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Cojedes: Piden explicaciones al ex gobernador Johnny Yánez Rangel


Yánez Rangel y Antonini fueron fotografiados durante una re unión con la empresa Umissa, en Uruguay.

Yánez Rangel tiene ocho
expedientes abiertos

 

Las autoridades regionales esperan que Johnny Yánez Rangel rinda cuentas sobre su gestión como gobernador de Cojedes, cargo que ejerció en el período 2000-2004 y repitió entre 2004-2008. El teniente coronel, que hizo carrera política con la revolución bolivariana, comenzó a llamar la atención por ser uno de los primeros en firmar los decretos zamoranos que estableció la Ley de Tierras.

Dirigentes del PSUV en Cojedes afirman que se le veía poco por el estado: “Nunca hizo un gabinete social. Estaba más pendiente de sus negocios y de los empresarios”. En la Fiscalía reposan las denuncias en su contra formuladas por el actual procurador del estado, Argenis Pérez, por enriquecimiento ilícito y delitos contra el patrimonio público. Alfredo D’Ascoli, abogado de Yánez Rangel, aseguró ­vía telefónica- que han presentado ante ese organismo las pruebas que exculpan a su cliente.

También señala que la Contraloría regional le ha notificado de tres acusaciones: una por irregularidades en la lotería estadal; otra por la presunta creación irregular de una Oficina de Atención al Compatriota y la última por fallas en los manejos del contrato colectivo de los trabajadores. Por el segundo caso, Yánez fue sancionado con una multa. “Apelaremos porque no tomaron en cuenta que esa unidad fue creada mediante una ley que aprobó el Consejo Legislativo”, aclara.

Pero la lista de obras inconclusas que se le atribuyen al ex gobernador es larga: la Villa Deportiva de San Carlos, construida en 2003, que ahora está en el abandono; la granja para la cría de cachamas, que provocó un reclamo de Hugo Chávez en un Aló, Presidente; la reactivación del central azucarero; la granja para la cría de pollos; y la negociación de las casas importadas de Uruguay.

“Fue un gobierno muy cerrado. Sólo su círculo más cercano sabía lo que se negociaba en el estado. Nos enterábamos cuando hacían la presentación oficial de los proyectos”, dice el ex contralor de la entidad Freddy Quintero.

La foto en la que aparecía con Guido Antonini Wilson, ató a Yánez Rangel al escándalo del maletín decomisado en Buenos Aires con casi 800.000 dólares. En sus viajes a Uruguay, según la reconstrucción hecha por medios argentinos, se reunió con representantes de Umissa para negociar la importación de casas prefabricadas. En uno de esos encuentros estaba Antonini y ambos fueron captados por el lente.

El ex gobernador de Cojedes cerró filas con Carlos Kauffmann y Franklin Durán, acusados en Estados Unidos de actuar como agentes venezolanos en ese país para ocultar el origen y destino del dinero de la maleta, al punto de liderar una caravana hasta la Embajada de Washington en Caracas para rechazar la detención de sus amigos. Sin embargo, durante su testimonio ante la Corte de Miami, Kauffmann dijo que hubo irregularidades en la importación de armas para la policía de Cojedes, sobornos y vicios en contrataciones de obras públicas.

D’Ascoli precisa que el ex gobernador está dedicado a la actividad empresarial en el ramo del transporte y del comercio exterior. Preside la Confederación Bolivariana de Transportistas y es secretario general de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, que encabezó por cuatro años, mientras fue mandatario regional. En mayo, celebró la incorporación de Venezuela en la Cámara Interamericana del Transporte, en la cual representa al país. “Se ha dedicado a ayudar a la profundización de la ALBA subregional”, detalla.

Yánez Rangel tiene ocho expedientes abiertos:

La contralora del estado Cojedes, Sonia Pierluissi, calcula que antes de que finalice el año se conocerán los resultados de la auditoría realizada a la gestión de Johnny Yánez Rangel en la gobernación.

“Hay ocho expedientes abiertos a Yánez Rangel”, precisa.

No ofrece detalles de los casos porque ­indica­ se encuentran en fase de investigación La decisión más reciente del organismo contra el ex mandatario regional data de junio, cuando determinó la responsabilidad de Yánez por irregularidades en licitaciones, órdenes de pago y creación de fondos del año 2003. Le impusieron una multa de 750 unidades tributarias (48.750 bolívares). Junto con él, fueron responsabilizados Julián Martínez, ex director de Hacienda y Raúl Poveda, ex tesorero.

–¿Desde cuándo auditan la administración de Yánez? — Comenzamos cuando él estaba en el cargo y prácticamente ha sido revisada en su totalidad. Al culminar la administración, nos presentaron un acta de entrega y a eso se le hace una auditoría.

–¿Han hecho objeciones a esa acta? –La administración entrante (de Teodoro Bolívar) hizo una serie de objeciones. Eso lo verificamos. El informe está en proceso y debe concluir este año. Las actuaciones con respecto a la gestión anterior se han realizado de acuerdo con el plan operativo anual.

–¿Los informes de memoria y cuenta de Yánez Rangel son de consulta pública? –La ley establece que la rendición de cuentas de la gestión debe ser pública. Ahora, ellos no están tan tecnificados como para ponerla en la página web ni nada de eso. Nosotros tampoco. Su informe está en físico. Sobre eso es que trabajamos y vamos a confrontar y a pedirles los soportes.

–La prensa ha vinculado a Yánez con irregularidades, entre ellas el caso del maletín.

¿La Contraloría ha actuado por notitia críminis? –Tomamos en cuenta las informaciones de prensa como referencia. Pero es a través de las auditorías que han surgido algunas contrataciones que estamos investigando. Hemos revisado negociaciones con determinadas empresas que han estado en la palestra pública.

–¿Próximamente se podrá conocer alguna decisión de la Contraloría de Cojedes sobre las empresas de los involucrados en el caso del maletín? –Si están involucrados en hechos que contravengan la ley o alguna norma, sí.

–¿Yánez se ha presentado para conocer sobre las investigaciones a la que está sujeto? –Él no ha venido, ha mandado a sus abogados. Al sol de hoy no se ha apersonado. Otros funcionarios de su administración sí lo han hecho.

En Uruguay también investigan:

La justicia uruguaya ha puesto bajo la lupa a la Unión Metalúrgica Industrial de Sur S.A, la empresa con la que Venezuela firmó un contrato para importar casas prefabricadas de fácil ensamblaje.

Según el diario El País de Uruguay, hay en curso tres causas judiciales ­desde 2007­ en que se investigan negocios entre Uruguay y Venezuela. Uno se refiere a los planes financiados con el Fondo BolívarArtigas, en los que el hijo del ex presidente Tabaré Vásquez fue involucrado. Petróleos de Venezuela aporta recursos para este fondo, de donde sale el dinero para cancelar los 12.193 kits de viviendas importados.

Las otras dos causas tienen como hilo conductor el maletín con casi 800.000 dólares incautado a Guido Antonini en Argentina. El Congreso de esa nación dio un debate sobre las relaciones del hombre de la maleta con Umissa. La justicia, por su parte, abrió un expediente sobre la presencia y los negocios de Antonini en Uruguay, pues había viajado seis veces a ese país y había visitado la planta de Umissa, como parte de la delegación del ex gobernador de Cojedes, Johnny Yánez Rangel y la embajadora María Lourdes Urbaneja.

El tercer caso fue la demanda que Franklin Durán entabló contra Antonini y Alejandro Lagrenade, presidente de Umissa, por el desvío de 18 millones de dólares de una cuenta común. El dinero se habría destinado al pago de la defensa de Antonini en Estados Unidos. La demanda llevó a la jueza Fanny Canessa a levantar el secreto bancario, quien verificó que “Lagrenade y Antonini compartieron un cuenta en un banco uruguayo durante más de un año”, según reseñó el rotativo. El caso fue archivado en mayo de 2009 a petición de Durán.


Por: ADRIANA RIVERA
ALEXANDRA BLANCO
arivera@el-nacional.com
SAN CARLOS – COJEDES

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