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ALQUILERES: Dos mujeres se encadenan al Sunavi




Yoleima Medara moreno: "Llevo más de cinco años, pidiéndole a mi inquilino que me devuelva mi casa en la Candelaria. La necesito para vivir con mis nietas".

Dos propietarias se encadenan en la
superintendencia de Arrendamientos

 

No valen demandas.

En un año ningún contrato de alquiler ha sido revisado.

Las medidas de desalojo están prohibidas por el Gobierno.

Propietarias se encadenaron a Sunavi para exigir la devolución de inmuebles.

La ley de Arrendamientos aumentó conflictividad entre arrendadores y arrendatarios.

Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles, afirmó que los Bs 70 millones consignados en tribunales pasaron ayer a manos del Estado.

Celia Hernández tiene dos hijos con retardo mental y alquiló parte de su casa en Charallave, pero el inquilino no le paga desde hace dos años y medio. “No he podido sacarlo porque los desalojos están prohibidos”, dijo.

Marisa Fariña, afectada por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas y coordinadora del Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler, se encadenó ayer en la sede de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos en Las Mercedes, para exigir celeridad en los procesos en los que han sido perjudicados miles de propietarios por sus inquilinos, que se niegan a devolverles los inmuebles. Fariña no ha podido recuperar su casa en la Calle Real de Catia.

Yoleima Medara Moreno, también se encadenó. Es dueña de una casa en la Candelaria y lleva más de cinco años pidiéndole a su inquilino que le devuelva la propiedad porque la requiere para vivir con sus tres nietas, a quienes está criando.

Varios afectados por esta ley compartieron sus experiencias en el encuentro realizado por la Asociación de Propietarios de Inmuebles para presentar una evaluación a un año de promulgada la ley. Celia Hernández, ama de casa de 53 años de edad y madre de 2 hijos con retardo mental, decidió hace 3 años alquilar parte de su casa en Charallave para completar sus ingresos y poder costear los medicamentos de sus hijos. El inquilino sólo le pagó los primeros 6 meses y desde hace 2 años y medio vive gratis. “Lo demandé pero no lo he podido sacar porque están prohibido los desalojos. He acudido a la Superintendencia varias veces, pero siempre me dicen que no hay defensores para atender casos en Charallave y yo, mientras, sin dinero y sin poder pagar el tratamiento de mis hijos enfermos”.

Neil Contreras, de 42 años, construyó 4 anexos en su casa situada en Los Rosales y tras vencerse el contrato de los inquilinos, trató de negociar con ellos su salida de la vivienda, pero no aceptaron alegando que la nueva ley los amparaba. “Hace un año y cuatro meses consigné documentos y recaudos ante la Sunavi para solicitar la desocupación, pero pasó el tiempo y la respuesta que obtuve fue que los habían extraviado y que debería volverlos a llevar. La vivienda se ha dañado con las lluvias y podría caerse, he llevado a los bomberos y a Protección Civil para que la inspeccionen y certifiquen que está en riesgo y hay que proceder a desalojarla para poder remodelarla, pero ni así he podido sacarlos”, afirmó.

Raúl Delgado, de 42 años, alquiló su casa en Charallave hace 6 años en 900 bolívares la mensualidad. “Yo me divorcié y necesito mi inmueble para vivir porque no tengo a donde ir. El inquilino me dice que no me devolverá mi casa porque Chávez se la regaló. La Sunavi no hace nada, es definitivamente un atropello”.

Nubia Durán tampoco la ha tenido fácil. Heredó de sus padres una casa en Catia que ya estaba alquilada. Uno de los inquilinos les dejó a su cónyuge y a sus 3 hijas el inmueble y desde hace 8 años no le pagan. “Me agredió físicamente.

La denuncié en la Fiscalía y la Sunavi, pero los procesos administrativos son muy largos.

La ley está enfrentando a pobres contra pobres. Los pequeños arrendadores somos los más afectados”.

Pliego de solicitudes:

Ayer se cumplió un año de la promulgación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, sobre la cual Apiur hace una evaluación negativa. Roberto Orta, su presidente, señaló que entregaron en la Superintendencia un documento con los resultados. “No se ha hecho ninguna regulación de alquileres y ningún contrato ha sido revisado. No se renovó el congelamiento de alquileres, pero tampoco se liberó. Los propietarios prefieren vender antes que alquilar. Aumentaron los conflictos entre propietarios e inquilinos. Incrementó el déficit de viviendas y los pequeños propietarios han quedado severamente perjudicados”.

Por: DULCE MARÍA RODRÍGUEZ
drodriguez@el-nacional.com
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EL NACIONAL
MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2012


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