El 45% de los trabajadores
del Estado es tercerizado
■ El dirigente Manuel Rondón señaló que el contrato marco del sector público lleva seis años sin discutirse.
Los trabajadores del sector público que participan hoy en las marchas del Primero de Mayo, del oficialismo y de la oposición, tienen la misma inquietud: la firma de la convención colectiva en el organismo donde laboran. Más de 300 contratos están sin discutir, según los registros de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público. Los proyectos están engavetados en el Ministerio del Trabajo.
Manuel Rondón, directivo de Fetrasep, aseguró que la estrategia del Gobierno es imponer una sola convención, con desmejoras de beneficios, para abaratar los costos. “Pese a que el Ejecutivo lo negó, la orden contenida en la carta que el vicepresidente Elías Jaua envió el año pasado a los ministerios se está cumpliendo: los contratos colectivos no se discuten”, afirmó.
Señaló que el contrato marco del sector público, del que dependen 1,2 millones de trabajadores de los ministerios, institutos autónomos, fundaciones, misiones, gobernaciones, alcaldías y asambleas legislativas, lleva seis años sin discutirse.
A excepción del contrato de Sidor, que caduca este mes, los de las empresas de Guayana están vencidos desde hace tres años, y no hay indicios de que el Gobierno esté dispuesto a debatir los pliegos depositados en el Ministerio del Trabajo. “Las empresas básicas irrespetan las convenciones”, dijo Henry Arias, del sindicato de Alcasa.
La Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones introdujo a tiempo el proyecto de contratación 2011-2013 de la Cantv, pero el despacho del Trabajo no cita a las partes. “Tenemos problemas con el cumplimiento del contrato vigente”, expresó Igor Lira, directivo de Fetratel.
El contrato del Metro de Caracas venció en marzo y la directiva del sindicato no informa al personal sobre el contenido del proyecto ni la fecha de inicio de las negociaciones de la nueva convención, señalaron trabajadores que solicitaron no mencionar sus nombres.
“El Metro es la única empresa a la que le echaron para atrás un contrato colectivo que estaba homologado por las partes”, recordaron los voceros.
En el caso de Petróleos de VeAna Yánez, dirigente sindical del Banco Industrial de Venezuela, apuntó que la contratación de la institución financiera venció en 2006. Sin embargo, aseguró que las autoridades tienen voluntad para sentarse a negociar.
A la extensa lista de incumplimientos se suma el contrato colectivo del Ministerio del Trabajo, que si bien se firmó hace dos años no se ha hecho el depósito legal porque falta el visto bueno del Ministerio de Planificación y Finanzas. Esto impide que los trabajadores reciban los beneficios.
El del sector eléctrico expira en septiembre, por lo que la Federación de Trabajadores Eléctricos debió introducir en marzo el pliego de peticiones de la convención 2011-2013.
Reinaldo Díaz, directivo del sindicato de La Electricidad de Caracas, refirió que el principal problema es el continuo incumplimiento de Corpoelec en el pago del aumento salarial, HCM y caja de ahorros, entre otras cláusulas.
nezuela, el Gobierno, de acuerdo con José Bodas, secretario general de la Federación Nacional Unitaria de Trabajadores Petroleros, movió arbitrariamente -de enero a octubre de 2011- la fecha de vencimiento del contrato.
Flexibilidad laboral:
“En el Estado hay empleados de primera y de segunda. En este último rango están los tercerizados, que equivalen a 45% de la nómina fija”, aseguró José Bodas.
Los 1.170.00 trabajadores públicos -contratados, de misiones, empresas contratistas y cooperativas- que entran dentro de esa categoría no están amparados por la contratación, de acuerdo con el directivo de la Futpv.
“El Gobierno se define como obrerista y amigo de los trabajadores, pero permite esas formas de flexibilización del empleo, propias del neoliberalismo salvaje”, agregó.
El sector petrolero tampoco está exento. Según Bodas, 15.000 trabajadores están fuera de la contratación, sin contar un número no determinado de cooperativas.
El sindicalista Manuel Rondón coincide con Bodas y advierte que el Ejecutivo no piensa incluir a los contratados en los aumentos del tabulador de sueldos y salarios de la administración pública nacional. “Son 350.000 personas que deberían estar en la nómina regular porque así lo dispone la Ley del Estatuto de la Función Pública. La discriminación laboral es más fuerte con los trabajadores de Mercal, Corporación Casa y las misiones socialistas”, dijo.
José Luis Alcocer, dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, recordó que el Gobierno prometió incluir a todos los tercerizados en la nómina de Sidor cuando estatizó la empresa en mayo de 2008. Cerca de 3.000 trabajadores fueron incorporados al contrato colectivo, pero faltan otros 7.000.
Por: ANA DÍAZ ALEJANDRO HINDS
anadiaz@el-nacional.com
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