El edificio fue tomado de
manera violenta en 2003

Propietarios denuncian que se irrespetan derechos. Los habitantes quieren mejorar sus condiciones, pero la situación legal no ha sido regularizada.

Un grupo de personas se adueñó a la fuerza de edificios en el centro de Caracas en marzo de 2003. Entre los inmuebles tomados estaban el Ayacucho, en la esquina de Padre Sierra; el Bolívar, ubicado en Puente Llaguno, y los edificios 26 y Kolster, que se encuentran en la avenida Baralt.

El presidente Hugo Chávez anunció el 8 de enero pasado en su cuenta oficial de Twitter que este último sería expropiado. Sin embargo, la medida no ha sido publicada en Gaceta Oficial.

Por fuera, el Kolster parece un superbloque, pero en realidad no es tan grande. Son 20 apartamentos de diferentes tamaños en los que viven 106 personas.

Del contingente inicial que tomó el edificio queda sólo un grupo. Nancy Coronado, una de las primeras habitantes, está por cumplir nueve años en el inmueble donde habita con tres niños y dos adultos más, en un espacio que a lo sumo tendrá 60 metros cuadrados.

“Esto ha ido cambiando. Recientemente presentamos un proyecto de habilitación de viviendas. Pedimos un crédito colectivo para la remodelación de la fachada, para la pintura, las placas y los ascensores que no funcionan”, señala. Espera que aprueben los recursos para comenzar los trabajos.

Asegura que en un primer momento intentaron contactar a los propietarios del edificio, pero nunca aparecieron.

Los que cuestionan las invasiones aseguran que todo inmueble siempre pertenece a alguien y que su ausencia no justifica que desconocidos lo tomen a la fuerza.

“Aunque el dueño no aparezca no significa que tengan carta blanca para robarlo”, señaló el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta.

En junio de 2004 un grupo de personas, entre las que se encontraba la ex líder de las tomas forzosas de edificios, Yazmín Manuitt, fue arrestado en el Kolster por policías y militares.

En aquella ocasión les fueron incautados tres facsímiles de armas automáticas, una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, chuzos, una granada fragmentaria, una bomba lacrimógena, proyectiles, 53 pitillos de presunta cocaína y 264.000 bolívares en efectivo. A raíz de esa detención Manuitt fue enviada a la cárcel por cuatro años. Ya cumplió su condena.

“A través de la creación de una cooperativa podemos llevar adelante la autogestión y remodelar nosotros mismos nuestro espacio”, indicó Coronado.

Abajo, hay siete locales comerciales que dan hacia la avenida. 50% de las ganancias obtenidas van para el condominio y el otro restante les queda a los vendedores.

La cooperativa del Kolster es la dueña de esas instalaciones. “Esto es un trabajo mancomunado. Con esta decisión todos salimos ganando” afirmó Coronado.

La otra cara:

“Hay gente que nos llama invasores, pero no lo somos, nosotros somos ocupantes temporales”, indicó Luis Cortés, del colectivo de la parroquia Catedral.

Explica que la diferencia está en la definición. “Mientras que los primeros invaden mediante la fuerza un espacio o recinto que no les pertenece, los ocupantes lo hacen por necesidad, mediante un proyecto social”, aseguró.

El activista reconoce que ha variado la forma cómo actúan.

Antes lo hacían por intuición, más agresivamente; pero estos ocho años les han servido para darle un sustento social a las tomas. En este lapso el grupo al que pertenece ha identificado 84 edificios abandonados que, de acuerdo con su versión, no tienen dueños conocidos.

Todas han sido invadidas y están habitadas. “Llegamos y tocamos la puerta. Averiguamos si tiene dueño. En paralelo hacemos un censo”, explica Cortés. Después de este paso inicial esperan uno a dos meses mientras aparecen los dueños, la Fiscalía o cualquier otro organismo del Estado. Si no lo hacen, se adueñan del lugar.

En total, Apiur ha identificado 154 inmuebles que están en esa situación. Cortés asegura que detrás de cada una de ellas hay un proyecto.

Sin embargo, estas propiedades sí tienen dueños. Son personas que sienten que fueron robados. Una de ellas, que prefirió mantener su nombre en anonimato, señaló: “Nosotros nos hemos enterado de las invasiones en los periódicos, al día siguiente. Se meten en los edificios y nos los quitan. Si vamos a tribunales nos ponen trabas y actúan de manera ilegal para que no proceda el acto judicial. Oficiosamente nos dicen que no es el momento político para devolvérnoslos”, relata.

Por: LAURA WEFFER CIFUENTES
lweffer@el-nacional.com
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