Señalan que los ciudadanos podrían
quedar indefensos frente al Estado

Orientación socialista desconoce la Constitución. Una magistrada y un constitucionalista alertan sobre los peligros de que el Poder Judicial se ponga al servicio de una tendencia ideológica, como señalaron los discursos de apertura del año judicial.

Este sábado 5 de febrero será otro día para contar en la historia de la destrucción de la democracia en Venezuela. Dos conspicuos ejemplares de la “revolución” bolivariana le terminaron de quitar el antifaz al depauperado y sometido sistema de justicia del país. 

“Comandante presidente”. Así se refirió el magistrado Fernando Vegas al jefe del Estado en su discurso como orador de orden en la apertura del año judicial 2011. Con más de mil jueces como auditorio, Vegas dijo que el Tribunal Supremo de Justicia -máximo órgano del Poder Judicial- debe contribuir a la construcción del socialismo, tarea en la que lleva años empeñado el mandatario Hugo Chávez.

La presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, pidió revisar las normas y explicó que el sistema de leyes creado a partir de 1999 “responde a un fin ideológico claramente establecido”.

La magistrada de la Sala Penal, Blanca Rosa Mármol cree que lo planteado por sus colegas en esa sesión solemne contraría la Constitución, que establece la independencia de los poderes que integran el Estado.

“Decir que las leyes traen un fin ideológico es pensar que hacemos leyes para la revolución.

Y la Constitución establece un régimen democrático en el que están representadas todas las tendencias”.

La afirmación de Vegas, sin embargo, deja pocas dudas sobre la autonomía del sistema judicial: “Este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de la República deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano y democrático”.

Mármol señala que le corresponde a la población ­a través del sufragio y la actividad de los parlamentarios en la Asamblea Nacional­ decidir bajo cuál sistema político desea vivir.

“Mientras la voluntad popular no cambie, no se puede llegar al socialismo mediante decisiones y sentencias”.

Parcializados:

Entre las decisiones del último año con más motivaciones políticas que apego a las leyes cita el proceso contra la jueza María Lourdes Afiuni ­para quien Chávez pidió 30 años de cárcel­ y las decisiones que afectan la inmunidad parlamentaria de los diputados Biagio Pilieri y José Sánchez “Mazuco”.

Tampoco corresponde a los tribunales ­dice la jurista­ cambiar políticas sobre derechos como el de la propiedad privada. “El exhorto de la Comisión Judicial para que se suspendan los juicios de desalojos, por ejemplo, va en detrimento de ese derecho”.

Además, hay miedo entre los jueces. “Al temor de ser destituidos por las decisiones que tomaban se sumó el miedo a ir detenidos, como le pasó a Afiuni”, advierte Mármol.

Con ella coincide Ricardo Combellas, que formó parte de la Comisión del Poder Ejecutivo que redactó la constitución de 1999. Afirma que la carencia de profesionales de carrera en el sistema judicial y su designación por razones políticas agudiza el problema de la independencia de ese poder.

“Es lamentable que se emitan estas opiniones y se pretenda presionar la consciencia de los jueces, atemorizarlos para que se atengan a los mandatos ideológicos del Gobierno. Cada vez hay más jueces provisorios, sin las garantías de estabilidad laboral que les dan autonomía para decidir”.

Los problemas de la ideologización del Poder Judicial no se harán esperar, asegura Combellas. La asistencia a la población en la resolución de diferendos y conflictos podría verse entorpecida por la discriminación política. “Si pones a los tribunales al servicio de una ideología, el ciudadano será un actor secundario, en especial si los fines son colectivistas o socialistas. La gente pasará a un segundo plano”.

Nunca faltan las focas:

Aunque los jueces deben estar claros de que las acusaciones de incompetencia en contra del sistema judicial no son de gratis, muchos de ellos no dudaron en aplaudir a la presidenta del TSJ en todas las oportunidades en las que repitió: “Con esto, una vez más, mostramos el alto nivel de eficiencia de la máxima instancia judicial”.

Entre otras cosas, la magistrada se jactó de asegurar que en 2010 disminuyó considerablemente el retardo procesal. Sin embargo, reconoció que las leyes dictadas durante el actual régimen persiguen objetivos ideológicos y que “la estructura jurídica de Venezuela debe cambiar”.

El doctor Vegas Torrealba no desperdició la ocasión para enaltecer la labor del Estado rojo rojito y afirmó que, “sin duda, se ha avanzado en la gestión actual del Poder Judicial, en comparación con el decadente desempeño de la cuarta república, época en la cual las mafias judiciales lo degradaron”.

A diferencia de otros años, este fue un acto desabrido, que en gran parte transcurrió bajo una atmósfera sombría, acompañada de la voz parsimoniosa de la magistrada Morales Lamuño y la presentación de unas láminas con mapas de la Caracas colonial. El vacío que dejó el Presidente silenció en cierto modo a quienes, en otra circunstancia, se hubiesen puesto de pie y habrían exclamado con furor: “¡Uh, ah, Chávez no se va!”.

Por: Redacción
Política | Opinión

Por: ADRIANA RIVERA
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