Autoridades y la policía sabían con una semana de
antelación de la muerte del niño y no informaban
■ Las flores llegan a cuentagotas a la tumba.
■ Imputados no admiten su participación en tratos crueles contra el niño de 5 años de edad.
■ El incendio de las propiedades de los acusados ha dificultado el hallazgo de pruebas que permitan aclarar el crimen.
Cinco inmuebles de Guanare, estado Portuguesa, fueron marcados por la violencia de los pobladores, que se enardecieron al conocer la muerte por tratos crueles del niño de 5 años de edad, el pasado primero de diciembre. La discoteca Cobacha, la Casa del Pastelito y las viviendas de Doris Oropeza, Anneys Montilla y de una funcionaria policial destituida recientemente del Cicpc fueron destruidas. Nadie se atreve a ingresar a esos lugares. Se convirtieron en símbolos de repulsión. “Somos gente pacífica. Ni cuando nos falta el agua durante 20 días salimos a protestar. No estoy de acuerdo con los disturbios, pero sí con el sentimiento de indignación”, indicó Digna Quevedo, habitante de la ciudad.
La arremetida de los residentes de Guanare no sólo acabó con las propiedades de los detenidos por el homicidio del niño; los detectives vinculados al caso aseguran que las investigaciones se han dificultado debido a la desaparición de posibles evidencias durante los saqueos e incendios de los locales y residencias de los imputados.
“Actuamos a tiempo para privar de libertad a los presuntos victimarios, pero eso no impidió que se desmantelaran las casas y negocios”, destacó un detective que no quiso ser identificado.
Por el crimen fueron detenidos Anney Montilla, Gelliknet González, Valentina Oropeza, Doris Oropeza y Yure Hernández. Ellos son señalados de complicidad en la muerte del niño, que sufrió tratos crueles y abuso sexual. Ninguno ha confesado ser responsable del maltrato al infante. Evitan inculparse y cuidan sus declaraciones, señaló una fuente vinculada al caso.
Los detectives investigan, especialmente, el entorno de Montilla, y no descartan la participación de otras personas en la muerte del niño.
Amenazados por el pueblo:
Los parientes de los detenidos por la muerte del niño se convirtieron en desplazados. Con excepción de Rosa Quevedo, madre de Gelliknet González y abuela de la víctima, los familiares del resto de los imputados decidieron desalojar sus viviendas de forma provisional.
“Tenemos miedo, estamos corriendo peligro. Tuvimos que mudarnos de la casa. No tenemos la culpa de la muerte del niño, la cual lamentamos como seres humanos”, dijo Bernardo Hernández, hermano del enfermero Yure Hernández, privado de libertad por su presunta complicidad en el crimen.
El pánico porque pudiera ocurrir otra arremetida es generalizado. Son contados los que se atreven a identificarse al ofrecer declaraciones a la prensa. “El saqueo a las casas fue una cosa tan fea que todavía no podemos dormir por la preocupación. Pensamos que nos iban a matar a todos. Si hubo culpables, la Fiscalía se encargará de darles condena, pero no pueden venir a agredirnos porque solamente fuimos vecinos”, recordó un hombre cuya vivienda está cerca de la de Doris Oropeza, imputada por complicidad.
Guanare pide paz:
La muerte del niño revolvió a Guanare. La más reciente acción fue sustituir los adornos navideños por globos blancos y consignas contra la muerte del niño, el maltrato infantil y peticiones de paz. “Nos pintamos del color de la paz. Ya basta de violencia en el país y de arremetidas contra personas inocentes. El asesinato de ese niño debe ser el último”, insistió José Martín Delgado, empleado de la barbería Clarisa.
Él pide la pena máxima para los imputados por el crimen.
“Todos son cómplices de alguna manera. El que menos tiene responsabilidad, también es culpable por haber callado los maltratos al niño”, dijo.
No hay rincón de la ciudad en el cual sea ignorado el crimen.
Los pobladores se adueñaron de una rutina llena de alertas.
Se paran en las esquinas, plazas, kioscos o, simplemente, en el lugar más accesible, para leer sobre el caso en la prensa.
Resguardan a sus niños en las casas. Intentan divulgar con rapidez las acciones de calle para participar de manera masiva, y conversan de forma reiterativa sobre el tema. “Estoy segura de que si hubiésemos sabido sobre el maltrato al niño, lo hubiera defendido el pueblo entero. Y si no lo cree, mire a su alrededor y vea la multitud que movió el niño. Estamos muy dolidos por su asesinato”, subrayó Briceida Jiménez, mientras se perdía en una multitud que se movilizaba el viernes en Guanare, para exigir justicia.
Detenidos fueron cambiados de cárcel:
Entre los reclusos de La Mínima del Internado Judicial de Carabobo (conocido como Tocuyito) hay malestar porque el viernes en la noche ingresó a ese centro penitenciario el enfermero Yure Hernández, de 39 años de edad, privado de libertad desde el 7 de diciembre e imputado por la muerte del niño de Guanare.
Fuentes vinculadas al reclusorio, que prefirieron mantenerse en el anonimato, informaron que los internos de La Mínima están molestos por lo ocurrido con el niño de 5 años de edad, que fue maltratado y vejado de múltiples maneras, por lo que no quieren tener cerca a Hernández.
El enfermero permanece, según las fuentes, vigilado por varios custodios, presumiblemente para evitar que lo ataquen. Se conoció que algunos funcionarios se habrían negado a resguardarlo. “No está aislado; está vigilado para garantizar su integridad física”, indicaron.
El sábado, las cuatro mujeres imputadas por ese crimen fueron trasladadas al Centro Penitenciario de Coro bajo fuerte resguardo de la Guardia Nacional.Gellignet González, de 30 años de edad; Anney Montilla de 25 años; Valentina Oropeza de Montilla, de 50 años; y Doris Oropeza, de 37 años de edad, fueron llevadas desde el Internado Judicial de Carabobo al estado Falcón.
Trascendió que las mujeres confinadas en el anexo femenino de Tocuyito se negaron rotundamente a permitir que ingresaran en el reclusorio de Carabobo, y eso habría forzado su traslado a otro recinto penitenciario.
Familiares piden resguardo:
Magdiel Hernández, abogado de Yure Hernández, imputado por presunta complicidad en el crimen del niño, rechazó el traslado del detenido a la cárcel. Indicó que la medida viola el debido proceso porque ningún procesado puede ser recluido en un penal, de acuerdo con las leyes. “Debe existir una sentencia firme. Los sujetos procesales firmaron un acta en la audiencia donde el recinto de detención sería la Policía del Estado Portuguesa y eso no se puede violar” aseguró.
La familia del enfermero imputado pidió resguardar su vida. “Yure no es responsable de ese horrendo crimen. Están llevando preso a un inocente. Responsabilizamos al gobernador Wilmar Castro y al secretario de Seguridad Ciudadana, Reinaldo Castañeda, de lo que le pueda pasar a mi hermano”, dijo Bernardo Hernández. 
Lápida decorada:
La lápida de cemento fue decorada recientemente por Isabel Aguilar, que se declara una desconocida del niño de 5 años de edad muerto hace 11 días debido a tratos crueles en Guanare, capital de Portuguesa. “No tuve la suerte de conocerlo en vida y eso que este pueblo es chiquito. Supe de él por las noticias y el dolor que ha provocado su asesinato. Cuando vi su tumba que está cercana a la de mi hijo solita, sin ningún detalle, le regalé una rosa”.
El entierro fue discreto. Se realizó el domingo pasado a las 10:00 am, en el cementerio municipal de Guanare con menos de una docena de asistentes y en ausencia de su madre, Gelliknet González, que fue detenida dos días antes junto con otras cuatro personas por su presunta complicidad en el crimen.
La negligencia de González, de 30 años de edad, habría contribuido al triste desenlace de su único hijo varón. Encomendó a su supuesta pareja, Anney Montilla Oropeza, el cuidado total del niño. “De acuerdo con las investigaciones, entre las mujeres había una relación desde hace mucho tiempo. Se consolidó en la isla de Margarita en 2008, cuando la persona que cuidaba al niño debió abandonar el empleo porque quedó embarazada y Gelliknet, que trabajaba hasta hace unos días en un casino, tuvo que buscar a alguien para reemplazarla. Pensó en Anney, que conoció en Guanare, y se la llevó a Porlamar (capital de Nueva Esparta). Allí, aparentemente, empezaron las fuertes agresiones contra el menor de edad.
No obstante, la mamá del niño decidió enviarlo a vivir con su pareja a Guanare, mientras continuaba trabajando en la isla. Luego, comenzaron a tener problemas”, reveló una fuente del Cicpc en la región.
El maltrato contra el niño se habría agudizado a mediados de año. En octubre dejó de asistir al colegio, en el cual laboraba la mamá de Anney Montilla, Valentina Oropeza, y de acuerdo con versiones de vecinos sus salidas a la calle fueron más restringidas.
“Era un niñito juguetón, intentaba montarse con la bicicleta en las paredes de las casas del sector. Pero desde hace dos meses no lo veíamos casi”, recordaron vecinos.
Crueldad silenciosa:
En la urbanización Los Próceres de Guanare, lugar de residencia de Anney Montilla, Valentina Oropeza y recientemente del niño, aseguran que nunca escucharon llantos o gritos que revelaran tratos crueles. “Parecían personas normales. La señora Carmencita (como llaman afectuosamente a Valentina Oropeza) sólo estaba dedicada a su trabajo y la religión, pues es evangélica. Y cuando veíamos a Anney, que conocemos desde pequeña, era con el niño y su tía Doris. Si lo torturaron, probablemente fue en otro lugar”, explicaron allegados.
El grupo de amigos de Montilla, imputada por homicidio intencional del niño, era diverso. Yure Hernández Medina, enfermero con 18 años de servicio y actualmente imputado por presunta complicidad en el homicidio, se incorporó al círculo amistoso hace menos de tres años, según allegados. Era novio de una funcionaria policial supuestamente destituida hace una semana por consumo de estupefacientes que le presentó a Montilla. “Ellos rompieron, pero siguieron siendo amigos. Yure ayudaba a todo el mundo, lo llamaban de todas partes del pueblo cuando alguien se sentía mal. Hace tres meses Anney lo llamó porque el niño se rompió en la quijada cuando jugaba. Él lo suturó y se devolvió al trabajo corriendo.
No indagó porque pensó que era un golpe normal de niños”, dijo Bernardo Hernández, hermano del enfermero.
La segunda y última vez que Yure Hernández, ahora detenido por su presunta complicidad en el crimen, atendió al niño fue el 1º de diciembre, según familiares. Montilla lo llamó en la mañana porque el pequeño tenía un fuerte dolor abdominal. “Él fue a verlo y llamó al médico de la clínica Este, quien le recomendó que le dieran un analgésico. Se fue de la casa de Anney, que a los minutos volvió a llamarlo porque el niño seguía mal. Entonces, Yure llamó otra vez al doctor que recomendó llevarlo al centro médico. Actuó de buena fe y lo involucraron en un delito”, resaltó Hernández.
El niño falleció en la clínica Este:
Estaban presentes Doris Oropeza, de 37 años de edad, Anney Montilla y Yure Hernández. Sólo Doris Oropeza se opuso a la autopsia forense, mientras el enfermero Hernández la convencía de que se trataba de un procedimiento normal y Montilla solamente lloraba, según declaraciones de testigos.
El estudio forense reveló politraumatismo generalizado, falta de piezas dentales superiores, agresión en el recto que ocasionó peritonitis y quemaduras de segundo grado en genitales y muslos, según fuentes del Cicpc. “Algunos son maltratos de larga data. Se está evaluando la posibilidad de ampliar la autopsia, pues aún se sigue investigando”, explicaron funcionarios asignados al caso.
Anney Montilla fue denunciada de agresión en una oportunidad en Margarita por la madre del niño, según Rosa Quevedo, abuela de la víctima.
Valentina Oropeza dijo en declaraciones a funcionarios del Cicpc que también su hija “golpeaba como un niño chiquito”. Se conoció que ninguno de los imputados salió positivo en las pruebas antidopaje y que Montilla será sometida a estudios psiquiátricos.
Por: MAOLIS CASTRO
macastro@el-nacional.com
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