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    HomeActualidadInquilinato: Morosos se aprovechan de la ley

    Inquilinato: Morosos se aprovechan de la ley

    Su único sostén es un edificio con 11 pequeños apartamentos por los que cobra menos de 500 bolívares, pero los inquilinos no le pagan.

    Inquilinos se aprovechan de
    anciana no pagan alquiler

     

    ■ Madre de piloto fallecido en Mérida depende del pago de los arrendatarios.

    ■ Gomes se niega a abandonar el país y regresar a Portugal, donde tiene familia.

    ■ A María Gomes, de 72 años de edad, los inquilinos le deben el alquiler desde hace tres años.

    Al sector Montesano, parroquia Soublette, llegó María José Gomes hace 42 años. Su esposo la trajo de la isla de Madeira, en Portugal. Luego de que la pareja alcanzara cierta estabilidad económica con su trabajo como panaderos, nació Orlando Aldino Garanito, el único hijo, fallecido en el accidente aéreo de 2008 en el estado Mérida.

    Ahora, a los 72 años de edad, Gomes reside con un sobrino en la única herencia que le dejó su esposo: un edificio de 6 pisos, construido con el trabajo de la familia, que tiene 11 pequeños apartamentos de 1 habitación.

    Todas las viviendas están alquiladas y con esos ingresos Gomes cancela los servicios y se sostiene económicamente.

    El edificio está ubicado en un lugar céntrico, en Montesano.

    “Por concepto de alquiler se cobra a los inquilinos menos de 500 bolívares, pero 7 de esos residentes no pagan desde hace un par de meses. Hay quienes van a cumplir 3 años de morosidad. En el lugar viven 2 militares, uno de los cuales incumple con el compromiso mensual”.

    El edificio está deteriorado, y ante la merma de los ingresos a Gomes se le hace difícil realizar las labores de mantenimiento, aunque recientemente mejoró el pasillo de acceso a los apartamentos. “No aguanto más el pago de los servicios.

    Algunos tienen aire acondicionado y cocinas eléctricas, y a mí me corresponde cancelar la luz. Tenemos que mejorar la convivencia sin perjudicar a nadie”, afirmó.

    Los inquilinos le exigen constantemente reparaciones del inmueble. “Les entregué los apartamentos en buenas condiciones, pero no me pagan el alquiler para que pueda mejorarlos”, dijo.

    La anciana aseguró que los inquilinos viven en el edificio porque está ubicado en un lugar céntrico y de fácil acceso en el sector de Montesano. “Sé que una de esas personas tiene su casa en Santa Teresa, pero trabaja en Caracas y le resulta mejor este lugar.Otros argumentan que la Ley de Arrendamiento los protege y que en un futuro próximo podrán quedarse con la propiedad.

    Dependo de esos ingresos para sobrevivir. Mensualmente pago hasta 1.000 bolívares de agua y se deben 3.000 bolívares de electricidad. Logré alquilar el local para reabrir la panadería y estoy conversando con los inquilinos para que asuman el pago de los servicios”.

    Organizan junta:

    A pesar de que no asumió una actitud cordial, uno de los inquilinos ­que no quiso ser identificado­ informó que organizaron una junta de condominio para atender los servicios básicos del edificio. “El agua fue reinstalada porque colocamos otro medidor y cancelamos una deuda de 2.743 bolívares.

    Después pagamos la factura de octubre por 594 bolívares.

    Somos 14 familias y aportamos 100 bolívares mensuales para, entre todos, costear los servicios”.

    El hombre indicó que convocaron a una reunión para el domingo, con la finalidad de hablar sobre el suministro de electricidad: “La persona que alquiló la panadería supuestamente nos dejará sin el servicio, y tomaremos decisiones al respecto. También acordamos que por asumir esos gastos no dejaremos de cancelar la mensualidad a la propietaria”.

    Dos inquilinas, que también pidieron no ser identificadas, afirmaron que no pretenden expropiar o quedarse con el edificio, sino mejorar la convivencia.

    En soledad:

    Después de la muerte de su esposo e hijo, la vida de María José Gomes no ha sido fácil. La mayor parte del tiempo permanece recluida en su apartamento.

    Confiesa que padece de úlcera gástrica, hipertensión, crisis depresiva y sufre de los nervios. No puede pagar una persona que la ayude y no cuenta con ninguna pensión. “Paso los días sola, con Dios y pensando en mis nietos hasta que no pueda más”, expresó.

    Su hijo, Aldino Garanito, murió de 36 años de edad; era piloto comercial, instructor y capitán de la aerolínea Santa Bárbara. Estaba casado y tenía 2 hijos al momento de su fallecimiento, en 2008, junto con 48 pasajeros en el accidente aéreo ocurrido en Mérida.

    Viuda y sin su hijo, Gomes estuvo acompañada de la nuera y sus dos nietos sólo un año porque la mujer, por diferencias entre ambas, le prohibió tener a los niños cerca. Ahora viven en Portugal.

    En su apartamento, llora y espera dejar en herencia el edificio a los nietos. Se niega regresar a Portugal o a Brasil, donde tiene familiares que le piden a diario que abandone Venezuela. Asegura que en este país está lo que más amó, su esposo e hijo: “No los dejaré ni después de muertos”.

    Extraoficialmente se le informó que la empresa Santa Bárbara entregó 150.000 dólares a la esposa e hijos del piloto. “El mes pasado, mi nuera vino al país para hacer los tramites y cobrar el dinero. Yo no he recibido nada”, dijo.

    Injusticia:

    María Elena Navarro, directora de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, calificó de violación de los derechos humanos la existencia de leyes que permiten la pérdida de potestad sobre los inmuebles.

    La abogada considera que la condición de María José Gomes es aún más grave porque es una persona de la tercera edad que sólo tiene ese ingreso económico. Descartó la posibilidad de que pueda recuperar el dinero de los gastos comunes y señaló que tampoco puede interrumpir los servicios a los morosos. Recordó que los propietarios perciben cada vez menos dinero por concepto de alquiler, pues los cánones de arrendamiento tienen nueve años congelados. Aconsejó a los dueños de inmuebles que acudan a la Dirección de Inquilinato.

    “Ella debe agotar la vía administrativa, hacer una exposición de motivos en la Dirección de Inquilinato y consignar las pruebas. Luego deberían llamarla para la conciliación y para decidir si los inquilinos quieren abandonar o no el inmueble”, explicó.

    Se mostró poco optimista por los resultados de la gestión legal porque hay 40.000 casos similares con sentencia firme que no han sido ejecutados.

    “¿Cómo queda la persona que tiene que pagar gastos superiores a los cánones que recibe? La Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas es injusta”, concluyó.


    Por: LUIS LÓPEZ LA GUAIRA
    VIVIENDA | POLITÍCA
    EL NACIONAL

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