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    El PSUV se rehúsa a interpelar al director del Cicpc por caso El Rosal

    Los cadáveres de William Pérez, Pedro Rivero y Rubén Arnal fueron exhumados la semana pasada a petición de la Fiscalía.

    Oficialistas satisfechos con
    respuesta del Estado

     

    ■ Oposición pidió, sin éxito, entrevistar a Flores Trosel.

    ■ Informe policial concluyó que los detenidos fallecieron por edema cerebral.

    Los diputados del PSUV se rehúsan a interpelar al director del Cicpc, Wilmer Flores Trosel, por el caso de los tres detenidos muertos el 26 de mayo, cuando se encontraban bajo la custodia del cuerpo policial en uno de los calabozos de la sede de El Rosal.

    La oposición solicitó que además de entrevistar a Flores Trosel se convocara a los fiscales del caso y a los familiares de las víctimas, pero la propuesta fue desechada por la presidenta de la comisión y jefa de la bancada pesuvista, Cilia Flores: “No podemos perturbar la investigación penal. Estaremos atentos a este caso y oportunamente se determinará si hay necesidad de interrogar a alguien”.

    En la reunión de ayer, la Comisión de Política Interior escuchó un informe leído por Freddy Bernal (PSUV-Caracas) y preparado especialmente por el cuerpo detectivesco que incluyó el reporte forense y un resumen de entrevistas con detenidos que presenciaron el suceso.

    El documento forense, suscrito por Hiraida Rodríguez y Franklin, médicos patólogos, indica que William Pérez, de 27 años de edad, murió por un edema cerebral severo debido a sofocación por carencia de aire respirable y confinamiento; Pedro Rivero, de 32 años, falleció por un edema cerebral severo e intoxicación exógena; Rubén Arnal, de 32 años, murió por un edema cerebral severo e intoxicación exógena.

    “En sí, las primeras experticias del Cicpc determinan que las personas pudieron haber muerto por sofocación y un estado de ánimo de desesperación ocasionado por la saturación de detenidos”, concluyó Bernal.

    El documento señala que los 23 testigos interrogados por el Cicpc coincidieron en que al llegar a la celda los tres hombres fueron enviados al lugar conocido como “el fogón” por ser el más caluroso del recinto.

    “Relatan que en la madrugada había mucho calor y estos tres detenidos en particular comenzaron a sofocarse y entraron en una especie de desesperación, comenzaron a pegar golpes, a dar gritos, etc. Como el lugar es muy pequeño empezaron a golpearse con otros detenidos y se formó una trifulca”, relató el diputado.

    El texto remitido por el Cicpc expresa que los interrogados afirmaron que, al conocer de la reyerta, funcionarios del Cicpc sacaron a Rivero, Arnal y Pérez de la celda y los dejaron en el pasillo para que tomaran aire.

    “Cuando se les pregunta a los testigos si fueron torturados durante su detención, dicen que no. Cuando se les pregunta si presenciaron alguna tortura, dicen que no. Cuando se les pregunta si los funcionarios del Cicpc acudieron en auxilio de las tres personas, dicen que sí. Cuando se les pregunta si luego de los gritos los sacaron de la celda, dicen que sí. Cuando se les pregunta la causa de la muerte, dicen que no saben”, indicó el parlamentario pesuvista.

    Cilia Flores se mostró satisfecha por la investigación preliminar suministrada por el Cicpc y resaltó que tanto la Fiscalía, que dictó una medida de asistencia técnica, como el Ejecutivo, que pidió la reestructuración del cuerpo policial, respondieron en tiempo récord y de forma eficiente.

    “Podemos decir que estamos satisfechos con la respuesta del Estado”.

    Durante el debate del informe, Iris Varela (PSUV-Táchira) solicitó precisiones sobre el tiempo de servicio de los cuatro funcionarios implicados en el suceso, pues tenía la hipótesis de que los vicios arrastrados de la cuarta república podrían ser la causa de la situación.

    Bernal aclaró que el subinspector Coti Sánchez y el jefe de Capturas, subcomisario Rafael Caicedo, ambos detenidos, tienen 10 y 20 años de servicio respectivamente. Mientras los dos policías que se encuentran solicitados por encontrarse de guardia la noche del suceso, Eber Rondón y Alfredo Piñate, tienen 8 y 28 años de servicio, respectivamente.


    Por: MARU MORALES
    ASAMBLEA NACIONAL
    Judicial | Política
    EL NACIONAL

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