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    TÁCHIRA: Ofrecen casa a damnificados para dentro de un año



    A los damnificados que permanecen en el hotel Buenaventura Inn les ofrecieron casa para dentro de un año o año y medio.

    Damnificados están hospedados en un hotel
    construido para la Copa América 2007

     

    La alcaldesa Mónica García dijo que hay albergues con personas sin techo que esperan la construcción de una vivienda desde hace siete años.

    Un total de 27 familias damnificadas y en alto riesgo de varios sectores de San Cristóbal ­integradas por 116 personas, de las cuales 38 son niños­ permanecen en las habitaciones del hotel Buenaventura Inn, cuyas instalaciones fueron construidas para albergar a los turistas que iban a asistir a la Copa América 2007 en el estado Táchira.

    Sin embargo, por razones que nunca señalaron los encargados de la organización del evento futbolístico, las instalaciones no fueron terminadas y el hotel no empezó a funcionar.

    Desde hace una semana, los coordinadores del Estado Mayor de Invierno llevaron a estas familias, que ocupan 27 de las 47 habitaciones construidas.

    Carolina Abril, vocera del consejo comunal del barrio Rafael Moreno, está refugiada en el lugar luego de vivir 27 años en la zona que colapsó por deslizamiento de terrenos y tres lagunas que se formaron con las lluvias y que amenazan con arrasarlo todo.

    “Le pido a los organismos que ayuden a las familias que quedaron allá porque necesitan de ustedes, así como nos ayudaron a nosotros. No abandonen a mi gente de Metalúrgica, barrio El Río y Bella Vista”, dijo.

    Indicó que además de tener un techo temporal, les ofrecieron tener uno propio para dentro de un año. “Dijeron que aproximadamente en un año o año y medio. Confiamos en Dios y el presidente”, comentó la mujer.

    Se alternan los trabajos de limpieza y cocina, y esperan que en los próximos días lleguen más afectados por las lluvias. Las instalaciones están custodiadas por funcionarios militares del Ejército que llevan el control de las personas que ingresan al lugar.

    Mónica García, alcaldesa de San Cristóbal, no es tan optimista con los plazos ofrecidos por el Gobierno para otorgar una vivienda a quienes permanecen en refugios.

    “Lo dudo. Para muestra, un botón: tenemos unos damnificados en el barrio El Río que van para siete años y todavía no los han reubicado. En el hotel Incret, hay gente viviendo desde hace año y medio y nada”, señaló García.

    Aseguró que si se hace un diagnóstico certero de los damnificados, hay altos porcentajes de extranjeros, personas que no son del municipio San Cristóbal y ciudadanos que recibieron viviendas y las vendieron.

    “40% está viviendo una situación difícil, pero estar en un refugio no es garantía de recibir una vivienda del Gobierno”, dijo.

    Las personas refugiadas en el hotel se encargan de las labores de limpieza y de la cocina.

    Al lado de los pobladores:

    A aproximadamente 50 metros del refugio, en el mismo sector La Castellana, hay un terreno privado que fue ocupado por 200 familias del Movimiento de Pobladores con el apoyo de legisladores oficialistas. La acción hizo que los propietarios de los terrenos y vecinos protestaran y hasta quemaran cauchos.

    Los dueños indicaron que años de esfuerzo y sacrificio para la adquisición de las parcelas están amenazados por la invasión, y rechazaron que la ocupación de terrenos estuviera incitada por diputados regionales.

    El Movimiento de Pobladores se amparó en la Gaceta Oficial número 6061 del 9 de diciembre de 2011, en la que el presidente Hugo Chávez decretó las Áreas Vitales de Viviendas y Residencias. Movilizaron máquinas y derribaron algunas cercas. Aseguraron que a alrededor de 10 consejos comunales de San Cristóbal cuentan con proyectos y recursos para desarrollar 120 viviendas aproximadamente.

    Sin embargo, los propietarios dijeron que el texto de la gaceta establece o delimita las áreas para viviendas, por lo que no pueden ser utilizadas con otro propósito. Señalaron que en el documento tampoco se establece la expropiación de terrenos.

    Daniel Ceballos, diputado del bloque democrático del Consejo Legislativo, presentó un escrito ante el Ministerio Público para exigir a sus funcionarios que actúen sobre la situación en La Castellana.

    “La gravedad del asunto es que no se trata de la invasión tradicional sino que el Estado con maquinarias ha arremetido contra los propietarios que tenían planificado hacer viviendas. El Estado, arbitrariamente, les ha violado el derecho a la propiedad, un derecho constitucional. Les están pintando villas y castillos a familias humildes afectadas por las lluvias porque les han dicho que les van a construir casas. Hay un gran engaño por un momento electoral”, dijo Ceballos.


    Por: ELEONORA DELGADO
    TÁCHIRA | SAN CRISTÓBAL
    POLÍTICA | OPINIÓN
    OFICIALISMO | PSUV
    EL NACIONAL
    DOMINGO 22 DE JULIO DE 2012


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