Las migraciones de candidatos y sus
familiares. No pasaron solas…
■ La MUD demandará los traslados de siete candidatos psuvistas ante el TSJ si el Poder Electoral no anula la medida.
La Mesa de la Unidad Democrática interpondrá un recurso de nulidad ante la Sala Electoral del TSJ en contra de las migraciones extemporáneas de siete candidatos del PSUV después del cierre del registro electoral. La coalición actuará si el CNE no deja sin efecto los traslados de los abanderados del chavismo Ramón Rodríguez Chapín, Erika Farías, Aristóbulo Istúriz, Tareck el Aissami, José Gregorio Vielma Mora y Yelitze Santaella.
El secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, recordó que para los procesos electorales presidenciales y regionales el lapso de cambio de direcciones y nuevas inscripciones venció el 15 de abril.
“No hay ninguna explicación en la justicia que justifique el tratamiento alevoso que recibieron los venezolanos habitantes del exterior, y que tuvieron toda clase de obstáculos para votar y el privilegio con la gente conectada con el poder.
Eso es algo que dañó muchísimo a las instituciones. Sobre todo es algo que daña muchísimo al país”, dijo Aveledo.
Adelantó que un grupo de abogados revisa las acciones que emprenderá si no hay respuesta oportuna. Indicó que la oposición espera que se determinen las responsabilidades de los funcionarios que facilitaron el cambio de centro de votación a los abanderados oficialistas.
“Mientras que hay unos por ahí echando cuentos, otros estamos trabajando fuertemente para ganar el próximo 16 de diciembre. Por tal motivo exigimos que las migraciones electorales sean anuladas.
El CNE debe anular migraciones ilegales de candidatos del Gobierno y familiares. Esas no pasaron solas. La impunidad es la madre de los delitos de este país. Es verdad que nos tardamos en dar estos resultados, pero es preferible hablar ahora que tenemos todo en la mano”, apuntó.
Precisó que la coalición no tiene pensado sustituir a su delegado ante el órgano del sufragio. “Nuestro representante es Enrique Márquez y nadie de la MUD ha solicitado que se nombre a otra persona”, aclaró.
Marco legal. Trascendió que los involucrados en las migraciones extemporáneas podrían haber incurrido en violación de la normativa electoral y del artículo 68 de la Constitución, que tipifica como delito el favorecimiento de los empleados que laboren en instituciones públicas para promocionar candidaturas.
“El funcionario público que abusando de sus funciones utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político será sancionado con prisión de tres a seis años”, reza el apartado.
Por: I. B. B.
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EL NACIONAL
SÁBADO 27 DE OCTUBRE DE 2012
