¿Cuánto gana el Contralor General?

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El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, restó importancia a los rumores que señalan que saldría del despacho por estar convaleciente de salud. “Cuando alguien llame para financiar los costos de clínicas y de médicos de mi estado de salud, les ruego que llamen al Cicpc, para ver si detienen a estas personas”.

Destacó en la Mesa de Análisis de Actualidad de Unión Radio que el día que su salud le impida llegar a las 6 de la mañana a la Contraloría, “yo entonces renunciaría, porque evidentemente con una salud frágil, no se pueden asumir estas responsabilidades”.

Su gestión llegaría hasta el 2014, “nos ratificaron, nos reeligieron en el Poder Moral”, dijo.

En cuanto a las inhabilitaciones, Russián consideró apropiado se aumentaran de 15 años a 18 años. Recordó que en el 2000 había presentado esta propuesta, sin embargo la Asamblea Nacional dijo que 15 años era suficiente, “yo creo que a estas alturas está mas justicado que pueda elevarse a 18 años en la discusión que se efectúe en la Ley contra la Corrupción”.

“En el año 2000 por mandato constitucional se debía presentar el proyecto de Ley Orgánica de Contraloría, habíamos propuesto que las inhabilitaciones fuera por 18 años y no era que habíamos señalado por algo casual, decíamos eso por la mayoridad, es decir por la mayoría de edad de las personas”, dijo.

Informó que hasta ahora tienen 25 personas que deben acudir ante su despacho para que declaren sobre el caso de Pdval, “porque hay elementos que no arrojan la suficiente claridad”.

Mencionó que las investigaciones sobre los alimentos descompuestos de Pdval van bien encaminado.

En otro tema, el contralor Clodosbaldo Russián aclaró que al ex alcalde de Chacao, Leopoldo López se le dio el derecho a la defensa, al tiempo indicó que la decisión de la Corte Interamericana sobre este caso no es vinculante para las instituciones venezolanas.

“No es vinculante porque Venezuela es un estado soberano (…) nosotros acataremos la decisión del TSJ en Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa donde acudió López sentenció que era legal la inhabilitación, no creemos que vaya a modificar sus puntos de vista. Nosotros vamos a mantener la decisión de ese particular”, dijo.

Agregó que la Corte Interamericana debe actuar conforme a derecho y mantener su jurisprudencia, “evidentemente que no hay ninguna posibilidad de que decida a favor de los requerimientos que hace López porque todo el proceso venezolano está sujeto a la Constitución y las leyes venezolanas”.

Ignacio J. Álvarez // ¿Cuánto gana el Contralor General?

El Tribunal Supremo de Justicia acaba de dictar una decisión totalmente contraria a los estándares internacionales, mediante la cual negó el acceso a información sobre la remuneración que devenga el Contralor Clodosvaldo Russian.

Al decidir un recurso de amparo presentado por la ONG Espacio Público, el TSJ consideró que el acceso a la información pública no es un derecho absoluto; que el ingreso de los funcionarios públicos o sus declaraciones juradas de bienes forman parte de su intimidad; que los ciudadanos que requieran información de tal naturaleza deben expresar las razones por las cuales lo hacen, y que además deben demostrar la utilización y uso que le pretendan dar a la información.

En Venezuela existe una cultura del secreto, de larga data, con la cual se manejan los asuntos públicos. La decisión del TSJ constata que no existe ninguna voluntad política para avanzar en la materia.

El acceso a la información pública parte de la regla general conforme a la cual la información y los documentos en poder de los entes públicos son de libre acceso a cualquier ciudadano que los requiera. El acceso a la información constituye incluso un derecho humano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el acceso a la información pública forma parte del derecho a la libertad de expresión, y que implica la obligación de los Estados de regirse por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública; la existencia de una obligación positiva de suministrar la información que se solicita, con un régimen limitado de excepciones; y el deber de los Estados de no exigir a quien solicita información que acredite un interés directo en ella.

La tendencia en la región es a avanzar en materia de acceso a la información. En años recientes varios países, incluyendo a Chile, Honduras, México, Perú y Uruguay, han promulgado leyes de acceso a la información. En contraste, la decisión del TSJ marca en Venezuela un nuevo retroceso en la materia.

Conocer cómo se manejan los dineros y demás asuntos públicos, además de constituir un derecho, contribuye a una saludable percepción de inclusión y de respeto a los ciudadanos por parte de los gobernantes.

En lugar de escudarse en la decisión regresiva del TSJ, el Contralor General, cuya función es precisamente velar por por el buen uso de los fondos públicos, debería dar ejemplo, no solo haciendo pública su remuneración, sino además instrumentando políticas de transparencia en la Contraloría General, que incluyan, por ejemplo, la publicación en su página internet de su presupuesto; los detalles de sus ingresos y egresos; sus bienes muebles e inmuebles; las licitaciones, con sus participantes y con las razones fundadas de sus resultados; los nombres, identificación y remuneración de todos los funcionarios de la Contraloría; y los contratos y pagos a contratistas.

Ex relator especial para la libertad de expresión de la CIDH (OEA)

Por: Redacción