Los funcionarios también extorsionan a las
personas solicitadas por los tribunales

■ El Cicpc tiene más posibilidad de ejercer presión, pues controla la etapa inicial de la investigación criminal.

■ Testimonios indican que: “Los agentes van a tu casa con la boleta de aprehensión y si pagas no la ejecutan”.

En marzo de 2010, agentes de la subdelegación Oeste del Cicpc hicieron una redada en los bloques 32 y 33 del 23 de Enero. Los funcionarios asignados al bloque 32 se encontraron en el piso 8 con un hombre de 22 años de edad. El oficial le dio un tiro en la pierna izquierda y lo arrastró hasta el ascensor. A pesar de las quejas de vecinos, se lo llevaron en una moto.

Al joven solamente le hicieron una cura y lo encerraron en una celda de la subdelegación Oeste. “Allí le pidieron 10.000 bolívares para dejarlo en libertad; de lo contrario, le sembrarían drogas y un arma.

Luego hubo una negociación y sólo pagó 5.000 bolívares. A pesar de que pagó, igual le dejaron un delito en el expediente y quedó en presentación”, explicó un familiar.

Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, organización que hace un monitoreo de las denuncias sobre abusos policiales, afirmó que las extorsiones (popularmente conocidas como matraca) obedecen a un patrón general de actuación de los funcionarios, tanto del Cicpc como del resto de los cuerpos de seguridad.

En la policía judicial, añadió, hay la posibilidad de ejercer mayores presiones sobre las víctimas debido al control primario que tienen sus funcionarios sobre los lugares donde se cometen los delitos y el procedimiento de investigación criminal, lo cual les permite negociar en las etapas tempranas del proceso.

Para salvarse de los tribunales:

Los funcionarios también extorsionan a las personas solicitadas por los tribunales. En el interior del país, según Ortega, se han visto casos de actuación en complicidad con policías regionales y municipales.

Un alguacil, que no reveló su identidad, lo explicó en estos términos: “Los agentes van a tu casa con la boleta de aprehensión y te dicen que si pagas no la ejecutan”.

Es el caso de Belkis Zapata, quien viajó cuatro horas desde Tumeremo hasta Ciudad Guayana, en Bolívar, para denunciar que el miércoles 11 de mayo le mataron a su hijo Denyer Zapata en la cárcel de Vista Hermosa. Aseguró que en el hecho están involucrados funcionarios del Cicpc.

Contó que los detectives detuvieron a su hijo el lunes 11 de abril por comercializar, presuntamente, drogas. Los investigadores, según Belkis Zapata, le estaban cobrando a su hijo 20.000 bolívares para desvincularlo de las acusaciones.

“Lo llevaron de un sitio para otro como un muñeco. Al final, lo trajeron para el Cicpc de acá, desde Tumeremo, donde yo vivo. Lo pasearon hasta aquí (Ciudad Guayana), donde él no tenía familia”.

Relató que fue testigo de cuando montaron a su hijo en una unidad de ese organismo: “Le decían que tenía un poco de denuncias. `Ahora sí vas a pagar, te voy a poner droga’, le dijo un funcionario llamado Heriberto Bermejo. `Esta droga es tuya’ y agarró y le tomó una foto, y esa foto salió en un diario”.

Zapata señaló que el mismo funcionario que lo detuvo, lo llevó hasta Vista Hermosa en retaliación por no haberle pagado una “vacuna”. Una vez en la cárcel lo mataron.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Bolívar, Luis Manuel Guevara, contó que las denuncias más frecuentes de los detenidos son el hacinamiento y la extorsión que esto genera.

Impunidad que manda:

Ortega explica que la impunidad es común en los casos de extorsión. La persona que paga al funcionario se convierte en cómplice. Por eso, la extorsión puede ser conocida sólo cuando la relación ha terminado o mediante encuestas de victimización.

El capítulo venezolano de Transparencia Internacional iniciará un programa de recepción y verificación de denuncias anónimas sobre corrupción policial, así como de otro tipo de desviaciones. Mercedes de Freitas, directora de esa organización, afirmó que al recibir las denuncias actuarán ante los responsables políticos de la institución, pero no ante los órganos jurisdiccionales, pues considera que esa labor debe hacerla directamente la persona afectada.

Las prácticas extorsivas en el Cicpc han sido documentadas hasta en casos investigados por la DEA. En una declaración incorporada en el expediente contra Rama Vyasulu, el indio-venezolano juzgado por lavado de dinero, la agente Ivon Schonn afirmó que Salid Makled le pagó 6 millones de dólares a un comisario jefe antidrogas del Cicpc para que le devolviera un cargamento de cocaína incautado en Puerto Cabello. Las autoridades venezolanas conocen este señalamiento. No hubo sanciones.

Para Ortega, las solidaridades automáticas entre los funcionarios policiales impiden la superación de estas situaciones.

“Dicen que se quiere proteger a las instituciones, pero el efecto perverso es que se protege a los delincuentes que están en la organización”, dijo.

Cobro repetido:

El estudio sobre la operatividad de las policías realizado por Conarepol en 2007 refiere que los cobros o extorsiones pueden ser continuos. A una misma persona se le exige periódicamente un pago para no dejarlo en libertad. Entre 2009 y 2010, Carlos Pérez fue detenido en el centro de Caracas en 2 ocasiones por agentes del Cicpc. En la primera oportunidad, por vender droga, le exigieron 5.000 bolívares para no presentarlo en tribunales. La segunda vez le pidieron 10.000 bolívares. En ambos casos lo mantuvieron “secuestrado” durante varias horas en El Helicoide hasta que su esposa llegó con el dinero. Después del pago lo liberaron, pero con la amenaza de que lo matarían si denunciaba.

Protestas en Bolívar y Anzoátegui:

La semana pasada los habitantes de Santa Elena de Uairén, en Bolívar, protestaron contra la policía judicial.

La movilización comenzó el martes, cuando funcionarios del Cicpc golpearon y detuvieron a José Luis Sandoval cuando salía de su vivienda con 25.000 bolívares para comprar materiales de construcción.

Al ser abordado por los policías, el hombre lanzó el dinero al patio de un vecino y por responder en tono desafiante fue señalado de irrespeto a la autoridad. Ante esta irregularidad, los pobladores rodearon la sede del Cicpc y exigieron la liberación del detenido, según refiere el texto publicado en el Correo del Caroní

Luisa Maurera, residente de Puerto San Rafael, donde ocurrió el incidente, dijo estar cansada de que estos funcionarios lleguen al pueblo a cometer fechorías. “Golpean y extorsionan a todo el que les da la gana. El director de Provea, Marino Alvarado, informó a través de su cuenta de Twitter sobre la marcha que realizarán los afectados en Caracas el miércoles 15 de junio, por supuestas torturas de agentes de la policía judicial en Anzoátegui..

Por: RONNA RÍSQUEZ
JAVIER IGNACIO MAYORCA
CLAVEL RANGEL PUERTO ORDAZ
rrisquez@el-nacional.com
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