inhumanas, sin jueces, sin el debido proceso. Se presentan los dueños o las juntas de condominios y echan a los arrendatarios a la calle. Es un gran avance en materia de derechos humanos”, dijo la abogada y miembro de la red, Ana Marina Rodríguez.

Expresó que lo próximo que esperan es que los organismos a los que compete la materia inmobiliaria procedan a regular el mercado secundario de inmuebles de vieja data, para que los arrendatarios puedan comprar las viviendas que ocupan a un precio justo.

Por: CARMEN SOFÍA ALFONZO
A. ALEJANDRA RODRÍGUEZ
Judicial | Política
EL NACIONAL