Ley contra el olvido incluirá hechos
de abril de 2002, dijo Soto Rojas
■ “Esta maldita oposición persigue al Gobierno, es una realidad”, afirmó el presidente de la AN
Al grito de “¡No más impunidad!”, cientos de seguidores de Hugo Chávez caminaron desde Puente Llaguno hasta la Asamblea Nacional, primeramente, y luego hasta la Fiscalía General con un solo propósito: exigir justicia por los 19 muertos y 100 heridos del 11 de abril de 2002, en medio de un golpe que sacó al Presidente del poder por 48 horas.
El Comité de Víctimas le entregó a Fernando Soto Rojas, presidente del Parlamento, un documento, en el cual acusan a Henrique Capriles Radonski, Enrique Mendoza, María Corina Machado, Miguel Ángel Rodríguez, Leopoldo López y Guacaipuro Lameda de ser los autores intelectuales de la intentona y, por lo tanto, demandan que sean enjuiciados.
Yesenia Fuente, coordinadora del comité, solicitó a Soto Rojas acabar con la impunidad, a lo que el diputado del PSUV respondió que el Legislativo elabora una ley contra el olvido de los asesinatos de las décadas de los 60, 70 y 80 que incluiría, ahora, a los caídos en abril de 2002. Informó que esta tarde debatirán en la plenaria la participación de “diputados contrarrevolucionarios” en los hechos ocurridos hace 9 años.
“La lucha por la justicia está llegando lentamente; lentamente porque la revolución no fue armada y destruyó de un solo carajazo a la sociedad. Hemos sido distintos al Gobierno cubano. Todavía no tenemos un gobierno eminentemente justo y popular como lo planteó el Libertador. Todavía hay injusticia, pero pueden tener la seguridad que vinimos a la Asamblea para llevar hasta las últimas consecuencias la ley contra el olvido”.
Instó a los presentes a organizarse para evitar una invasión similar a la que padece Libia y enfrente a una “oposición apátrida”. “Esta maldita oposición persigue al Gobierno. Es una realidad. Entonces, el primer deber es levantar esa bandera política para hacer un debate y que el pueblo despierte”.
Acusó a la OEA de irrespetar los derechos humanos en el mundo y abogó por el derecho colectivo de los pueblos a ser libres de cualquier imperio. “La lucha no puede depender de la OEA ni de quienes presiden las instituciones de la burguesía internacional. Hay que construir el poder popular como única garantía de que el pueblo se constituya en Estado”.
Ante los manifestantes, la fiscal Luisa Ortega Díaz afirmó: “Con mucho amor recibo este documento y les prometo que continuaré con la investigación, pero recuerden que el Estado concedió una amnistía en diciembre del 2007. Vamos a aclarar hechos y también las masacres de Cantaura y Yumare (ocurridas el 4 de octubre de 1982 y el 8 de mayo de 1986, respectivamente) y las violaciones de los 60, 70, 80 y 90”.
Por: HERNÁN LUGO-GALICIA
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