Unas 113.500 personas se alojan
en 773 albergues del país

■ Los refugiados eternos.

■ En Vargas, las precipitaciones afectaron a 11.600 personas en 2010.

■ Refugiado de La Rinconada: “Todos soñamos con salir de acá. Esto es parecido a El Rodeo”.

■ En Vargas, 900 familias permanecen en 68 albergues. Funcionarios “aseguran” que en 2012 reubicarán a los damnificados.

■ Los damnificados alojados en La Rinconada, José Ángel Lamas en San Martín y la antigua lechería de La Silsa están cansados de promesas.

Pasarán Navidad todavía refugiados. El desorden, la violencia y la impaciencia les acompaña día a día. No les falta comida, agua ni un lugar para dormir, pero están desesperados por recibir un hogar. La delincuencia hace de las suyas en los albergues, aunque la mayoría cuentan con efectivos de seguridad

A las 5 de la tarde del 25 noviembre de 2010 comenzó una torrencial lluvia en La Vega, donde residía Enmanuel Gonzalez. Para el momento se encontraba en casa con sus dos hermanas de 9 y 11 años. Desesperado por la situación, se asomaba por la ventana y veía cómo las montañas se venían abajo.

González rememora que se le bajo la tensión y del susto se desmayó dos veces. “Esta no la contamos”, pensaba mientras los minutos corrían y las viviendas de la zona se derrumbaban. A las 10:00 pm del mismo día fueron traslados al estadio Brígido Iriarte, en el Paraíso, junto con 50 familias más. A partir de ese momento el centro deportivo se convirtió en su hogar.

Ahora asegura que estos más de 12 meses han sido difíciles porque les ha tocado convivir con desconocidos. Lo que vino después se resume en escuchar promesas de que saldrán de ahí hacia un lugar con todas las condiciones para vivir “dignamente”, palabra que le ha retumbado en la cabeza a Gonzalez desde que el presidente aseguró que en 18 meses cesaría la tormenta en la que se convirtió su vida desde aquella lluvia de noviembre.

La mayoría de los complejos habitacionales donde vivirán parte de los 10.000 damnificados del año pasado tienen hecho solamente el pilotaje.

En el refugio José Ángel Lamas, antigua sede de Ipostel, localizado en San Martín, no hay fecha de salida. Las familias que llegaron en septiembre de 2010 desconocen su destino.

“Somos 60 grupos familiares y sólo 3 han obtenido viviendas.

Hemos escuchado promesas, pero ninguna se cumple”, dijo Pedro Salas, damnificado de Macayapa.

En varias ocasiones los damnificados han oído sobre planes de viviendas. Un lote de terrenos en El Valle, originalmente, iba a ser asignado a las familias. Funcionarios del Gobierno del Distrito Capital, encargados del refugio, aseguraron durante meses que se iniciaría una construcción destinada a las personas albergadas en José Ángel Lamas.

Sin embargo, el pasado 13 de noviembre hubo un cambio de planes. “Supimos que no se nos darían esas tierras. Tampoco tenían apartamentos para nosotros”, dijo Evelyn Salas.

El malestar de los alojados en José Ángel Lamas hizo que cerraran la avenida principal de San Martín. Entre octubre de 2010 y septiembre de este año se han registrado 1.244 protestas para pedir viviendas, según la ONG Provea. Rafael Uzcategui, investigador de esa organización, explicó que la cuenta se fundamenta en publicaciones de prensa: “No tenemos acceso a cifras oficiales. Hay datos muy dispersos sobre el tema”.

La información sobre el destino de los damnificados es escasa. Se calcula que 113.500 personas se encuentran en 773 refugios del país. Aunque la cifra proviene de una solicitud de crédito del Ministerio de Alimentación enviada el 16 de febrero a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, voceros gubernamentales han ofrecido otras estadísticas.

No hay lugares en Caracas que dejen de alojar a damnificados por las lluvias del año pasado. En la Tribuna C del Hipódromo La Rinconada consideran que el hacinamiento ha contribuido al desgaste. “Nos han puesto pañitos de agua.

Somos 382 familias y sólo 7 personas han podido irse del refugio. De ser una respuesta temporal se convirtió en algo permanente. Me cuesta creer que pasaremos otra Navidad aquí”, dijo Zulay Aponte, alojada en el lugar.

En el refugio afrontan robos, explosiones y condiciones insalubres, entre otros problemas.

Cansados de mentiras:

Dos peticiones hacen las familias refugiadas en la antigua procesadora de leche La Silsa: una visita del presidente Hugo Chávez y que no les mientan más. La posibilidad de pasar la Navidad allí los espanta, pero ya están resignados.

Martha Valera afirma que pidió permiso para ir a Barinas, a la casa de su mamá, y se lo negaron: “No sé por qué”, dice. No le queda más remedio que quedarse junto a las 135 familias que también viven en la edificación.

En la parte alta de la otrora empresa, 92 cubículos de paredes blancas encajonan la intimidad de 378 personas ­de esos 192 son niños o adolescentes­. En cada uno sólo caben 2 literas y 1 pasillo, en el que debe ajustarse todo un núcleo familiar.

Los muros sirven de tendederos porque las secadoras están dañadas. Sin embargo, lavan cuando pueden porque el agua les falta con frecuencia.

“Queremos la visita del Presidente, la hemos pedido y nunca ha llegado. Este año no tenemos ni para el Niño Jesús”, subrayó Valera.

Llegaron al refugio hace exactamente un año, luego de que las lluvias causaran el derrumbe de sus casas en Casalta II y III y en La Silsa. Al principio eran 325 familias, pero muchos han regresado a lo que quedó de vivienda. “Mi casa se está cayendo y tiene las paredes agrietadas, pero yo paso las noches allá porque en el refugio no está permitido que pernocten los hombres, y no voy a dejar a mi esposo solo”, cuenta Lina Gutiérrez.

Muchas de las familias de ese refugio están separadas.

“Hay algunas que dejan a uno de sus niños con las abuelas o con otro familiar y hay hombres que han dejado a sus esposas ante la imposibilidad de dormir bajo el mismo techo”, asevera Yesenia Brito.

Aseguran que a ellos les preadjudicaron unas viviendas en la avenida Bolívar. Según Gutiérrez, se las entregarían en junio de 2012, pero ahora temen que sea cierto lo último que escucharon: que deben esperar tres años. Una mujer que prefirió no dar su nombre sostiene que no les puede ir peor: “Estamos cansados, llevamos un año aquí sin respuestas. Ya no queremos más engaños”.

En Vargas:

El 27 de noviembre de 2010 se desbordó el río Marapa-Piache en Catia La Mar y afectó a 80 familias. Las lluvias continuaron y Protección Civil Vargas reportó crecidas en los ríos San Julián, Piedra Azul y Tanagurenas, así como deslizamientos de taludes en la carretera de Los Caracas y en la autopista Caracas-La Guaira.

El 3 de diciembre, los afectados llegaron a 11.600. Los continuos deslizamientos de tierra y el colapso de las viviendas obligaron a las autoridades a habilitar 104 refugios, de los cuales 20% estaba constituido por escuelas, jefaturas e instalaciones deportivas.

En septiembre, con la desocupación de las escuelas para dar inicio a las clases, 30 hoteles sirvieron de alojamiento. En la actualidad quedan 900 familias en 68 albergues, entre los cuales están los hostales, casas comunales, Círculo Militar de Mamo, Estadio César Nieves y el Club Asopredi, así como las casas de vecinos y amigos.

Gladis Requena, diputada e integrante de la Comisión Presidencial para la Atención de las Familias en Refugios, informó sobre la adjudicación de viviendas a los damnificados de Vargas. Destacó que 90% de los 690 apartamentos de Brisas del Aeropuerto está ocupado, y en Playa Grande entregaron viviendas a 99 familias hace 2 meses; otras 99 serán reubicadas en el mismo conjunto residencial.

A Monagas fueron trasladadas 52 familias, a Aragua 15 y a Portuguesa 30. Aseguró que entre agosto y septiembre de 2012 entregarán otras viviendas: “Todas las familias tienen asignada una residencia y saben dónde está ubicada”.

Privacidad entre sábanas. Meglenis Mateus vivía en el sector La Jungla, Vista al Mar, en Catia La Mar. Aún recuerda el sabor amargo que le dejaron las lluvias hace un año. “Aquella noche no pudimos dormir.

Temía que el cerro nos cayera encima, y recé. Le pedí a Dios por mis tres hijos. Llamamos a los bomberos, pero no fue sino hasta el día siguiente que nos desalojaron, porque la casa se agrietó y de un momento a otro se derrumbaría”.

Junto con otras tres familias del sector fueron alojadas en la Jefatura Civil y, luego, en el club Asopredi. “La vida nos cambió.

Adaptarse a gente extraña y quedarte sin privacidad no ha sido fácil. El sacrificio vale la pena porque no quiero peligro para mis hijos”, aseveró.

De las 32 familias que residían en el lugar sólo quedan 15; las otras fueron trasladadas a los apartamentos de Brisas del Aeropuerto.

En Playa Verde permanecen las 15 familias que fueron ubicadas en la recién inaugurada Casa Comunal. En el pequeño salón la privacidad está limitada a una sabana. “En pocas semanas estaremos mejor, por lo menos hasta mayo o junio, cuando nos asignarán las casas.

Fuimos a la sede del Ministerio de la Vivienda y nos mostraron la maqueta de lo que será nuestro hogar en Playa Grande”, afirmaron.

Por: MAOLIS CASTRO
EMILY AVENDAÑO
macastro@el-nacional.com
eavendano@el-nacional.com
LUIS LÓPEZ
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