Los estudiantes se mantuvieron
ayer en calles de Caracas
■ No todos fueron presentados en tribunales.
■ Jóvenes fueron trasladados a varias sedes policiales.
■ Estudiantes detenidos fueron torturados e incomunicados.
■ El Foro Penal Venezolano denunció que hay varios estudiantes desaparecidos.
■ En Chacao los jóvenes realizaron una misa en homenaje a Roberto José Redman.
■ El Foro Penal Venezolano contabilizaba 125 aprehendidos hasta ayer en la tarde.
■ Protestas en Chacao, Altamira, Las Mercedes, la Francisco Fajardo y la Rómulo Gallegos.
■ La organización Foro Penal Venezolano informó que los pocos detenidos que fueron llevados a tribunales contaron que habían sido torturados con descargas eléctricas.
■ En Los Dos Caminos alumnos de la Universidad Alejandro de Humboldt exigieron justicia por el asesinato de Bassil Alejandro Da Costa y pidieron información sobre Demian Martín, desaparecido desde el miércoles
El Foro Penal Venezolano informó que 125 jóvenes habían sido detenidos en todo el país durante las protestas del Día de la Juventud. La ONG denunció que las autoridades mantuvieron incomunicados a los estudiantes, y que los que fueron llevados a los tribunales contaron que habían sido torturados con descargas eléctricas “Primeros estudiantes detenidos presentados a esta hora denuncian que fueron torturados con electricidad”, escribió en Twitter Alfredo Romero, director de la organización, quien por la misma vía indicó que había jóvenes desaparecidos.
Tamara Suju, integrante de la ONG, aseguró que los familiares de los estudiantes no habían podido verlos. “En ningún estado, salvo en Barinas, han permitido el acceso a los muchachos. Eso es violatorio del derecho a la defensa y al debido proceso. Ni siquiera sabemos si han comido”, denunció.
En Caracas cuatro jóvenes fueron presentados en la tarde ante el Tribunal 22° de Control, informó Suju: Raúl Ayala, Manuel Sanz, Rafael Pacheco y Josua Pérez.
La abogada indicó que les imputaron los delitos de instigación pública a la violencia, daños al patrimonio público y agavillamiento, y que quedaron bajo régimen de presentación cada 30 días.
Los jóvenes detenidos en la sede del Cicpc en Chacao también fueron presentados.
Al cierre de esta edición la audiencia no había terminado.
Familiares de los estudiantes permanecieron a las puertas del Palacio de Justicia, aunque nadie les informó si serían presentados. La ley da un plazo de 72 horas para cumplir el trámite.
Se supo que tres periodistas figuran en la lista de aprehendidos en Caracas: Ángel Matute (que estaba cubriendo la protesta para Unión Radio), Domingo Alfredo Díaz (profesor universitario) y Arianna Bueno Avellaneda.
“No sabemos nada. Se supone que lo tienen en el CORE 5 de la Guardia Nacional, en Tazón. Ni siquiera hemos podido verlo”, denunció Alexander Matute, hermano de Ángel. La historia se repetía en cada familia. “No sabemos si lo trajeron. Lo tienen en el BAE, y de eso nos enteramos por los caminos verdes”, contó José Manuel Rincón, padre de un joven de 19 años de edad que lleva el mismo nombre y que estudia Ingeniería.
Josehelen Sanz, mamá del joven Manuel Sanz, quien finalmente fue dejado en libertad condicional, pasó buena parte de la mañana llorando frente a los tribunales. Aunque su hijo apareció en los calabozos del Palacio de Justicia en la tarde, todos los órganos de seguridad le habían negado que el joven estuviera entre los detenidos.
Centros de detención:
La misma situación de incertidumbre se vive en todos los centros policiales donde mantienen detenidos a estudiantes.
Familiares contaron que los jóvenes que estaban detenidos en el CORE 5 y en el Cicpc de Parque Carabobo fueron trasladados en la madrugada de ayer al Regimiento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional de La Dolorita, en Petare, y a la sede del BAE en San Agustín del Sur, respectivamente.
Los jóvenes detenidos en Chacao que fueron llevados al Palacio de Justicia estuvieron en el interior de una patrulla por 30 minutos al mediodía, antes de ser trasladados.
La madre de una de las aprehendidas relató que los funcionarios del Sebin le aseveraron que por un “incendio en los tribunales” el procedimiento para liberar a los jóvenes se estaba haciendo manualmente. Familiares aseguraron que entre los detenidos había menores de edad.
Flor Madriz, madre de José Alejandro Pérez, estudiante 19 años de edad que permanecía en La Dolorita, denunció que no han dejado que al joven le pasen agua ni hacer llamadas.
Además, le habrían decomisado las pertenencias.
Médicos forenses fueron a las sedes del Cicpc donde hay estudiantes para practicarles exámenes y conocer sus estados físicos.
Esposado:
Rafael Hernández tiene 28 años de edad. Es periodista egresado de la USM en 2009 y fotógrafo de la revista Exceso. El miércoles, durante la marcha estudiantil hacia la Fiscalía en Caracas, no tuvo inconvenientes. Sin embargo, cuando se desataron los disturbios en Parque Carabobo fue víctima de una detención arbitraria.
Hernández estaba identificado con su carnet de reportero gráfico, llevaba su cámara colgada al cuello y el rostro descubierto; sin embargo, un funcionario del Cicpc lo golpeó, le quitó sus equipos de trabajo y entre varios lo trasladaron a la sede policial ubicada a unos metros.
“Aproximadamente a las 3:00 pm yo estaba registrando lo que sucedía en el Ministerio Público y vi que por un lado de la plaza de Parque Carabobo se estaban incendiando unos carros. Cuando me acerqué ya estaban prendidos en fuego. Les hice un par de fotos y al darme la vuelta me fijé que varios funcionarios estaban deteniendo a algunas personas. Me acerqué para hacer las fotos y en ese momento un funcionario del Cicpc me golpeó en el cuello”, relató el reportero gráfico.
Pese a haberse identificado y mostrar su credencial y equipos, el funcionario lo sometió y lo despojó del carnet, la cámara que llevaba en la mano, su celular y otra cámara que tenía en el bolso. “Entre varios me llevaron a golpes hasta la sede del Cicpc. En ningún momento hablé con ningún fiscal ni defensor público. Me mantuvieron esposado e incomunicado hasta las 12:00 de la noche, cuando me liberaron, pese a que les probé que era periodista y les di los números para que se comunicaran con mi jefa”, denunció.
“Yo no tengo nada que ocultar. Estaba haciendo mi trabajo y lo voy a seguir haciendo hoy, mañana, pasado, y hasta el último día de mi vida”, sostuvo.
El Dato:
En el Palacio de Justicia en Caracas la situación fue irregular. De los 52 tribunales de control solo trabajaron 5, y no había acceso al área donde están ubicados ni siquiera para los abogados. La unidad de recepción y distribución de causas estaba cerrada por un supuesto cortocircuito. Un juez contó que no trasladaron a los presos que tenían juicio.
Las Cifras:
50 estudiantes fueron aprehendidos en Caracas: 23 en la Brigada de Acciones Especiales en San Agustín de Sur, 8 en el Cicpc de Chacao y 19 en el Regimiento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional en La Dolorita, Petare.
75 jóvenes fueron detenidos en el resto del país: 43 en Lara, 7 en Táchira, 4 en Barinas, 2 en Carabobo y 2 en Mérida. Los demás están en otros estados del país.
Estado incumple estándares de DDHH:
El diagnóstico de Provea, Cofavic y Control Ciudadano indica que los hechos del 12 de febrero y los que están en desarrollo violan el núcleo duro de garantías fundamentales; es decir, aquellas que son intocables incluso bajo medidas excepcionales, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión e información y a las garantías y protección judiciales.
Human Rights Watch también exigió a las autoridades investigar los hechos de violencia con prontitud e imparcialidad: “Las investigaciones no deben utilizarse como pretexto para procesar a opositores políticos o limitar la libertad de expresión”.
Además de violar el artículo 68 de la Constitución al enviar a cuerpos de seguridad armados a controlar manifestaciones, existe el agravante de los grupos de civiles que dispararon contra los estudiantes, con la aquiescencia de las fuerzas del orden. Ello, para las tres organizaciones, resulta inaceptable.
La transparencia en cuanto al manejo de la información es otro estándar sin cumplir. Con respecto a los detenidos, el Estado está obligado a presentar la lista completa, a ordenar exámenes médicos de oficio y a brindar información inmediata a sus familiares, además de permitir acceso a sus abogados. Toda actuación debe ocurrir ante sus tribunales naturales, respetando el principio de la presunción de inocencia.
Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, responsabilizó al ministro Miguel Rodríguez Torres por omisión o acción, pues a escasos metros de donde le dispararon a Bassil Da Costa se encontraban organismos de seguridad que no actuaron para evitar el crimen ni detener a los responsables.
Cofavic afirma que la diferencia entre la democracia y la dictadura está en el respeto a la Constitución.
Por: Equipo de Nación y Sucesos
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El Nacional
Caracas, viernes 14 de febrero, 2014
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