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    PARAMILITARES: Ley para el Desarme no menciona a los “Colectivos”



    Los grupos armados del 23 de Enero aún no fijan posición unitaria sobre el control de municiones.
    Los grupos armados del 23 de Enero aún no fijan posición unitaria sobre el control de municiones. Tupamaros se ofreció para participar.

    Comienzan a diseñar reglamentos
    sobre entregas “voluntarias”

     

    Colectivos no son mencionados en la nueva Ley para el Desarme.

    La Coordinadora Simón Bolívar aún no fija posición al respecto.

    Tupamaros estarían trabajando para conformar grupos paramilitares en Nueva Esparta.

    La nueva Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones no incorporó ninguna disposición específica para prevenir la creación de grupos armados o colectivos ni para desarmar a los ya existentes.

    El texto de 126 artículos, 6 disposiciones transitorias y 2 derogatorias, publicado en Gaceta Oficial el lunes pasado, no toma en cuenta la existencia de estas organizaciones en el país. Sus proyectistas generalmente eludieron el asunto o disminuyeron su importancia. Por ejemplo, el secretario técnico de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, Pablo Fernández, en un foro equiparó a estas organizaciones con las personas que según él han ultimado a los campesinos que toman fundos en supuesta ejecución de la Ley de Tierras.

    “Llama la atención el silencio de los medios frente al hecho objetivo de 300 campesinos asesinados por defender la Ley de Tierras. Creemos en el desarme para todos los sectores. No podemos reducir esto a un colectivo”, afirmó.

    El diputado Juan Carlos Alemán, integrante de la comisión que elabora el reglamento a la ley, afirmó que los colectivos no fueron mencionados porque la norma “aplica para todos los sectores”.

    “Lo que nos interesa es que los sujetos entreguen las armas, no si pertenecen o no a un colectivo. Por eso, la ley está hecha en los términos más amplios posibles”, dijo.

    Reglamento necesario. La ley vigente establece que el Ejecutivo contará con 180 días para elaborar los reglamentos que permitan poner en práctica iniciativas como la entrega voluntaria y anónima de las armas, prevista en los artículos 84 al 88 del texto. El plazo vencerá el 17 de diciembre y no será prorrogable. De acuerdo con el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, los reglamentos estarán listos en la mitad de ese tiempo.

    El grupo que los elabora está encabezado por la viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, María Wendolay. Esta semana comenzó a sesionar.

    El criminólogo y profesor de la ULA Freddy Crespo señaló que el Ejecutivo ha convencido a individuos para que entreguen sus armas en forma voluntaria. En cambio, indicó que los colectivos “difícilmente lo harán porque para ellos el arma tiene otra connotación”.

    “Muchos jóvenes entregarán sus armas precisamente porque quieren deslastrarse de estos grupos. Piden escolaridad, trabajo y que el Estado les garantice salir del barrio”, aseguró.

    En evaluación:

    La norma abrirá la posibilidad de que tanto particulares como agrupaciones o colectivos entreguen sus armas al Estado de forma anónima y voluntaria.

    A este proceso se le llamó “amnistía”, y es visto como un requisito indispensable para que el desarme tenga éxito. El artículo 88 de la ley establece que no se iniciaría ninguna persecución penal hacia la persona que consigne el armamento.

    Los colectivos que operan en la parroquia 23 de Enero aún no han llegado a un consenso sobre la actitud que tendrán frente a la iniciativa.

    El representante de la Coordinadora Simón Bolívar, diputado suplente Juan Contreras, indicó que el tema sería analizado durante una reunión el miércoles en la sede de esa entidad, en La Cañada. Dijo que el asunto es “delicado” y que por lo tanto cualquier posición debe ser producto del debate entre los colectivos que participan en ese conglomerado. Los contactos posteriores fueron infructuosos.

    El único que adelantó opinión al respecto fue el secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaro José Pinto. Anunció que su organización inició contactos con la Comisión para el Desarme para participar en las iniciativas del Ejecutivo.

    Advirtió que ese problema no se resolverá de la noche a la mañana debido a la existencia de “deformaciones estructurales” en la sociedad, que fomentan la violencia armada.

    Considera que el Gobierno debe “diseñar una política de participación” para superar las condiciones de exclusión que llevan a ciertas personas a incorporarse a grupos violentos.

    “En la medida en que se sientan incluidos, entregarán las armas. No se puede entregar un balón de 1.200 bolívares a cambio de una pistola que cuesta 20.000 bolívares en la calle. Eso no es un incentivo real sino la participación. Nosotros hemos hecho un trabajo en esa dirección con sectores armados”, dijo.

    Amnistía para armados:

    El MRI evalúa extender la amnistía por un lapso de hasta dos años. Se considera que de esta forma podrán desarrollar bien las campañas a través de los medios de comunicación y en las comunidades con el fin de promover la entrega voluntaria de armas.

    La publicidad será financiada a través de un fondo especial, cuya creación está prevista en la ley. Aceptará donaciones internacionales así como aportes del Ejecutivo y porcentajes de las ventas reportadas por Cavim.

    Una vez finalizada la amnistía, los únicos centros para la recepción de armas quedarán en las oficinas de la Daex en todo el país. La persona que entregue la pieza deberá ser reseñado. Simultáneamente serán aplicadas las normas para el desarme compulsivo.

    En la reunión del jueves, la Fiscalía cuestionó la posibilidad de que las armas entregadas sean inutilizadas sin que se les haga la correspondiente experticia para determinar si fueron usadas en algún delito, lo que contribuiría a incrementar la impunidad.

    Otros miembros de la comisión afirmaron que lo importante es facilitar al máximo las entregas.

    Tupamaros estarían trabajando para conformar grupos paramilitares en Nueva Esparta tal y como los existentes en el 23 de Enero en Caracas.


    Los Tupamaros en Nueva Esparta:

    Con el arribo al poder del General Carlos Mata Figueroa a la gobernación de Nueva Esparta, han llegado a nuestro estado todas las cosas malas que le son inherentes a los gobiernos de cortes fascistas, como el que este general representa. Dentro de estas cosas malas que llegan a nuestro estado, están el llamado Colectivo de Los Tupamaros, grupo que se fundó en el anárquico barrio del 23 de Enero, al oeste de Caracas, cuyas ramificaciones se han extendido como toda mala yerba de forma rápida por todo el territorio nacional.

    Los Tupamaros son un grupo criminal que actúa como brazo mercenario del régimen chavista, para intimidar a la disidencia política a través de acciones violentas de todo género. Desde el gobierno central y desde algunas gobernaciones chavistas, se les provee de armamentos sofisticados y fuerte apoyo financiero. La mala noticia es que ahora están aquí para sembrar el terror en nuestras islas de Margarita y Coche. En el edificio donde opera la gobernación del estado Nueva Esparta en la Asunción, empleados de la misma, nos reportan que están siendo intimidados por miembros de este grupo Tupamaro que han sido apostados en cada uno de los pisos que conforman el edificio de la gobernación. El acoso es de tal magnitud que los funcionarios sienten invadidos sus espacios vitales, no permitiendo el normal desenvolvimientos de las actividades de la administración.

    Fuentes ligadas a la policía de Nueva Esparta (INEPOL) que cuentan con toda nuestra credibilidad, nos informan que un número importante de elementos pertenecientes a este grupo mercenario, han integrado un escuadrón motorizado que usa unidades BMW asignadas originalmente a la Guardia Nacional Bolivariana y cuentan con total apoyó de éste componente militar, para sus acciones irregulares. El temor de nuestra fuente es que estos Tupamaros estarían trabajando para conformar grupos de exterminio tal y como los existentes en el 23 de Enero, que han cobrado la vida de opositores al régimen de Chávez, así como ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes.

    Según informaciones provenientes de la oficina de drogas estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA) , este grupo Tupamaro controla el micro-tráfico de drogas en la zona oeste de la capital de Venezuela e incluso está incursionando en el trasiego de cocaína hacia países centroamericanos, para financiar parte de sus actividades criminales en el campo político. Los neoespartanos debemos estar alertas y prestos a denunciar todos los movimientos que realice esta organización criminal en nuestro estado, de tal manera que evitemos que se consolide su poder en nuestra región, evitando que esta suerte de SS hitleriana siembre el terror en nuestras islas!. (Rómulo Veroes)

     

    JAVIER IGNACIO MAYORCA
    jmayorca@el-nacional.com
    @javiermayorca
    SEGURIDAD | CICPC-SEBIN
    NARCOTRÁFICO | CORRUPCIÓN
    PESQUISA | TSJ
    OFICIALISMO | PSUV
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    EL NACIONAL
    LUNES 24 DE JUNIO DE 2013



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