Nueva ley de de precios
y de máxima ganancias
■ La ministra Edmée Betancourt anunció que se instalará una superintendencia de precios y costos.
■ Además, su despacho trabaja en dos nuevos instrumentos legales en materia de comercio y precios.
La titular del Ministerio de Comercio, Edmée Betancourt, informó que su despacho actualmente se encuentra trabajando en la elaboración de un conjunto de leyes que permitirán regir el comercio, así como establecer precios justos y fijar máximas ganancias, las cuales garantizarán la protección de las personas en lo que respecta al acceso de los bienes y servicios.
“Se pretende instalar una superintendencia de precios y costos, así como una nueva ley de comercio, una de precios y de máxima ganancias”, precisó.
Con relación al recién ajuste que realizó el Ejecutivo Nacional al precio de la harina de trigo señaló que el trigo se importa y su precio subió 58%, ya que pasó de 178 dólares a 284 por tonelada en los mercados internacionales.
Betancourt indicó que las unidades productivas socialistas y las mesas de trabajo permiten al Gobierno Nacional manejar las verdaderas estructuras de costos.
En tal sentido, explicó que tras un aumento de precio en la materia prima en el mercado mundial, como en el caso del trigo, el incremento en el producto final debe aplicarse de acuerdo a una estructura de costos que garantiza la cobertura de los costos de producción.
“Yo no puedo decir que si un producto, en este caso el trigo, me aumentó en 58% en su adquisición, eso automáticamente me permite aumentar el producto en 200%, eso es imposible”, dijo.
Por otra parte, la ministra de comercio reiteró que actualmente la red de comercialización del Estado cubre 44% de la población venezolana y que la meta este año es llegar a 50% o 60%.
Destacó que con el desarrollo las cadenas de distribución del Estado han aumentado los niveles de abastecimiento.
“Por esa razón el pueblo cuenta con establecimientos de Mercados de Alimentos (Mercal), de la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), Biceabastos, areperas socialistas, comercitos, la cadena de abastos bicentenarios, es decir una cadena de distribución y comercialización, unos espacios a la orden de las personas, para que todos podamos tener acceso a esos bienes y servicios”, agregó Betancourt.
Consideró que la única manera de fortalecer la economía nacional es a través de la creación de áreas o unidades de producción que estimulen el desarrollo de la industria y cambien el modelo rentista, basado en la actividad petrolera, que fue heredado de la cuarta República.
Superintendencia de costos y precios:
La tarea de la superintendencia de costos y precios que creará el Gobierno será limitar los márgenes de ganancia de los cinco sectores que más afectan el índice de precios al consumidor: alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, alquileres y precios de vivienda, restaurantes y hoteles.
El papel de trabajo del Gobierno establece que se fijarán márgenes de ganancia fijos para que las empresas puedan operar y se excluirán de las estructuras de costos los gastos que el Ejecutivo considere excesivos en productos nacionales e importados.
La superintendencia tiene como referencia la propuesta de regular los márgenes de comercialización y ganancias de las empresas y sectores claves realizada por el ex ministro de Comercio, Eduardo Samán, al jefe del gabinete económico Jorge Giordani.
El ex titular de Comercio, quien desde su posición como profesor de la Universidad Central de Venezuela observa las medidas gubernamentales, afirmó que uno de los planes estratégicos del despacho de comercio es incrementar el papel del Estado en la conformación de las estructuras de costos y de los precios del sector privado, como una política para frenar la inflación y combatir la especulación.
“Esta propuesta pretendía que las empresas presentaran sus estructuras de costos detalladas al Gobierno, el cual se encargaría de fijar un tope en la ganancia, no de precio”, apuntó. El exministro explicó que la regulación de las ganancias aplicaría sólo a alimentos, servicios de salud, vivienda, restaurantes y hoteles, los sectores que más han impactado el índice nacional de precios al consumidor.
“Era sencillo, se limitaría la ganancia y no el precio del producto, porque este tendría que estar justificado y apegado a una estructura de costo sometida a constante fiscalización”, agregó el ex ministro.
Sostiene que muchos de los costos presentados por los empresarios no son reales porque tienden a inflar las cifras a su favor. “Hay empresas que incluyen en los costos hasta la publicidad y las promociones que le hacen a los productos, así como gastos administrativos excesivos, en la mayoría de los casos inflados”. Indicó que el Gobierno sabe cuánto cuesta la materia prima y la mano de obra, por lo que es fácil detectar casos en los que se adulteran las estructuras de costos.
Indicó que en la tarea de regular el Gobierno no puede tener como pretensión controlar los costos y márgenes de todos los productos que se comercializan en el país. Reveló que durante su gestión se opuso a la medida de liberar o flexibilizar el control de precios que permitió excluir a más de 20 alimentos de la regulación.
“La liberación de algunos precios fue una manera de evitar la escasez que se registró en muchos de estos rubros. No estuve de acuerdo, había que estudiar algunos rubros y aplicar nuevas regulaciones, pero no quitar el control de precios”, sostuvo Samán, quien cree que el Gobierno debe revisar toda la política de control de precios para corregir los errores.
“Se tenía planeado eliminar las excepciones de las regulaciones de precios. Por ejemplo, en lugar de dejar sin control el pan sobado y los especiales, se debían incluir en la regulación junto al plan canilla; igual se aplicaría con el arroz y las pastas entre otros”.
Camino equivocado:
Rafael González, consultor en regulación económica, declaró que los controles de rentabilidad y de precios responden a esquemas en desuso en el mundo y parten de una visión anacrónica basada en costos, que genera distorsiones a los sectores productivos.
“Una regulación de precios y de rentabilidades resultará lesiva en el mediano y largo plazos. Distorsionará los esquemas de incentivos, a favor de una mayor oferta, y afectará a la sociedad en conjunto”, advirtió González.
El especialista considera que Venezuela requiere políticas de oferta e industriales que fomenten la actividad económica, la producción de bienes y la competencia.
Jorge Botti, director de Cedice y miembro de Fedecámaras, dijo por su parte que en Venezuela la exhibición del precio de venta de bienes y servicios al público ha sido obligatoria desde hace 30 años. La ley actual establece que debe estar impreso junto a la fecha de colocación en un sitio visible del producto.
“Una vez que el producto es presentado al público está prohibido el remarcaje. Si el fabricante coloca el PVP sin dejar margen de ganancia al comerciante es perjudicial, como sucedía en el pasado”, indicó.
A juicio de Botti, el problema real es que el Gobierno pretende imponer más controles para frenar la inflación.
“Pretende regular los márgenes de ganancia de toda la cadena y resucitar la antigua Comisión Nacional de Precios, que fue un fracaso. Esto pondrá un candado a la escasa oferta de bienes y habrá mayor desabastecimiento”.
Advirtió que esta política limita no solo los márgenes y precios de los productos de primera necesidad sino de todos los bienes, para terminar de abarcar los sectores de la economía que le faltaban al Gobierno. “Eso no será efectivo porque la única manera de controlar la inflación es fomentar la producción y la sana competencia entre distintos actores. Y estas medidas restrictivas no fomentan la inversión”.
Por: Katiuska Hernández
Política | Economia
EL NACIONAL
