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    JUDICIAL: Trabajadores de la finca de Makled piden justicia



    Trabajadores de la finca El Rosario afirman que nunca vieron el tráfico de drogas.

    Uno de los obreros padece
    cáncer de próstata

     

    Los cuatro hombres y las dos mujeres no tienen cómo pagar un abogado

    Dos arreadores de ganado, un ordeñador, un jardinero, una cocinera y una mucama son juzgados en el Tribunal 20º de Juicio de Caracas junto con los hermanos Makled por las 393 panelas de cocaína que los agentes de la Dirección de Inteligencia Militar hallaron en la finca El Rosario, fundo que estaba en posesión de Walid Makled el 13 de noviembre del 2008.

    El vínculo que esos trabajadores tienen con el delito es que eran empleados de la hacienda y estaban en el fundo el día del allanamiento.

    Los seis campesinos hicieron llegar cartas a El Nacional en las que cuentan que no conocían a los Makled ­que los vieron por primera vez en tribunales­, y que no sabían que había droga en el fundo. Indican que nunca vieron trasbordo de cajas traídas en aviones que supuestamente aterrizaban en la pista cercana a la finca y que presuntamente eran llevadas a la hacienda, como ha intentado probar la Fiscalía en juicio sin mucho éxito.

    Enviar notas a la prensa fue la única forma que encontraron estas personas para comunicarse con los periodistas que asisten normalmente al juicio, pues sus abogados, integrantes de la Defensa Pública, tienen prohibido hablar con los medios, incluso para contar, como ocurrió en el caso de José Fernando Soto, que tiene 72 años de edad y padece de cáncer, que no pudieron hacerle los exámenes médicos porque en el Hospital Militar no había envase para tomar muestras de orina y el acusado no tenía dinero para comprarlo.

    Ello ocurre porque a diferencia de los Makled, que tienen dos defensores privados, los trabajadores de la hacienda no cuentan con recursos para pagar a un abogado y deben contentarse con la labor que realizan los miembros de la Defensa Pública, que, salvo honrosas excepciones, no interrogan a los testigos que son llevados a juicio o formulan preguntas que no parecen encuadrar en alguna estrategia diseñada para limpiar el nombre de sus defendidos.

    Contraria a la situación de Makled ­que tuvo el control de gran parte del puerto de Puerto Cabello y del aeropuerto de Valencia, y que dijo haber pagado una nómina de 1 millón de dólares mensuales a funcionarios con altos cargos en el gobierno de Chávez y a integrantes de la FAN­, estas personas, algunas de las cuales no saben leer ni escribir, no tienen siquiera una vivienda propia y trabajaban en la hacienda por 40 bolívares al día.

    Los cuatro campesinos y las dos mujeres que están presos desde hace tres años y medio son enjuiciados por tráfico de drogas, asociación para delinquir y ocultamiento de armas de fuego (pues en la hacienda se incautaron dos escopetas y un revólver). Todos los delitos les son atribuidos en calidad de cooperadores inmediatos.

    Todos fueron contratados por el encargado de la finca, Luis José González, que admitió ­según consta en el acta que levantó el propio tribunal­ que recibió 25.000 bolívares por guardar la droga en el fundo, y que aclaró que ni los empleados ni los Makled sabían de las 18 cajas con cocaína que él metió a la finca un día antes de que llegaran las autoridades.

    José Fernando Soto:

    Era el encarado de arriar el ganado. Trabajaba en el fundo desde antes de que Makled tomara posesión de la propiedad. Ganaba 200 bolívares semanales. Tiene 72 años de edad, padece cáncer de próstata, orina sangre y sufre de ardor y dolores. En las audiencias, que se extienden por más de cuatro horas, pide permiso para ir al baño en reiteradas oportunidades.

    “Estoy muy enfermo y no tengo nada que ver con este caso.

    Mis derechos han sido vulnerados”, indica en la carta en la que colocó su rúbrica, porque sólo sabe firmar.

    “Mi papa ya es un señor mayor. Está para pasar sus últimos tiempos en la casa, no metido en esa cárcel. Yo iba normalmente a visitarlo y nunca vi nada raro”, dijo por teléfono, llorando, una de sus hijas, que prefirió no dar su nombre, y que rechazó la versión de los funcionarios que han declarado en juicio, según la cual la droga estaba en la casa de bahareque en la que dormía Soto.

    Miguel Antonio Castro Menco:

    Estaba contratado para atender el ganado, labor por la que ganaba 40 bolívares diarios.

    Trabajaba en la hacienda desde que la propiedad era habitada por Boulton.

    En la carta que envió con las huellas de sus pulgares, y que alguien más escribió por él porque en la misma manifiesta no saber siquiera firmar, explicó que estuvo a punto de abandonar el fundo cuando los Boulton se la entregaron a Makled.

    “De todo corazón puedo jurar que somos inocentes. Si hubiera visto movimientos raros en la finca, me hubiera ido. Lo de los carros, los aviones y las cajas de que hablan en ese juicio son pura mentira”.

    Castro, de 65 años de edad, es colombiano, tiene más de 30 años en el país y no tiene familiares en Venezuela.

    Norbelys Carmona Mendoza:

    Tenía cuatro meses trabajando en la finca. Su esposo (Néstor Santo Acosta), al que habían contratado como jardinero, logró que la emplearan para labores de limpieza.

    Como consiguieron trabajo en la misma hacienda, la pareja logró que el encargado les permitiera vivir en el fundo con sus dos hijas, que tenían 3 y 5 años de edad. “Delante de los ojos de Dios puedo asegurar que no sabíamos nada. Yo sería incapaz de meter a mis hijas en algo así”, señala la mujer en la carta, en la que denuncia que la noche del allanamiento las niñas tuvieron que dormir a la intemperie junto a ella en la vaquera, por indicación de los uniformados.

    “¿Cómo vamos a ser narcotraficantes si no tenemos nada? Los pocos coroticos que teníamos los perdimos porque quedaron en la hacienda”, dice.

    Néstor Santo Acosta:

    Era el jardinero y tenía cuatro meses trabajando para los Makled.

    Ganaba 250 bolívares semanales. El hombre, que entonces tenía 23 años de edad, llegó a la finca porque buscaban obreros.

    José Antonio Figueredo Mendoza. Era ordeñador y tenía seis meses laborando para los Makled cuando ocurrió el allanamiento. Le pagaban 200 bolívares a la semana.

    “Tenía un trabajo en otra finca en la que había estado dos años. Ese patrón no quería que me fuera. Me vine para El Rosario porque quedaba más cerca de mi casa y porque ganaba 20 bolívares más. A estos les ordeñaba 40 vacas, en cambio al primer patrón le ordeñaba 20. Me arrepiento. Estoy metido aquí por gafo”, cuenta en su carta.

    Figueredo, de 49 años de edad, estudió hasta cuarto grado y no tiene ninguna posesión. “Si traficara, tendría casas y muchas cosas. Mi familia es pobre. No tienen cómo visitarme. El que le daba a mi mamá era yo”, asegura en el texto.

    Sarahí Márquez Araujo:

    Era la encargada de cocinar. Ganaba 200 bolívares semanales. Tenía casi un año trabajando en la finca.

    “Tengo cuatro años sin ver a mis niñas. La mayor tiene ya 8 años. No dejo que me las lleven a Tocuyito porque ese no es lugar para ellas. Así que les dicen que estoy trabajando o de viaje”, indica en su carta.

    La finca de Makled:

    La hacienda “El Rosario” perteneciente a la familia Makled tendrá nuevo uso, tras anunciarse la creación de un complejo de viviendas en las 140 héctáreas de terrenos, ubicados en Tocuyito, estado Carabobo.

    De acuerdo con el diario Notitarde, el Comandante de la Guarnición del Estado Aragua general Cliver Alcalá Cordones, informó que se construirán 300 viviendas y una escuela que tendrá capacidad para aproximadamente 1.000 alumnos.

    En noviembre de 2008 en la finca “El Rosario” fueron incautadas casi 400 kg de cocaína y un importante número de armas. Además, Walid Makled es señalado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas como el supuesto autor intelectual del homicidio del abogado Orel Sambrano Toro, columnista y analista político de Notitarde durante 18 años.

    Silencio controversial:

    En relación con las recientes acusaciones que reiterara Walid Makled desde Colombia contra el general Alcalá, señaló que no tomará en cuenta “lo que diga un narcotraficante”.


    Por: DIANA LOZANO PERAFÁN
    dlozano@el-nacional.com
    CIUDAD | CARABOBO
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    CÁRCELES | CORRUPCIÓN
    EL NACIONAL
    MIÉRCOLES 06 DE JUNIO DE 2012


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