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    EXPROPIACIÓN: “La gente en Miranda está cansada de esperar”

    Las obras en los estados Miranda, Carabobo y Yaracuy han avanzado entre 15% y 25%

    “Vivimos como si hubiésemos invadido
    un edificio que nos costó dinero”

     

    ■ En los cinco proyectos expropiados hace un año, la mayoría de los compradores no ha recibido los apartamentos.

    ■ Hace un año exactamente, el presidente Hugo Chávez firmó el decreto de expropiación de proyectos urbanísticos en Miranda; hoy se calcula que sólo han entregado entre 15% y 25% de las obras que en aquel momento estaban inconclusas.

    “La solución no es fácil; ha habido avances, pero la gente está cansada de esperar. Por la lentitud de las obras se ve que el sufrimiento del pueblo no se toma en cuenta”, expresó Giuseppe Trunfio, vocero del Movimiento Contralor por la Vivienda y la Vida, Movida, que agrupa a los afectados por estafas inmobiliarias.

    Familias divididas, gente que ha muerto mientras esperaba que le entregaran su apartamento y gastos no previstos en alquileres son algunas de las consecuencias que, asegura, son producto de la demora en la entrega de los edificios expropiados. Informó que aunque no hay datos precisos, se calcula que sólo han adjudicado 15% de las viviendas expropiadas por el Gobierno.

    Un acuerdo firmado en abril por la Asociación Bancaria de Venezuela y el Indepabis establece que la banca financiaría la culminación de las obras.

    Según Trunfio, las instituciones bancarias han retrasado los procesos en algunos casos, aunque en los cinco conjuntos residenciales expropiados se está construyendo actualmente.

    El director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela, José Grasso, aseguró que han terminado más de 5.000 viviendas de las 19.000 que a los bancos les correspondía financiar en los 57 urbanismos que tenían orden de expropiación, ocupación temporal, enajenamiento y otras medidas de intervención: “Les digo a los compradores que la banca les va a hacer las viviendas al precio que ellos originalmente compraron”.

    El vocero de Movida denunció que han entregado algunos apartamentos sin que estén terminadas las áreas comunes, como estacionamientos o parques infantiles. “¿Dónde quedan los derechos de esas personas? ¿Esa gente no está estafada?”, se preguntó. Afirmó que los organismos de justicia deben responder por las familias que aún siguen afectadas transcurrido un año de la expropiación.

    Casa sin áreas comunes:

    Thedis Acevedo tenía tres años en espera de su apartamento en el Conjunto Residencial El Fortín. Lo recibió, finalmente, hace un mes. Está satisfecha, pero afirma que no terminaron las áreas verdes y que los ascensores aún no funcionan por falta de electricidad en las zonas comunes del urbanismo, localizado en la urbanización Nueva Casarapa, en Guarenas.

    “La angustia que teníamos se nos ha pasado y el aparatamento nos los entregaron en excelentes condiciones”, asegura Acevedo, que antes de llegar a su residencia vivía, junto con su esposo y sus hijos en la casa de un familiar.

    Acevedo firmó un contrato en el año 2007 con la promesa de que a finales de 2008 tendría su vivienda.

    Sin embargo la empresa encargada de la obra no la entregó a tiempo.

    Hasta el momento, Acevedo ha pagado 62.000 bolívares, correspondientes a la inicial del apartamento, que tiene un precio de 185.000 bolívares. La constructora justificó los retrasos con el alegato de la escasez de materiales de construcción, mientras que algunos apartamentos que sí entregó tenían fallas, como vidrios rotos y puertas mal colocadas. “Era una burla a la necesidad de las personas. Hubo divorcios de parejas separadas por ese problema. También, gente que se enfermó de los nervios”, recuerda.

    Con la expropiación, Acevedo albergó esperanzas de obtener la vivienda. Sin embargo, la situación desesperante que vivió con los retrasos fue sustituida por la angustia de que invadieran el edificio: “Un grupo de gente interpretó que esto era de nadie. Fue necesario hacer vigilias para que no se metieran”.

    René Navarro, uno de los voceros de los afectados, dijo que esperan que el 20 de noviembre se protocolicen las últimas 4 torres del conjunto, que tiene 20 edificios.

    Richard Véliz ha esperado casi dos años por su apartamento.

    El Encantado a medias:

    Richard Véliz se casó a principios de 2010 con la idea de que un mes después de la boda tomaría posesión de su apartamento en el urbanismo El Encantado, en Macaracuay, adonde se mudaría con su esposa. Casi dos años después esperan un hijo y todavía viven separados.

    Datos de la página web de la Asociación Bancaria señalan que hay 760 viviendas por terminar en ese conjunto residencial, en la etapa III y IV. En las etapas I y II están terminadas otras 760 viviendas, pero falta protocolizar la mitad. El apartamento de Véliz, que pertenece a la etapa III, lo prometieron para comienzos del año entrante, lo cual significa 2 años de retraso en la fecha de entrega. Hasta este momento ha pagado 40% del costo, en total 252 millones de bolívares, y cuando se lo entreguen cancelará el resto mediante un crédito bancario o por política habitacional. “Nunca estuve de acuerdo con la expropiación.

    Lo que se debió hacer fue supervisar a la constructora por las cosas indebidas que estaban haciendo; con todo esto se retrasó la obra”, opinó Véliz. Contó que los vecinos que viven en la etapa I de El Encantado han tenido problemas con el suministro de agua y con la electricidad, que no llega continuamente al edificio.

    “Vivimos como invasores”

    Dennys Chacoa vive en Parque Residencial Mata Linda, en Charallave, desde comienzos de 2010, en un edificio en muy malas condiciones. Junto con su pequeño hijo ocupó un apartamento defectuoso antes de que se anunciara la expropiación, pero las autoridades le han informado que “está en otra línea” del problema y no le han dado solución. “Vivimos como si hubiésemos invadido un edificio que nos costó dinero”, asegura Chacoa, al recordar que en su edificio algunos techos se han caído por filtraciones, los cables de electricidad están enmarañados y no hay bajantes para la basura. Pagó 189.000 bolívares por vivir en un lugar donde, en teoría, existían los servicios adecuados. Decidió mudarse al apartamento porque la empresa prometió que solucionaría los desperfectos, pero las reparaciones nunca llegaron. “Me mudé porque vivía en un barrio donde escuchaba las balas. Cuando ocurrió la expropiación estábamos contentos porque pensábamos que ayudarían a solucionar el problema, pero nos han dado la espalda”, afirmó. Chacoa señaló que en el conjunto residencial no han construido las escuelas, parques y líneas de transporte prometidas en el proyecto inicial, aunque reconoció que terminaron varias torres, pero no su totalidad, pese a que hay a quien le urge mudarse.


    Por: GEORGELY MORÍN
    gmorin@el-nacional.com
    VIVIENDAS | EXPROPIACIONES
    EL NACIONAL


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