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    Sindicalistas: 47 trabajadores han muerto en las industrias del Estado

    Los sindicatos llevan la cuenta de estos últimos cinco años porque el Gobierno oculta las cifras.

    Señalan que los riesgos han aumentado
    por el deterioro de las instalaciones

     

    Los trabajadores de la planta de fundición de la Siderúrgica del Orinoco literalmente sudaron frío el sábado 28 y el lunes 30 de mayo ante el peligro que significaban las dos fugas de acero líquido que ­a una temperatura de 1.680 grados centígrados- derramaron el metal de los cucharones de esa unidad.

    Accidentes de esa índole, en la que se pone en riesgo no sólo la seguridad sino también la vida de los operarios y de terceras personas, se han registrado, además de Sidor, en las industrias de la electricidad, el aluminio y los hidrocarburos.

    Sindicalistas llevan la cuenta a diferencia del sector oficial.

    Las cifras de Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales llegan hasta 2007. Según los trabajadores, en las industrias del Estado se han registrado 47 muertes en los últimos 5 años, que se pudieron evitar si se hubiesen cumplido las condiciones de higiene y seguridad industrial.

    Ante esa realidad, para los sindicalistas y los trabajadores definitivamente “Papá Dios es venezolano”. De lo contrario, el número de las pérdidas fatales y los lesionados en los accidentes podría ser más alto, debido al gran deterioro del parque industrial por la falta de inversiones y mantenimiento correctivo y preventivo. Se quejan de la poca diligencia de Inpsasel a la hora de sancionar las empresas, sobre todo las estatales, por incumplimientos de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.

    Deyanira Rodríguez trabaja para La Electricidad de Caracas desde 1998. En 2007 tuvo que salir de reposo por una epicondilitis en el codo derecho.

    “El Inpsasel dictaminó que el trabajo me ocasionó una enfermedad ocupacional y ordenó pagar una indemnización de 354.000 bolívares”, relató. Sin embargo, Elecar apeló la decisión y mantiene contra Rodríguez un acoso laboral para forzarla a renunciar a su derecho.

    De alto riesgo Los accidentes en la industria petrolera se han incrementado debido a la inseguridad en las instalaciones, al extremo de que en los últimos 5 años han fallecido 20 trabajadores. José Bodas, directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, señaló que además de las muertes otros 200 trabajadores sufrieron graves heridas y lesiones.

    Incluso, algunos quedaron incapacitados para trabajar.

    “Las cifras de los siniestros las registran los sindicatos y los trabajadores porque para Pdvsa no hay víctimas fatales”, afirmó Bodas. Cuentas similares también las realizan las organizaciones obreras de las industrias básicas de Guayana y del sector eléctrico.

    Carlos Ramírez, ex delegado de prevención de Sidor, aseguró que desde la estatización de la acería en 2008 han fallecido siete personas. “El accidente del último trabajador pasó inadvertido y el Inpsasel no se presentó”, dijo.

    Proporcionalmente, ese número de trabajadores muertos supera la etapa de la transnacional Ternium al frente Sidor ­iniciada en 2007- cuando hubo 11 víctimas fatales.

    De acuerdo con Ramírez, el mal estado de las plantas, cuyas reparaciones se hacen de manera parcial, porque faltan los repuestos, genera entre 50 y 60 siniestros diarios. Entre los accidentes graves más recientes están los del 28 y 30 de mayo.

    “En materia de seguridad laboral, el sector eléctrico está muy mal”, afirmó el sindicalista Alcides Carrión, experto en seguridad industrial. Faltan los equipos indispensables para trabajar de manera segura. El último fallecido fue un trabajador en Trujillo: le cayó una rama mientras podaba un árbol que entorpecía la línea.

    “Nos preocupan los daños y muertes a terceros como consecuencia de las conexiones ilegales, producto de las invasiones y robos de energía”, expresó Carrión. Recordó la muerte reciente de dos personas en un barrio de Puerto La Cruz, Anzoátegui, que se quemaron por la descarga de un cable de alta tensión. Los sindicatos eléctricos calculan que 20 trabajadores han muerto desde 2006, pero el número de heridos entre empleados y terceros superaría los 300.

    El problema radica, según José Bodas, en que el Gobierno no dota al personal con los implementos necesarios para realizar las operaciones de manera segura, tomando en cuenta que la actividad petrolera es riesgosa porque se deben manipular materiales inflamables (petróleo, gas y combustibles derivados) a altas temperaturas y presiones.

    Bodas alertó sobre la falta de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones petroleras, causante de los incendios y otros percances. Indicó que las paradas forzosas de actividades por los apagones han aumentado las condiciones inseguras ­la semana pasada hubo una explosión y un incendio en el Centro Refinador de Paraguaná, en Falcón-, cuando se reiniciaban las plantas procesadoras de hidrocarburos. “Como faltan repuestos, la gerencia los repone con los de otros equipos desincorporados por mal funcionamiento”, dijo.

    El número de heridos en el sector eléctrico superaría los 300, según sindicatos.

    Los trabajadores de Cadafe son otro ejemplo:

    Tienen tres años sin recibir uniformes, botas y guantes, que deben ser hechos con materiales aislantes y estar certificados para evitar que se electrocuten o sufran quemaduras en los arcos de fuego del alto voltaje.

    Esta falta de dotación afecta también a La Electricidad de Caracas, que mientras fue privada siempre proporcionó a los trabajadores los equipos y materiales necesarios.

    El domingo pasado 2 ingenieros resultaron heridos y con quemaduras durante las pruebas para verificar la operabilidad y posterior conexión al sistema eléctrico nacional de la unidad 12 de la Sala de Máquinas II de la central hidroeléctrica de Guri. Hubo una explosión, cuyas causas aún se desconocen.

    De manos atadas:

    Igual que los otros sindicatos, la Futvp ha acudido al Inpsasel pero sus funcionarios indican que hay “una orden de arriba” de no sancionar a los empleadores ­Pdvsa, sus contratistas y empresas mixtas, las industrias básicas de Guayana y el sector eléctrico- cuando ocurren accidentes.

    “Por eso, el Inpsasel se limita a dar exhortos a la industria petrolera para que cumpla las normas de seguridad”, expresó Bodas.

    El directivo deploró que Pdvsa no se quiere hacer responsable solidaria ­como lo establece el contrato colectivo- de los accidentados y de otros 3.000 trabajadores que padecen enfermedades ocupacionales de las contratistas.

    Una cantidad similar de trabajadores de Sidor, las empresas eléctricas y del aluminio, también esperan ser reconocidos e indemnizados por enfermedades ocupacionales.

    800 ex empleados de Alcasa no han sido compensados, pese a que el Inpsasel lo aprobó y dio la orden.

    Debido al manejo de equipos muy pesados, las enfermedades laborales más frecuentes son las hernias discales que causan incapacidad parcial o total para el trabajo en edades aptas para la actividad productiva. De los 3.000 afectados en las contratistas de Pdvsa, 30% tiene menos de 35 años de edad y 70% está entre 35 y 45 años.

    Según los sindicatos, la presión gubernamental sobre el Inpsasel ha incidido en el registro real de los accidentes ocurridos en las industrias del Estado, lo cual se refleja en la página web de la institución que recoge las cifras de 2005 al 2007.

    Pero la página electrónica del instituto ofrece la información desglosada sólo en este último año. En 2007, la actividad de gas y refinación de petróleo registró 2.233 accidentes y 2 fallecidos, mientras que en la parte eléctrica se contaron 899 accidentes y 10 muertes. En acero y la metalurgia, el Inpsasel reporta 102 y 2.495 percances sin víctimas fatales durante 2007.

    En la sede del Inpsasel en Ca racas, los funcionarios del organismo adscrito al Ministerio del Trabajo indicaron que no tenían disponible la data solicitada, es decir, de 2008 hasta el primer trimestre de 2011. 

    Inpsasel

    Denuncian acoso contra el sector privado. El Gobierno se vale del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales en su política de acoso al sector privado, expresó Maryolga Girán, presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria. “El Inpsasel se afinca más en las empresas a la hora de fiscalizar, multar y sancionar”.

    La experta en seguridad e higiene industrial señaló que para el empresario “es suicida” no notificar los accidentes porque hacia él va todo el peso de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.

    “La mayoría de las inspecciones del Inpsasel son en las fábricas del sector privado, mientras se tapan los accidentes y sus consecuencias en las empresas del Estado”, dijo Girán, e insistió en que la Ley es igual para todos los empleadores sean públicos o privados.

    Según el informe de la gestión 2010, Inpsasel recaudó 16 millardos de bolívares por concepto de multas e indemnizaciones por los trabajadores accidentados. La experta indicó que el grueso de ese monto correspondió a las empresas privadas.


    Por: ANA DÍAZ

    anadiaz@el-nacional.com
    LABORAL|ECONÓMIA
    EL NACIONAL

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