La Contraloría General
inhabilitó a 199 personas
■ corrupción afectó construcción de viviendas.
■ La Mesa de la Unidad Democrática emplazó al funcionario a renunciar al cargo por ser cómplice de irregularidades.
El contralor general, Clodosbaldo Russián, se atribuyó los logros del Gobierno en materias de inclusión social y calidad de la salud como parte de su gestión y dedicó parte de su memoria y cuenta a los hechos de corrupción de la IV República, pero pocos a la época actual. “No existe un corruptómetro”, afirmó en la Asamblea Nacional, donde entregó su informe anual y admitió fallas en los métodos para capturar a los malos administradores o a quienes dilapidan los fondos públicos.
Las cifras de su gestión fueron escasas:
Habló de generalidades sobre la actuación de la Contraloría General: obras sin terminar, infraestructuras que se cobran sin haberlas construido, sin precisar cuántas, ni dónde. Sólo indicó que en 2010 efectuaron 745 actuaciones a gestiones del poder central y descentralizado. Los resultados le permitieron sancionar a 269 personas; de ese total, 199 fueron inhabilitadas, 64 suspendidas en el goce de los sueldos y 6 destituidas.
Las responsabilidades administrativas fueron declaradas, dijo, sin señalar a quiénes, ni en los estados o instancias del Estado donde fueron cometidas. Defendió el derecho a inhabilitar que le confieren las leyes y se quejó porque organizaciones internacionales y nacionales cuestionan su proceder: “Quieren quebrantar la institucionalidad por perseguir la corrupción. Hoy no tenemos la antigua corrupción masiva que involucraba incluso a los altos niveles del Estado. Esa masiva corrupción del pasado ha dado paso a la persistencia de importantes focos de corrupción que deben ser combatidos con técnica y ciencia. Los focos de corrupción se encuentra acorralados”.
La pérdida de alimentos, como describió las irregularidades en Pdval, la calificó de intolerable. Por los hechos aseguró que son responsables 25 personas y que las auditorias demostraron deficiencias en Bariven y Pdval, no en Mercal.
Russián destacó que en las universidades existen presuntos casos irregulares que se amparan en la autonomía.
Dijo que la UCV recurre a una fundación para cancelar pagos, cuestión que es ilegal.
La Mesa de la Unidad Democrática instó al contralor a renunciar al cargo porque, alegó el diputado de UNT Julio Montoya, es cómplice de la corrupción: “Hay un silencio inexplicable. Russián no informó sobre la crisis en el BIV; nada de los negocios entre Fernández Barruecos, Arné Chacón; sobre Antonini Wilson; la corrupción en Pudreval y la inversión de 50 millones de dólares para limpiar El Guaire, ni sobre las casas uruguayas”.
Lupa a las universidades:
Russián se acordó de las universidades autónomas. “Las universidades no llevan ni rinden las cuentas. En particular en las universidades Central de Venezuela, del Zulia, Pedagógica Libertador y Simón Bolívar, nuestros auditores han constatado, entre otras situaciones: órdenes de pago sin soportes documentales; tramitación extemporánea de modificaciones presupuestarias; y en el caso concreto de la UCV y la UPEL, el mantenimiento de recursos financieros inmovilizados en cuentas bancarias”, enumeró el contralor, que también acusó a las casas de estudio de incurrir en prácticas irregulares en el pago de su nómina.
Que se vaya:
En nombre de la Mesa de la Unidad, el diputado Julio Montoya (UNT-Zulia) criticó el discurso y la labor de Russián. “¡Señor contralor, renuncie! ¡No puede con ese cargo!”, espetó.
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
Política | Opinión
EL NACIONAL
