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    El Editorial: A endeudarnos

    Chávez no repara que el incremento acelerado de la deuda pública puede conducir a una tragedia económica.

    “La “quimio” enloquece..”

     

    El decreto, aprobado con la Ley Habilitante, que modifica la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público es un esperpento jurídico, político y económico por donde quiera que se le mire.

    Desde el punto de vista jurídico le cercena al Poder Legislativo, a la representación popular, sus facultades de control. Ahora la Asamblea Nacional, en lugar de aprobar los nuevos endeudamientos del Gobierno, será solamente informada, cuando éste se realice por “circunstancias sobrevenidas, no previstas o difíciles de prever” que califica como tales el jefe del Estado.

    Así se descubre la intención de la Ley Habilitante y se extiende su carácter arbitrario. Cuando la aprobó la Asamblea anterior, llamada de las focas, consciente de que por el voto popular en la próxima Asamblea el Gobierno no tendría mayoría absoluta y en consecuencia el líder no podría hacer lo que le diera la gana, incurrió en una extralimitación de sus poderes y le redujo competencias a quienes había elegido la voluntad popular.

    La habilitación, cínicamente motivada en los estragos causados por las lluvias, duraba 18 meses. Pero ahora, cuando está cerca de vencerse ese lapso, a través de modificación de leyes orgánicas se le utiliza para introducir cambios estructurales que en la práctica, contrariando el espíritu de la Constitución nacional, le arrebatan atribuciones al Poder Legislativo de forma presumiblemente permanente. Tal es el caso de esta reforma y de la anunciada de la Ley del trabajo.

    Desde el punto de vista político se trata de un abuso de poder. Al despojar a la representación popular de sus facultades de control se está concentrando todo el poder en el Ejecutivo, en este caso en el jefe, aun en asuntos que, como el endeudamiento, afectan a las futuras generaciones. Además, el decreto se expide a pocos meses de las elecciones presidenciales, regionales y municipales, lo que permite sospechar que será utilizado para intentar comprar o deformar la voluntad del electorado.

    Desde el punto de vista económico, significa otorgar un cheque en blanco al candidato Presidente, quien pretende ahora endeudarse más y sin ningún control, no conforme con manejar fuera del presupuesto buena parte de los ingresos nacionales, y de haber reducido de esta forma los ingresos que le corresponden a las regiones y los municipios, y sin reparar en que el incremento acelerado de la deuda pública durante los últimos años puede conducir a una tragedia económica que dejaría pálido al desastre que actualmente vivimos.

    Lo que, si tomamos en cuenta que su tiempo político está próximo a expirar, le permite realizar todo tipo de barbaridades.

    Por ejemplo, amarrarle las manos al próximo gobierno, comprometiendo los ingresos futuros de la misma manera cómo le amarró las manos a la actual Asamblea Nacional mediante la Ley Habilitante, contraviniendo en ambos casos, no sólo en el presente, sino también en el futuro, la voluntad popular.


    Por: Redacción
    Politica | Opinión
    EL NACIONAL
    Sábado 31 de Marzo de 2012


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