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Zulia: Empresarios expropiados emigran sin indemnización


Los propietarios de las empresas en la Costa Oriental del Lago tienen pocas esperanzas de que les paguen. Empresarios expropiados comienzan a migrar sin esperar indemnización.

“Decidí irme de Venezuela
porque el Gobierno me robó”

 

Álvaro, uno de los propietarios de bienes relacionados con la actividad petrolera en la Costa Oriental del Lago, explica que ­como muchos otros­ decidió marcharse sin esperanzas de compensación: “El Gobierno me robó”. Su plan es establecerse en México o en Colombia, para buscar un futuro más promisorio.

Conversar con Álvaro, uno de los empresarios de la Costa Oriental del Lago expropiados hace un año, es como hablar con un boxeador después de haber sido noqueado en el primer round durante una pelea por el título mundial.

Los muelles petroleros en la Costa Oriental del Lago muestran poca actividad. Los muelles petroleros parecen pueblos fantasmas. Ya ni siquiera protestan los petroleros.

Es joven, mide casi 2 metros y su contextura es robusta. Pero luce abatido mientras reflexiona sobre todo lo que perdió en mayo de 2009, a causa de la estatización de bienes y servicios conexos a la actividad petrolera.

Su plan inmediato es emigrar a México o Colombia para labrar un horizonte económico más promisorio.

Dueño de una empresa dedicada al transporte de equipos y personal de la industria petrolera, jura que el Gobierno del presidente Chávez no lo indemnizará ni justa ni prontamente. “Hasta que no me paguen diré que me está robando. El Gobierno nos robó”, sostiene el empresario, que a punta de esfuerzo y visión pasó de trabajar como empleado del sector hidrocarburos a poseer una compañía valorada en 60.000 millones de bolívares de los viejos.

Desde 1999 invirtió la mayoría de sus recursos en su firma. Por ello ha quedado prácticamente en la bancarrota y depende exclusivamente del cobro de viejas facturas a las empresas transnacionales a las cuales prestaba servicio.

Petróleos de Venezuela inició recientemente un proceso de auditorías legales, fiscales y administrativas a todas las empresas expropiadas en la Costa Oriental del Lago, pero sus propietarios tienen pocas esperanzas de que las revisiones de la estatal resulten en un pago justo por sus compañías.

Aun si el Gobierno le paga lo que espera, Álvaro tiene entre cejas la convicción de que invertirá su trabajo y dinero en otro país. Le es imposible confiar nuevamente en Chávez y quedarse en Venezuela a trabajar. Y como ejemplo esgrime las más recientes declaraciones del jefe del Estado, que maldijo al capitalismo y a la propiedad privada. “Es como una relación de pareja: cuando una de las dos personas falla se pierde la confianza. ¿Con qué confianza voy a invertir algo más en el país? Decidí irme de Venezuela porque el Gobierno me robó”, revela. 

“Cuando fui a México a verificar mis posibilidades me sentí en Ciudad Ojeda. Había mucha gente conocida, la mayoría estudió o trabajó acá”, relata Álvaro, quien planea viajar al exterior dentro de un mes, sin boleto de retorno.

Turbación colectiva:

Álvaro tiene miedo de mostrar su rostro antes las cámaras. No quiere que su verdadero nombre aparezca en la prensa. Se excusa y alega que el Gobierno pudiera usar tal argumento para frustrar definitivamente la mínima posibilidad de indemnización que se vislumbra.

Afirma que la mayoría de los empresarios expropiados de la Costa Oriental del Lago se encuentra como él. Justo a su lado, está un ejemplo. Nelson, joven miembro de una familia dueña de otra de las contratistas intervenidas, confirma el temor colectivo a romper el silencio. Lamenta la escasa unidad que ha habido entre los empresarios y la poca solidaridad de la clase política de los municipios petroleros de Zulia, para evitar las estatizaciones.

“A nosotros no nos pasó como a Polar. Aquí nadie nos apoyó, ni siquiera las autoridades. A Polar no la han podido tomar porque la gente salió en masas a apoyarla. A nosotros nos robaron y lo único que podrán quitarnos ahora será la vida, porque lo demás lo perdimos”, refrenda.

Ambos empresarios dan fe de que países como México, Colombia y Panamá parecen sucursales de inversionistas de la Costa Oriental del Lago.  La frustración, la rabia, el desempleo y la ruina es un denominador común en la Costa Oriental del Lago. Ahora todo está en calma. 

Ni siquiera las fidelidades políticas garantizan favores económicos. Una de las pruebas es el caso de un empresario expropiado que prestó una de sus lanchas a los militares que apoyaron al oficialismo para que retomaran el control del buque Pilín León durante el paro petrolero de 2002. Ahora maneja un taxi en Panamá.

El desconcierto entre los empresarios se intensifica. Hay rumores sobre nuevas expropiaciones que llevará a cabo el presidente Hugo Chávez en los próximos días.

Nelson, a diferencia de Álvaro, optó por esperar a ver si el pueblo venezolano pone coto al Gobierno en las elecciones parlamentarias de septiembre.

“Vamos a ver qué pasa el 26 de septiembre, si se puede medio frenar esto. Si no es así, recogemos las maletas y nos vamos.

Del 26 de septiembre va a depender la economía de la Costa Oriental del Lago, porque el Gobierno no le va a pagar a nadie”.

La deuda es del Estado:

Las indemnizaciones que deben recibir los empresarios expropiados en la Costa Oriental del Lago son competencia del Estado venezolano y no sólo del gobierno del presidente Hugo Chávez, según la representación legal de los propietarios. Gustavo Ben como, abogado de la mayoría de los contratistas afectados en mayo de 2009, explicó que sus defendidos comprenden que la deuda pertenece al Estado como tal y por ello el pago no dependería de la autorización del jefe del Gobierno.

“Cuando venga un presidente demócrata tendrá que asumir la deuda del Estado.

Es como el caso de Radio Caracas Televisión. Allí está una sentencia perfectamente válida que deberá ser cumplida a su favor por el gobierno que siga al del presidente Chávez”, indicó.

Los dueños de las contratistas estatizadas también han marcado las elecciones parlamentarias como el Día Cero del inicio de acciones internacionales en contra de Pdvsa, para demandar sus cancelaciones. “Queremos ir a la OEA y plantear el caso fuera de nuestras fronteras. Gane o pierda el Presidente la Asamblea Nacional, los empresarios irán a un ataque frontal y sin miedo porque la obligación de indemnización es del Estado”, apuntó. Detalló que aún queda una última bala en la recámara de la lucha legal del empresariado: el amparo constitucional. “Tenemos que esperar a que prescriba el hecho ­la estatización­ pero la espera obligada de los seis meses por prescripción se ha interrumpido por una serie de acciones emprendidas por Pdvsa, entre ellas las auditorías”.


GUSTAVO OCANDO ALEX | LAGUNILLAS.

Politica | Noticias | May 24 2010
EL NACIONAL

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