Ancianos viven en un auto
en su estacionamiento
■ “Hasta este mes tenemos en Caracas a 210 propietarios afectados por sus inquilinos”.
■ “Debe derogarse la Ley Contra Desalojos Arbitrarios y crearse un marco legal equilibrado”.
■ La mujer a la que le arriendan su vivienda se niega a desocuparla y las autoridades no han hecho nada al respecto.
Su experiencia en materia de inquilinato y defensoría judicial la llevó a crear el pasado 12 de agosto la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler (RPVA), organización que defiende a dueños que buscan recuperar sus inmuebles privados luego de arrendarlos.
María Elena Navarro, abogado y vocera principal de la RPVA, unió a más de 400 dueños de viviendas en Caracas y el interior del país que rechazan el anteproyecto de Ley de Arrendamiento que se discute en la Asamblea Nacional por considerarlo desequilibrado.
-¿Por qué fue necesario crear una red para proteger la propiedad privada?
-Porque el Ejecutivo aprobó una ley que impide los desalojos de viviendas en alquiler y está discutiendo un anteproyecto de Ley de Arrendamiento que solo beneficia a los inquilinos e impone multas a los dueños de viviendas que tuvieron que alquilarlas para sobrevivir o atender emergencias médicas de familiares. Esas medidas hoy tienen paralizadas 40 mil sentencias definitivas en Caracas y el resto del país de inquilinos que incumplieron la ley en años anteriores y que debieron entregar casas privadas.
– ¿Cuántos propietarios de inmuebles privados están afectados en Caracas tras la prohibición de los desalojos?
-Hasta este mes tenemos 210 propietarios en la capital con inconvenientes. Sus inquilinos se han apoderado de sus viviendas por completo, rechazan la entrega del inmueble y hasta se retrasan en el pago de los alquileres porque saben que no los pueden desalojar. En otro estados manejamos 200 casos más de inquilinos que evitan una conciliación y entrega de inmuebles privados.
– ¿Cómo canalizan las denuncias de los propietarios?
– Los orientamos en materia jurídica para que se defiendan y denuncien las irregularidades de los inquilinos. Se trata de perder el miedo y de luchar por una Ley de Arrendamiento equilibrada, y de derogar la Ley contra Desalojos porque luego nadie querrá arrendar inmuebles en el país. De las 210 denuncias que manejamos apenas llevamos un caso resuelto. Incluso asistimos a las discusiones en la Asamblea Nacional para que se modifiquen artículos que perjudican a dueños de inmuebles de los barrios (70%) y de clase media.
– En qué los perjudica el anteproyecto de Ley de Arrendamiento?
– Será un marco legal que quebrantará la voluntad de las partes. Impide los depósitos que garantizan el pago de daños por parte de inquilinos, desecha los desalojos y hace que se enfrenten inquilinos y propietarios. Es injusto que un propietario pase a ser un damnificado. Es su inversión y debe respetarse. Hay casos en que los inquilinos no pagan condominio y los daños a las viviendas. El propietario que desee vender el inmueble debe someterse a un descuento anual de 2% por años de arrendamiento. Su inversión a diez años se depreciaría 20% en un país con alta inflación. Por eso 2,5 millones de inmuebles salieron del mercado de alquileres. Hoy tenemos 750 mil personas en condición de alquiler en el país.
– ¿Qué otras cosas regulará el marco legal?
– Los contratos y el canon de arrendamiento. Un registro de viviendas de alquiler obligado que terminará generando un mercado negro directo. El canon de arrendamiento en los barrios se reducirá. Lo más preocupante es falta de voluntad de las partes en las causales de desalojos por no pagar el alquiler. Y el rechazo de inquilinos a que familiares o parientes de segundo grado ocupen viviendas heredadas por sus padres. También se irrespeta a los adultos mayores, como el caso de los Kleinbergs, quienes viven en un auto prestado.
– ¿Qué debe incluir la nueva Ley de Arrendamiento?
-Normas donde los inquilinos respondan por los daños del inmueble, que paguen alquiler de acuerdo al valor de la vivienda y a tiempo. Eliminar los contratos a tres años y reducir el tiempo para desalojos. Eliminar los porcentajes de depreciación y la medida que exige que el propietario debe buscarle un albergue a su inquilino para que se mude. Las nuevas parejas e inquilinos no tendrán donde arrendar en Caracas. Evitar los contratos condicionados por el Estado. Evitar análisis médicos para devolver viviendas y la reducción de alquileres, e impedir la violencia entre las partes con esa ley.
* MARÍA ELENA NAVARRO , VOCERA DE LA RED DE PROPIETARIOS |
Por: JORGE HERNÁNDEZ
VIVIENDA | POLITÍCA
EL UNIVERSAL
domingo 11 de septiembre de 2011
