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    PABLO AURE: Caos por asfixia presupuestaria en UC



    Siguen hospitalizados 7 de los estudiantes heridos que dejó choque de autobus de UC en Paseo Cabriales.

    ¡Hasta Cuándo!

     

    Más de la mitad de los autobuses se encuentran dañadas y no ofrecen seguridad.

    Imposible obviar lo ocurrido con el autobús que el pasado viernes chocó contra las rejas del Parque Fernando Peñalver, vehículo en el cual se trasladaban estudiantes hacia la Universidad de Carabobo. Momentos de consternación vivimos los universitarios. Muchos heridos, algunos de gravedad.

    Desde hace varios años las universidades autónomas venezolanas hemos sufrido asfixia presupuestaria que nos ha impedido mejorar y hasta mantener los servicios que presta. El transporte es uno de ellos, con la agravante que la partida presupuestaria para dotarnos de autobuses la maneja directamente el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). Esto quiere decir que ninguna universidad puede utilizar los menguados recursos que nos mandan para adquirir autobuses.

    El parque automotor de la Universidad de Carabobo está compuesto por 50 autobuses y 20 busetas. Eso es lo que aparece en los inventarios. Cantidad que pareciera suficiente si no se conociera la realidad de lo que sucede dentro de nuestra institución. Más de la mitad se encuentran dañadas.

    Las unidades están en continuo movimiento mientras sean utilizables: salen a las 5 am, y llegan después de las 11 pm. Algunas incluso más tarde, las que hacen rutas lejanas a Maracay, Mariara, Puerto Cabello, Güigüe, Bejuma.

    No es difícil deducir que la cantidad de autobuses con los que cuenta la Universidad de Carabobo es insuficiente para atender una población estudiantil cercana a los 60.000 bachilleres, provenientes de las distintas áreas de influencia de la UC que abarca los estados Carabobo, Aragua, Cojedes, Yaracuy y la costa oriental del estado Falcón.

    Debido a la insuficiencia de unidades de transporte se ha tenido que recurrir a convenios con gobernaciones y alcaldías. Muy pocos son los gobiernos regionales y municipales que manifiestan una actitud solidaria con sus pobladores que cursan estudios en la UC. Si existiera la cooperación de todos, el problema se solucionaría. Las asociaciones de estudiantes también se involucran en el tema del transporte y coordinan sus rutas.

    A todas estas, emergen los transportistas “privados”. Debo reconocer que son necesarios mientras el ejecutivo nacional mantenga la política de no enviar autobuses a la UC. Cuestión paradójica: un gobierno que se opone a la privatización y al mismo tiempo la facilita en las universidades. De no existir los “privados”, hay que decirlo, la mayoría de los estudiantes se verían impedidos de poder asistir a sus clases.

    Desde luego que cuando se incluye al sector privado en el transporte, hay negocios, cuestión que tampoco debe ser criticada, porque todo aquel que presta un servicio debe recibir una contraprestación. El problema es la falta de controles que las Administraciones Públicas competentes deberían imponer sobre los prestadores del servicio provenientes del sector privado.

    Soluciones:

    No se trata de correr la arruga, sino de entender la situación respecto al transporte universitario.

    Es un problema de gobierno, de Administración Pública el que los servicios se presten con eficiencia y seguridad. Si los universitarios, estudiantes o trabajadores, se ven en la necesidad de emplear un proveedor de transporte privado, lo menos que se puede hacer es poner el mayor celo en la eficiencia y transparencia de dicho servicio.

    Sin embargo, no es un secreto que lo que padecemos los universitarios es algo que sufre el ciudadano de a pie todos los días, con un “sistema de transporte” paupérrimo, destartalado, sin controles ni un mínimo de calidad y seguridad, lo cual se traduce en una total y absoluta falta de respeto por el ciudadano. Repito: no solo los universitarios lo padecen. Es el valenciano en general.

    Venezuela, un país que se predica “socialista”, donde se supone que la prestación del Estado va dirigida fundamentalmente a la prevención de las calamidades y la protección del ciudadano en general, es, paradójicamente, un verdadero e innegable caos, donde accidentes como el que padecimos los universitarios lo vivimos a diario todos en este país.

    Solidaridad humanitaria:

    Este es el momento para poner al lado todas las diferencias políticas en pos de buscar resolver una coyuntura que es, al fin y al cabo, de todos. Hay una deuda con los venezolanos, una deuda de cosas que, francamente, son estándares de vida para toda sociedad del siglo en que vivimos.

    Hay que trabajar para mejorar nuestros servicios: no solo en materia de transporte, sino en medicina, educación y seguridad. La última no es solo aquella que tanto nos duele carecer, esa tranquilidad al salir de nuestras casas que en muchos países se considera parte de la normalidad diaria. Hablamos de la seguridad absoluta, aquella para la cual no hay que sacrificar libertades sino, por el contrario, una seguridad que es garantía de las mismas.

    La seguridad de que habrá medios de transporte dignos y adecuados para llegar a nuestros lugares de estudio, de que habrá fondos para pagar los salarios de trabajadores de todas las ramas de la economía, privados y públicos por igual, la seguridad para invertir, tan solo para mencionar algunas facetas de lo que es el mismo e indispensable elemento para nuestro país.

    Dicha seguridad únicamente es posible a través de la conciliación, de darle prioridades a la vida de los ciudadanos por encima de diferencias ideológicas. Tiene que haber un compromiso, por ejemplo, por parte del gobierno de hacer lo que es efectivamente el motivo de su existencia: velar porque las Administraciones Públicas sean eficientes en su trabajo en pro del bienestar general.


    Por: Pablo Aure
    pabloaure@gmail.com
    www.pabloaure.blogspot.com

    Politica | Opinión



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