Bienhechurías de El Potente fueron
hipotecadas para pagar un rescate
Carolina Suárez asegura que la evaluación del INTI determinó que 89,7% del fundo está productivo.
“Mi padre estaba en su consulta el domingo cuando le dijeron que la Guardia Nacional había llegado a la finca para tomar control de la producción.
Nos negaron el acceso a nosotros y al administrador”, explica Carolina Suárez, hija de Wilson Suárez, médico neurólogo de 65 años de edad, dueño de la finca El Potente, localizada en el kilómetro 18 de la carretera Santa Bárbara-El Vigía.
En la hacienda, de 416 hectáreas, se produce leche y carne.
El 17 de diciembre sus dueños recibieron la notificación de expropiación por el Gobierno.
El Instituto Nacional de Tierras comenzó el inventario y desde ese momento los militares permanecen en el fundo, que colinda con El Delirio, finca a la que llegó la Guardia Nacional el domingo.
Los Suárez son propietarios de El Potente desde 1913.
“Mi padre levantó la finca con mucho esfuerzo. En la región lo quieren mucho. Consulta tres veces por semana en Santa Bárbara y allí recibe gente que llega de todos lados; lo que cobra son 50 bolívares porque para él la medicina es una pasión”.
Wilson Suárez logró llevar la hacienda a su máxima producción en la década de los años ochenta, luego de una severa crisis. “Estuvo a punto de perderla completamente”, recuerda la hija.
Situación límite:
El Potente recibió la visita de representantes del INTI antes de que se tomara la medida de expropiación, en diciembre de 2010.
La evaluación determinó que la finca estaba 89,7% productiva, por encima de lo que exige la Ley de Tierras. “No la tenemos 100% productiva porque a mí me secuestraron y nos endeudamos para poder pagar el rescate”.
Carolina Suárez fue plagiada el 10 de diciembre de 2003, presuntamente por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Permaneció en cautiverio por cuatro meses. Su padre hipotecó la finca y con el dinero que obtuvo negoció el rescate.
“Gracias a Dios y a la astucia de mi papá estoy viva. Él, contra viento y marea, incluso en contra de la opinión de la familia, tomó decisiones que no fueron del agrado de todos.
Los detalles del secuestro no vienen al caso, pero gracias a mi papá la orden de matarme se echó para atrás. Mi vida se la debo a papá y a la finca. ¿Por qué a El Potente? Porque hipotecándola, el banco nos prestó una cuantiosa suma, dinero destinado única y exclusivamente a mi rescate”.
Durante 6 años no hubo reinversión en la hacienda. “Durante ese tiempo lo que daba el pago de leche de un mes se repartía de la siguiente manera: la primera semana para pagar mis estudios universitarios y mis gastos en Caracas; la segunda para cancelar los salarios de los obreros; la tercera para pagar la deuda y la última para pagar, también, al personal”.
Poco antes del secuestro, el 5 de noviembre de 2003, la tragedia afectó a la familia: el hampa asesinó al hijo mayor, el único varón. “Nos tocó enterrarlo y llorarlo”.
Protesta pacífica:
Ninguno de los funcionarios del INTI ha hablado con la familia Suárez.
En ningún momento les han comentado de pago alguno.
“A mí me llena de impotencia y rabia lo que vivimos; defendemos lo nuestro, exigiendo que se apeguen a la ley”, dice María Carolina Suárez.
La hija menor de Wilson Suárez tiene 23 años de edad y aunque está por culminar sus estudios de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, y a punto de asumir nuevos de retos y preocupaciones, no entiende muy bien cómo un Gobierno se ensaña contra tantos años de trabajo duro y sostenido.
“Me duelen los recuerdos que pierdo, mi sustento económico, el sueño de llevar a mis hijos a visitar a su abuelo en la finca, pero lo que más me duele es mi papá que, a sus 65 años de edad, le toca comenzar de nuevo”.
Incertidumbre:
“Tenemos contrato con Flor de Aragua para la producción de leche, pero tengo entendido que a partir del domingo será llevada a Lácteos Los Andes”, dice María Carolina Suárez. “No han llamado a mi papá para informarle cómo será este proceso, ahora que todo lo controla el Estado; lo supimos porque el encargado de la finca se comunicó conmigo para decírmelo; está alarmado porque no sabe cuál será su situación de aquí en adelante”, agrega la hija de Wilson Suárez, dueño de la hacienda El Potente, expropiada por el Gobierno.
En la finca quedaron los empleados. Hay un caporal, que es el que se encarga del control dentro de la hacienda y del manejo de los trabajadores. “No hubo notificación previa. Tomaron la medida y no le dijeron a ninguno de los afectados. Para nosotros fue una sorpresa”.
Por: JOSÉ GREGORIO MEZA MARACAIBO
EXPROPIACIONES| Economia
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