Fiscalía sí está obligada a
investigar las denuncias
■ Alberto Arteaga Sánchez leyó el documento elaborado por un grupo de abogados opositores.
■ La Comisión de Alto Nivel de Seguridad Ciudadana de la MUD asegura que los poderes Judicial y Ciudadano reciben lineamientos del Ejecutivo.
■ Cuestiona su negativa a abrir averiguaciones por los señalamientos del ex magistrado que involucran al Presidente y al vicepresidente, y que son notitia críminis.
■ El penalista Alberto Arteaga Sánchez leyó un documento de la Comisión de Alto Nivel de Seguridad Ciudadana de la MUD, que le recuerda a la fiscal Luisa Ortega Díaz que el Código Orgánico Procesal Penal la obliga a investigar hechos punibles que sean de su conocimiento, sin necesidad de que alguien haga la denuncia en el país.
El Ministerio Público sí está en la obligación de investigar todas las acusaciones formuladas por el ex presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte Aponte contra funcionarios públicos y militares, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, dijo el abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez.
“Parece que la fiscal ignora el contenido del artículo 283 del COPP, que establece que cuando, por cualquier modo, el Ministerio Público tenga conocimiento de la presunta comisión de un hecho punible debe proceder a investigarlo”, indicó.
Añadió que ese instrumento no sólo estipula que la Fiscalía investigue cuando se presenta una denuncia o querella, sino que también está obligada a averiguar de oficio cuando tenga noticia sobre un delito.
Arteaga fungió como vocero de la Comisión de Alto Nivel de Seguridad Ciudadana de la MUD y leyó un documento con el análisis jurídico que hizo un grupo de abogados luego de las acusaciones formuladas por el ex integrante de la alta corte, que aseguró que miembros de los poderes Ciudadano y Judicial reciben lineamientos del Ejecutivo y utilizan el marco legal para perjudicar a opositores.
En el documento, los especialistas cuestionan la respuesta ofrecida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien argumentó que lo declarado a través de un medio de comunicación social no es suficiente para iniciar una averiguación.
“La notitia criminis que involucra al Presidente y al Vicepresidente de la República en la presunta manipulación y control de la justicia confirma lo que tanto se ha venido denunciando en los últimos años: el Poder Judicial y el Ministerio Público no gozan en la actualidad de las condiciones de independencia y autonomía obligatorias en un sistema democrático y de Derecho. En este sentido, es pertinente recordar lo establecido en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución”.
Libertad para los presos políticos:
La MUD exigió una averiguación imparcial. Emplazó a la Sala Constitucional a revisar todas las sentencias del ex juez y dictar libertad a los condenados.
“Los señalamientos del ex magistrado Aponte Aponte reconocen la existencia de presos, perseguidos y exiliados políticos, y detallan también parte de los tratos crueles e infamantes a los cuales se encuentran sometidas estas víctimas de procesos judiciales plagados de pruebas amañadas e imputaciones sin ningún fundamento jurídico. Por estas razones, exigimos la libertad plena e inmediata de los mismos, así como el cese de sus ilegales procesos penales”, expresa.
La MUD critica el proceso de designación de jueces y magistrados. Advierte que se han incumplido los requisitos de las leyes vigentes.
“Administradores de justicia que no merecen este calificativo, como Eladio Aponte Aponte, el cual gozó de la confianza y credibilidad del Gobierno hasta poco antes del momento de sus declaraciones, son la consecuencia de las recurrentes violaciones de todas las disposiciones constitucionales y legales que establecen los requisitos y procedimientos para el nombramiento de los magistrados, jueces y fiscales del Ministerio Público del país”, señala.
Llevarán video a la Fiscalía:
Theresly Malavé, integrante de la organización Justicia y Proceso Venezuela, consignará ante el Ministerio Público una copia de la entrevista ofrecida por el ex magistrado Eladio Aponte Aponte a un canal de televisión de Miami, junto con una solicitud de que se investiguen los hechos allí denunciados.
“Como la fiscal asegura que se requiere una denuncia formal, pues nosotros vamos a acudir al Ministerio Público a exigir que investigue”, dijo.
Malavé manifestó que al negarse a iniciar la averiguación, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, deja en evidencia dos posibles escenarios. “Está siendo negligente en el ejercicio de sus funciones o está parcializada”.
La abogada indicó que según Aponte uno de los casos en los que hubo presión para que se ratificara la sentencia fue el de los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, y recordó que fue precisamente Ortega quien fungió como representante del Ministerio Público en ese juicio.
El penalista Alfredo Romero destacó que la fiscal Ortega Díaz debe inhibirse del proceso por ser una de las personas mencionadas por Aponte Aponte. “Al estar incluida según el ex magistrado entre quienes lo llamaban para que manipulara los juicios y entre los funcionarios que acudían a las reuniones de los viernes en la Vicepresidencia para decidir el destino de algunos presos, los fiscales que se encarguen del caso no pueden reportarle a Ortega”, señaló.
Lo procedente, añadió el abogado, es que en este caso la fiscal general sea sustituida por un fiscal suplente que para tales casos nombró el TSJ.
Aseguró que no hay razón para no iniciar la investigación.
“Aquí se han comenzado averiguaciones por el solo hecho de haber recibido llamadas telefónicas anónimas. Así fue como empezó el proceso contra Alejandro Peña Esclusa, enjuiciado por ocultamiento de explosivos”, advirtió.
Por: INGRID BRAVO BALABÚ
DIANA LOZANO PERAFÁN
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EL NACIONAL
SÁBADO 28 DE ABRIL DE 2012
