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    PROPIEDAD: Libertador es territorio de invasiones



    Propietarios de Inmuebles deberán cancelar 30,400 bolívares si no se inscriben en el registro.

    La impunidad fomenta las
    ocupaciones ilegales

     

    Caracas es una ciudad tomada.

    Las parroquias Catedral, San Bernardino, El Recreo y Candelaria agrupan 90% de los 155 edificios que permanecen tomados.

    La mayoría de los asentamientos de invasores en la capital se concentran en las parroquias Catedral, San Bernardino, El Recreo y Candelaria, todas del municipio Libertador. Así lo indican los representantes de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, que consideran que esas jurisdicciones son representativas porque registran gran cantidad de ocupaciones ilegales en relación con Sucre, Chacao, El Hatillo y Baruta.

    Roberto Orta, presidente de Apiur, asegura que hay 155 edificios que permanecen invadidos en esas áreas de la ciudad.

    Sin embargo, en la base de datos de la organización sólo 30 están plenamente identificados. “En el municipio Libertador y, específicamente, en cuatro parroquias está la mayoría de los inmuebles ocupados”, indicó. Orta asegura que los invasores suelen enfocar su mirada sobre edificios porque se hace menos difícil establecerse en ellos. “Cuando se ocupa un edificio, por ejemplo, se cuenta con servicios básicos y construcciones sólidas”.

    Los invasores buscan ocupar edificaciones porque tiene menos trabajo a la hora de reacondicionar.

     La primera oleada de invasiones de inmuebles en la ciudad ocurrió en 2003. Al menos 80 edificios fueron tomados intempestivamente. En la parroquia El Recreo fueron emblemáticas las ocupaciones de Manaure, en la calle San Antonio de Sabana Grande, y Los Andes, en la avenida Las Acacias.

    Los ocupantes de ambas edificaciones ­ 675 personas ­ se asentaron a fuerza de enfrentamientos con cuerpos policiales y vecinos. Alrededor de los inmuebles tomados, actualmente, se formó una especie de área restringida, pues los invasores no permiten el ingreso de extraños.

    Las invasiones de edificios se apaciguaron durante dos años. Sin embargo, en 2006 se produjo otra estampida de tomas en el municipio Libertador.

    La ocupación de la Torre David, a finales de 2007, estremeció a los habitantes de Candelaria.

    Sobre el rascacielos consiguieron vivienda permanente más de 2.500 personas.

    Auguran alza:

    La cifra de invasiones ocurridas este año permite a los expertos hacer cálculos. “Si se mantiene el ritmo de ocupaciones ilegales en Caracas, podríamos llegar a 350 a finales de año”, dijo Felipe Benítez, presidente del Observatorio de Propiedad Privada.

    En 2011 hubo 247 invasiones en la capital, según datos del observatorio. Pese al registro, Benítez afirma que las estimaciones podrían quedar cortas. “Sucede que muchas invasiones no son denunciadas por miedo o por desidia.

    Tenemos los casos de las ocupaciones en los barrios, puntualmente en zonas ejidales o del Estado. Muchas familias construyen sus viviendas en lugares de alto riesgo, que no pertenecen a particulares sino a municipios, que usualmente no son reclamadas”, explicó.

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    Zonas de riesgo:

    Los linderos de las vías que comunican la capital con ciudades dormitorios se convirtieron en asentamientos. Sobre la autopista Gran Mariscal de Ayacucho y la carretera vieja CaracasLos Teques se establecieron numerosas familias desde 2011. Son los desplazados de las lluvias, que alguna vez estuvieron en refugios a la espera de asignación de viviendas dignas y, cansados de la espera, optaron por ocupar terrenos para edificar sus casas.

    En la autopista Gran Mariscal de Ayacucho se establecieron 60 familias, aproximadamente, provenientes de refugios o del barrio en alto riesgo Brisas del Ávila.

    Para Felipe Benítez, esa situación no es nueva. “Eso ha sido una dinámica social común en el país. La gente que invade tiende a trasladarse a áreas que concentran la mayor cantidad de servicios.

    Por eso, en vez de acudir a zonas rurales, optan por irse a las cercanías de las ciudades. En el caso de las carreteras, tienen acceso más rápido a los centros poblados.

    Podemos citar como ejemplo la carretera Panamericana, en la cual se estableció una comunidad completa”.

    Las consecuencias de esas ocupaciones son el peligro para los invasores y el deterioro de las vías.

    Sin ley:

    Expertos aseguran que la fuerza policial fue vencida por los invasores en Libertador. Yasmín Rondón, apodada “comandante Manuitt”, fue una de las pocas que cumplió pena en la cárcel por dirigir la toma de 11 inmuebles en Caracas, en 2004.

    Felipe Benítez, presidente del Observatorio de Propiedad Privada, considera que el motivo del alto número de invasiones está en la impunidad. Con excepción del caso de la “comandante Manuitt”, no posee información sobre personas imputadas por esa trasgresión.

    “Puede ser que hayan disminuido, pues los cuerpos policiales recibieron la advertencia cuando el Ministerio Público amenazó a la Policía de Chacao por desalojar a unos tomistas en 2011. También contribuyó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que despenalizó el delito de invasión establecido en el artículo 471 del Código Penal”.

    Rafael Uzcátegui, investigador de Provea, indica que el panorama se revierte en el resto del país. De acuerdo con estudios de la ONG, 70% de las ocupaciones ilegales se hace en terrenos y no en inmuebles.

    “En el interior del país, especialmente, se observa toma de tierras. Esta no es una situación reciente.

    En una oportunidad, Francisco Sesto (actualmente ministro de Estado para la Transformación de la Gran Caracas) admitió que las invasiones eran mafias”, explica.

    Uzcategui advierte, sin embargo, que en muchos casos no se trata de mafias, sino de familias que utilizan como último recurso la toma ilegal, para llamar la atención de las autoridades ante la falta de viviendas. “Nuestra posición es que este tema no puede ser criminalizado, pues algunas familias que invaden han expuesto la posibilidad de diálogo y la voluntad de pagar las propiedades que ocuparon”, dice.


    Por: MAOLIS CASTRO
    macastro@el-nacional.com
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    EL NACIONAL

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