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    COMUNIDAD: La exclusión desinfla el poder popular

    Los voceros del Consejo Comunal Ceiba del Ávila tuvieron que asistir durante una semana a clases de socialismo para poder registrarse en Fundacomunal.

    Cerca de 1.000 consejos comunales denuncian
    discriminación política en Fundacomunal

     

    ■   Mañana en la plaza Brión de Chacaíto, se creará un frente de lucha de los segregados

    ■  La taquilla única de Fundacomunal se convirtió en una proveeduría de excusas.

    ■   Cada vocero tiene una anécdota qué contar en la instancia que prometía facilitar la participación popular.

    Han oído de todo:  vuelva otro día, los papeles se perdieron, hizo el proceso de forma incorrecta, debe repetir las elecciones. Esas son parte de las justificaciones dilatorias al proceso de adecuación que tuvieron que emprender más 30.000 asociaciones constituidas en todo el país para adaptarse a la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, sancionada en diciembre de 2009. En las oficinas de Fundacomunal ­ente en el que deben registrarse esas organizaciones- los ciudadanos han conocido una burocracia, que también los ha segregado.

    Dirigentes como Manfredo González lo califican de apartheid político. Los consejos comunales tendrán la responsabilidad de elegir a los miembros de las juntas comunales, que sustituyen a las juntas parroquiales, en elecciones de segundo grado, de acuerdo con la reciente reforma de la Ley del Poder Público Municipal. “Si no tienes el registro, no podrás participar”, subrayó.

    Además, es potestad de los consejos comunales escoger a los miembros de los Consejos Locales de Planificación, cuya ley también se reformó y obliga a adecuar esas instancias en un plazo que vence la próxima semana.

    La falta de legalización limita la obtención de recursos del Ejecutivo, que en febrero aprobó la transferencia a las comunas de 1,9 millones de bolívares provenientes del Fondemi.

    Aunque los consejos comunales de Chacao no tienen el registro, adelantan proyectos como el del estacionamiento controlado.

    Frente de excluidos:

    González está de manos cruzadas frente a la gestión para obtener el certificado del consejo comunal al que pertenece, que se localiza en El Marqués. La complejidad del proceso, los cambios constantes en la legislación y la traba para obtener el registro ha espantado muchas iniciativas comunitarias. Pero los voceros de su organización, sin embargo, han decidido prescindir de los recursos del Gobierno nacional y trabajar de forma mancomunada con la Alcaldía de Sucre.

    El Dato: El frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos tiene un blog y la cuenta de Twitter @ccexcluidos

    La Asociación de Vecinos de El Marqués aún sobrevive y a través de ella tienen RIF y cuenta bancaria.

    “Hay consejos comunales que han hecho lo necesario para lograr el registro y aún así no lo consiguen. La adecuación del consejo comunal a la nueva ley, entre otras cosas, depende de firmar un documento que dice que tu consejo comunal está trabajando en pro de la patria socialista y eso no se lo cala todo el mundo”, dijo.

    González lo ve claro en los números:

    De los 27 consejos comunales que hay en las urbanizaciones del municipio Sucre, sólo 1 ha logrado obtener el registro. Las trabas para la adecuación han afectado las zonas donde supuestamente los residentes son de oposición.

    La situación se repite en otros municipios: en Baruta, de 80 consejos comunales conformados, 37 lograron obtener el registro y la mayoría tiene el período vencido. En Chacao, sólo los de los barrios El Pedregal, La Cruz y Pajaritos son legales; el resto del municipio, articulado en 23 agrupaciones, no ha logrado el trámite.

    La discriminación impulsó la creación del Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos, que realizará su primera gran asamblea mañana a las 10:00 am en la plaza Brión de Chacaíto. Los organizadores de la actividad han entrado en contacto con cerca de 1.000 organizaciones que se consideran discriminadas. La reunión permitirá articular una red de ciudadanos que exigirá condiciones iguales para la participación. En el lugar se instalará una especie de taquilla única, donde se atenderá a las organizaciones y se dará asesoría en caso de que sea necesario, explicó Kiomara Scovino, miembro de la comisión organizadora de la actividad.

    El diputado William Ojeda, de la Mesa de la Unidad Democrática, respalda el frente y promueve un anteproyecto de ley que buscar promover la autonomía del poder popular: “Esta situación hace que cualquiera que tenga una iniciativa comunitaria se inhiba, por frustración. Nosotros creemos en el poder popular, pero sin tutelaje, sin que sea una extensión del partido de Gobierno”.


    Por: FLORANTONIA SINGER
    fsinger@el-nacional.com
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    Noticias | Política
    EL NACIONAL


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