Izarra, demuestra al país
la falta contraloría..
■ Abogados coinciden en señalar que Andrés Izarra incurrió en transgresiones a la ley por tráfico de influencias tras recomendar la contratación de una empresa privada.
El ministro venezolano de Turismo, Andrés Izarra, habría contravenido, al menos, el principio de transparencia establecido en las leyes venezolanas para las contrataciones, en caso de que se demuestre ante los tribunales que efectivamente recomendó a un ente público contratar a una empresa privada de una persona allegada.
En ese punto coincidieron varios abogados venezolanos consultados este jueves por DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la investigación que se realiza de los presuntos favores económicos recibidos por el Ministro Izarra por parte del empresario Raúl Francois Russian Morrison.
De acuerdo con Leonardo Palacios, abogado especialista en derecho tributario, cualquier funcionario que haga una recomendación para la contratación de una empresa podría estar incluso en acciones que contravienen varios principios establecidos, inclusos, en la propia Constitución Nacional.
“En el pasado una simple tarjeta de presentación dio pie para que se realizara un proceso por un delito de salvaguarda”, explica Palacios, quien hace referencia a un caso de este tipo que se presentó cuando existía el antiguo Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV).
Explica que si existe una recomendación, la contratación deja de ser transparente y se atenta contra la igualdad que debe privar en un proceso como este en el que varias empresas pueden concurrir.
“En un eventual caso de recomendación, en principio hay una contrariedad que se debe determinar cómo se trata, pues depende de varios factores, ya que podría ser una contratación por licitación, bien nacional o internacional”, señala, al tiempo que advierte que en ningún caso es legal que un contratista transfiera divisas a un funcionario público.
Por su parte, el abogado Roberto León Parilli, asegura que casos como el del ministro Izarra, demuestran que en el país falta contraloría.
“No podemos adelantar una conclusión, pero sí podemos sostener que hace falta contraloría en el país y que es necesario que se inicie de inmediato una investigación” para determinar la veracidad de todos los documentos y las responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados.
Un tercer abogado, que prefirió que su nombre no fuese revelado, explicó que de acuerdo con la Ley contra la corrupción, si hay una recomendación, se trata de tráfico de influencia y deben ser sancionados tanto el funcionario que realiza la sugerencia como el que la acata, mientras que el empresario y quienes hayan podido recibido favores en el marco de esa irregularidad, serían considerados “facilitadores o cooperadores inmediatos”.
Sin embargo, en caso de que un funcionario haya recibido una remuneración no prevista en la Ley, ya se trataría de un acto de corrupción propia por el que debería ser procesado y de resultar culpable, podría tener sanciones de prisión de entre 5 y 10 años.
Por: Carola Briceño Peña/DLA
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viernes 18 de abril, 2014
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