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    TÁCHIRA: Guerra entre cárteles militares de la droga


    TÁCHIRA, Guerra entre cárteles militares de la droga

    Enfrentamiento por droga dispara crisis
    en la frontera colombo-venezolana

     

    Más de 12,000 colombianos deportados en lo que va de año.

    Advierten sobre alto riesgo de tanta presencia militar en la frontera.

    Cúcuta y San Antonio, una urbe colombo-venezolana truncada por la frontera

    Hay prácticamente una guerra entre oficiales del Ejército y carteles del narcotráfico donde están involucrados oficiales de la Guardia Nacional.

    ABC tuvo acceso al informe de los tres oficiales del Ejército que fueron emboscados el 19 de agosto y que continúan gravemente heridos.

    El ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, ha afirmado a ABC que el enfrentamiento entre bandas militares por el control de drogas y el contrabando es la causa del cierre de la frontera venezolana en el Táchira y del estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro.

    La medida del cierre fronterizo se generó por un atentado perpetrado contra los oficiales del Ejército venezolano Daniel Veloz Santaella, Alexis Rodríguez Arria y el cabo Miguel Nuñez Martínez que fueron emboscados en San Antonio del Táchira el 19 de agosto. Los tres se encuentran hospitalizados, gravemente heridos.

    Hace dos días entró en vigencia el estado de excepción que ha causado la expulsión masiva de colombianos con una cifra que supera las 800 personas. Los deportados han denunciado que los soldados bolivarianos los humillan y atropellan, saquean los bienes y destruyen las viviendas, manosean y abusan de las mujeres y marcan las casas con las letras «R» de revisión y «D» para demoler.

    El ex embajador Arria sostiene que las bandas militares ya no solo se pelean por el control de la droga sino por el contrabando de gasolina y los productos regulados. El control solo de la droga ya no es rentable. Ahora manejan también el contrabando de gasolina, que venden 5 veces más cara en los países fronterizos.

    El ex embajador también afirma que las autoridades de Colombia y los militares son cómplices del contrabando de extracción que se realiza desde Venezuela. «Pasan cientos de gandolas diariamente para Colombia y Brasil. Eso explica que las estaciones de gasolina muchas veces no están abastecidas en Venezuela».

    Guerra de cárteles:

    ABC tuvo acceso al siguiente informe en el que se detalla paso a paso el incidente que encendió la chispa de la frontera:

    El día 17 de agosto de 2015 una comisión del Ejército integrada por el Teniente (Ej.) Daniel Veloz Santaella y el Teniente (Ej.) Alexis Rodríguez Arias y otros efectivos del Ejército ambos plazas del GAC Vásquez ubicado en San Cristóbal detuvo en las inmediaciones de la alcabala de Peracal una camioneta tripulada por dos efectivos de la GN. Al ser requeridos en identificación, los funcionarios de la GN [Guardia Nacional Bolivariana] lo hicieron pero se negaron a dejarse registrar el vehículo, pidiendo la presencia de un fiscal del Ministerio Público.

    En virtud a que el incidente fue escalando, inmediatamente hizo acto de presencia el Comandante del Destacamento de la GN [Guardia Nacional Bolivariana] en San Antonio del Táchira, y ya había sido alertado también el Comandante del GAC [Grupo de Acciones de la Guardia Nacional Bolivariana] Vásquez quien también estaba presente y el general de división (Ej. ) Efraín Velasco Lugo de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes. A esta altura del incidente los funcionarios de la GN pedían la presencia de un fiscal del MP para poder abrir la camioneta. El vehículo fue abierto en presencia de un fiscal del Ministerio Público con competencia nacional y se incautaron drogas y dinero en efectivo en una cantidad cercana a los 47 millones de bolívares fuertes y tres millones de dólares, pertenecientes (Según la versión de los funcionarios de la GN) al Comandante del Regional de la GN [Guardia Nacional Bolivariana] en Táchira.

    El día 19 de agosto de 2015 el Tte. (Ej.) Daniel Veloz Santaella y el Tte. (Ej. ) Alexis Rodríguez Arias y el Cabo primero Miguel Núñez Martínez son emboscados por un motorizado durante la realización de una comisión de inteligencia en el área urbana, barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira. Inmediatamente y con base a un informe presentado por el MG (Ej.) Velasco Lugo, el Presidente decretó el cierre de la frontera por 3 días mientras se controlaba la situación de orden público en la zona.

    El 21 de agosto de 2015 a las 8 pm, el Presidente Nicolás Maduro decreta un estado de excepción en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia del estado Táchira por un lapso de 60 días con base a un informe de inteligencia presentado por el GJ (Ej.) Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa.

    Los comentarios de los actores militares que conocen toda la verdad de lo ocurrido indican que esta es una guerra de cárteles militares de la droga. Al cerrar la frontera con Colombia en el estado Táchira por recomendación del Mayor General (Ej.) Velasco Lugo y luego por presión del GJ (Ej.) Vladimir Padrino para llevarlo al nivel de estado de excepción en los municipios comentados, los narcóticos bajo jurisdicción de la Guardia Nacional, y en particular del MG (GN) Reverol son afectados en un territorio (Táchira) que históricamente ha sido del control en exclusividad de la Guardia Nacional en drogas, contrabando, licores, trata de blancas y brillantes.

    Esto es una verdadera guerra de cárteles militares venezolanos, El Cartel de Los Soles (Ejército) versus El Cartel de La Goajira (Guardia Nacional). Como cuando se enfrentaban en la década de los 80 en Colombia, el Cartel de Medellín contra el Cartel de Cali.
    Miles de deportaciones

    Varias fuentes coinciden en afirmar que este atentado es el resultado de «una guerra entre oficiales del Ejércitio y cárteles del narcotráfico donde están involucrados oficiales de la Guardia Nacional», como asegura José Antonio Colina, presidente de la ONG Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior. Otras señalan que Maduro ha utilizado el ataque como excusa para multiplicar las deportaciones de colombianos, que ya se venían produciendo tras la puesta en marcha de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), cuyo objetivo es acabar con los grupos paramilitares, que Maduro asegura están siendo apoyados por la extrema derecha venezolana y colombiana.

    «Eso ya había empezado en el mes de febrero, pero ahora lo están haciendo abiertamente y están utilizando el atentado a los dos oficiales», dijo a «El Nuevo Herald» el general Marco Ferreira Torres. «Desde febrero, han detenido aproximadamente a unos 12.600 colombianos en lo que ellos denominan operaciones de liberación del pueblo», añadió.

    En los últimos días un millar de colombianos, entre ellos 241 menores, han sido expulsados de sus casas. Los deportados han denunciado que los soldados bolivarianos los han humillado y saqueado sus bienes y destruyendo sus viviendas y marcandolas con las letras «R» de revisión y «D» para demoler. «Están marcando [las casas] de los colombianos, como hacían los nazis con los judíos», asegura Arria.

    Presencia militar en la frontera:

    Un enfrentamiento entre bandas de la droga operadas por integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas sirvió de detonante para que el régimen de Nicolás Maduro declarara el estado de excepción en el estado Táchira y redoblara allí las deportaciones masivas de colombianos indocumentados, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.

    Las operaciones en el estado fronterizo con Colombia, ejecutadas por cerca de 2,000 soldados, son vistas con preocupación por observadores internacionales ante la elevada presencia de militares venezolanos en la frontera y el maltrato al que están siendo sometidas las familias deportadas.

    “Esto afecta a decenas de miles de personas”, dijo desde Nueva York el ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria. “Es una situación muy peligrosa, tener tantos militares venezolanos actuando de esta manera en la frontera”.

    Las fuentes señalaron que el régimen de Caracas ya llevaba meses deportando a ciudadanos colombianos bajo el denominado “Dispositivo Especial Para el Control de Indocumentados”, lo que ha conducido a la detención de cerca de 12,000 de ellos, más de 4,000 de ellos provenientes de Táchira.

    Pero las operaciones emprendidas en el estado tras el cierre de la frontera con Colombia han conducido a la deportación de cerca de 1,000 colombianos, incluyendo al menos a 139 menores de edad.

    Maduro anunció las medidas el jueves de la semana pasada, tras anunciar que un ataque de presuntos contrabandistas había dejado tres uniformados y un civil herido.

    Pero fuentes con información de inteligencia dijeron que el ataque tuvo características muy distintas.

    “Se trató de una pelea entre carteles, entre efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército, y el ataque [intento de asesinato perpetrado por sicarios] se produjo porque el civil que se encontraba en el carro les estaba dando la casa donde guardaban el cash [dinero en efectivo]”, dijo una de las fuentes.

    Oficiales clave de las Fuerzas Armadas e integrantes del gobierno están siendo investigados por las autoridades estadounidenses bajo sospecha de que éstos son los que han asumido el control de las mayores operaciones del narcotráfico en el país sudamericano.

    Entre las personas de interés por la justicia estadounidense se encuentran el ex director de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, bajo sospecha de que ambos pertenecen a la máxima cúpula del denominado Cartel de los Soles.

    José Antonio Colina, presidente de la ONG Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior (VEPPEX), dijo también haber recibido información proveniente del país sudamericano que apuntan a que el incidente de la semana pasada fue el resultado del enfrentamiento entre organizaciones delictivas que operan desde el Ejército y desde la Guardia Nacional.

    “Hay prácticamente una guerra entre oficiales del Ejército y carteles del narcotráfico donde están involucrados oficiales de la Guardia Nacional”, declaró Colina.

    Oficiales clave de las Fuerzas Armadas e integrantes del gobierno de Maduro están siendo investigados por las autoridades de EEUU por supuestos vínculos con el narcotráfico.

    Pero el incidente fue utilizado por el régimen para redoblar las deportaciones de indocumentados, las cuales han estado siendo ejecutadas en los últimos meses a través de las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLPs), en reacción a sospechas de que organizaciones paramilitares colombianas operan en Venezuela.

    “Eso ya había empezado en el mes de febrero pero es ahora que lo están haciendo abiertamente y están utilizando el atentado que le hicieron a los dos oficiales”, comentó en Miami el general Marco Ferreira Torres.

    “Desde que empezaron en febrero, han detenido aproximadamente a unos 12,600 colombianos en las operaciones que ellos denominan operaciones de liberación del pueblo”, añadió.

    Pero la manera en que las deportaciones están siendo realizadas en Táchira está generando olas dentro y fuera del país, ante reportes de que familias enteras están siendo obligadas a la fuerza a abandonar sus viviendas y llevadas a empujones hacia la frontera.

    “Están marcando las casas de los colombianos, como hacían los nazis con los judíos”, comentó Arria.

    En algunos sectores, las viviendas deshabitadas están siendo arrasadas con excavadoras.

    “Es un drama social […] es un drama humanitario que estamos atendiendo aquí en Cúcuta”, dijo el ministro de Relaciones Interiores de Colombia, Juan Fernando Cristo, en una rueda de prensa.

    La Cruz Roja Colombiana estableció un corredor humanitario para trasladar a pacientes que requieran atención médica desde las ciudades venezolanas fronterizas hasta centros hospitalarios de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, informó la organización.

    Los consultados dijeron que los argumentos esgrimidos por Maduro no parecen justificar la militarización de la frontera y mucho menos las acciones de los efectivos venezolanos.

    “Ni cuando la crisis del Caldas, que fue una de las situaciones más delicadas entre Colombia y Venezuela de los últimos años, hubo una reacción del gobierno venezolano tan violenta y tan desmedida”, dijo en Miami el asesor político Esteban Gerbasi en referencia a un incidente a mediados de los años ochenta en que naves de las armadas de los dos países estuvieron a punto de entablar un combate marítimo.

    “Maduro notificó que dos sicarios en moto le disparan a unos funcionarios activos de inteligencia del ejercito, y la reacción del Estado venezolano es cerrar la frontera, sacrificar 100 millones de dólares semanales en productos, y la deportación masiva de colombianos y la destrucción de bienes, porque les están tumbando las casas. Eso es totalmente desmedido”, afirmó.


    Por: Ludmila Vinogradoff
    Corresponsal en Caracas
    Gonzalo Domínguez Loeda/EFE
    Antonio María Delgado
    adelgado@elnuevoherald.com
    Politica | Opinión
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    Táchira, Miercoles 26 de agosto, 2015




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