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    TULIO HERNÁNDEZ: Todo 4 tiene su 11

    Los comunismos, dictaduras o neoautoritarismos­, no creen en la alternancia...

    “Y los pistoleros de puente
    Llaguno andan libres…”

     

    Hay que aceptarlo, los sucesos de abril de 2002, conocidos como el Carmonazo, son una mancha en la historia contemporánea de Venezuela, tan gris y triste como el Chavazo, la intentona militar de febrero de 1992. Porque, aunque existen grandes diferencias entre uno y otro, ambos representan una violación flagrante de la Constitución y el intento de una minoría de hacerse con el poder sin la consulta popular o los procesos legales que toda democracia exige.

    Hay dos escenas rotundas.

    Una, 1992, la de un tanque de guerra intentando inútilmente derribar las puertas del Palacio de Miraflores para entrar a masacrar a un presidente democráticamente elegido, y otra, en 2002, la de un dirigente empresarial, en el mismo lugar, juramentándose a sí mismo como Presidente de la República, sin la presencia de ningún otro poder constituido, mientras un civil arrogante se pasea a sus espaldas con un arma de guerra en el hombro.

    Ambas son humillantes. La primera, porque anuncia lo que ha ocurrido: el regreso a la escena política venezolana de la fuerza bruta como fundamento del gobierno. La segunda, porque vino a reforzar las tesis chavistas de que en Venezuela existían unas élites acostumbradas a ejercer el poder por encima de las leyes y la voluntad popular.

    También son una traición.

    La de la logia comandada por Hugo Chávez fue una violación del juramento de honor que hacen los militares en cualquier sistema democrático de poner las armas al servicio de la nación y no de una minoría que caprichosamente quiere decidir el destino del país. La del pequeño grupo de empresarios, sacerdotes y activistas políticos representada por Pedro Carmona, porque le quitó la voz a un inmenso, diverso y multitudinario movimiento de masas decidido a hacer renunciar a un Presidente autoritario, se apropió de su fuerza, lo sacó de la calle y lo sustituyó, también autoritariamente, por una junta de gobierno que no fue consultada ni siquiera con todos los movimientos políticos involucrados en la protesta.

    Los hemos pagado caro. El primer hecho, el golpe del 92, porque de allí surgió el liderazgo mesiánico y la doctrina decimonónica que, con vigor de dinosaurio de uniforme, hoy gobierna a Venezuela. El segundo, porque le sirvió la mesa al Gobierno rojo para iniciar la escalada totalitaria y el sacerdocio del odio que desde entonces oficia, violando una y otra vez la Constitución, con el pretexto mediáticamente muy bien manejado de que toda la oposición es golpista.

    Y allí estriba la diferencia entre un proyecto democrático y uno autoritario. Las democracias cuando tienen fracturas internas tratan de suturarlas de inmediato para que el país vuelva a funcionar armónicamente. Es por eso que la democracia venezolana perdonó el crimen de los golpistas de 1992. El presidente Caldera, que ya lo había hecho con los guerrilleros de la década de los sesenta, seguramente pensó que con ese gesto reunificaba al país e incorporaba a los sediciosos a la vida democrática. Pero se equivocó. Ellos tenían otro plan.

    En cambio, los autoritarismos ­ya sean fascismos, comunismos, dictaduras o neoautoritarismos­, como no creen en la alternancia y consideran que los adversarios son enemigos, cuando viven fracturas las agigantan para usarlas como pretexto para eliminar al oponente. Por eso no conocen el perdón. Todo lo contrario. En vez de intentar sanarlas, sus gobernantes se empeñan en ensanchar las heridas y hacerlas, en lo posible, putrefactas.

    No les va bien un país unido.

    Necesitan satanizar a un sector de la población ­llámense comunistas, homosexuales, judíos, gusanos o escuálidos­ para nuclear a su base y justificar los abusos de poder. Es lo que explica que mientras los militares del 4-F, con medio centenar de muertos en su cuenta, sólo pagaron cómodamente dos años de cárcel, los jefes policiales acusados de disparar el 11-A, con menos de una decena de muertos aún sin demostrar, ya llevan diez años presos, sin juicio legítimo y condiciones de mazmorra gomecista. Y los pistoleros de Llaguno andan libres.


    Por: TULIO HERNÁNDEZ
    hernandezmontenegro@cantv.net
    Política | Opinión
    EL NACIONAL
    DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2012

     

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