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    PERÚ: red de venezolanos explota a compatriotas



    En un cuarto ubicado en un cerro
    retenían a las venezolanas.

     

    El Poder Judicial emitió primera sentencia contra red de venezolanos que explotaba a sus propias compatriotas…”.

    Hasta setiembre del 2019, 264 jóvenes de Venezuela fueron rescatadas de los delitos de trata y proxenetismo.

    La avenida Tomás Valle, en San Martín de Porres, es una de las zonas utilizadas por las bandas de trata. En un hotel cercano ocurrió un descuartizamiento.

    En febrero del 2018, ‘Claudia’, de 19 años, arribó a Lima desde su natal Venezuela luego de que una amiga le ofreciera trabajar como mesera en una discoteca. La primera orden que recibió al llegar al cuarto ubicado en el óvalo Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres, fue mantener relaciones sexuales con 72 hombres durante tres semanas para pagar su deuda de mil dólares.

    Lima.- Según el testimonio de la joven, una mujer llamada Desiada Tapia Figuera la trasladó junto a otro grupo de venezolanas y colombianas hacia el terminal terrestre de Plaza Norte, donde las esperaban Keyli y Manolo, en adelante sus ‘jefes’.

    Luego de quitarles sus documentos, les tomaron fotos para subirlas a la aplicación Photokine y ofrecer sus servicios sexuales en una agencia llamada Play Boy Club. La primera semana permanecieron encerradas en un cuarto, donde dormían en colchones viejos tirados en el suelo.

    “Eran entregadas por delivery en los hostales de esa zona. Ellos hacían todo el contacto con los clientes y solo les daban el número de habitación al que tenían que ir”, cuenta Miluska Romero, fiscal especializada de trata de personas de Lima.

    Las jóvenes tenían que entregar la mitad de lo que ganaban, si no, las amenazaban con agredirlas a ellas e, incluso, a sus familiares en Venezuela.

    “Una vez, cuando me intenté escapar, el ‘Gringo’ (Manolo) me encontró y me enseñó la foto de mi casa y me dijo que si volvía a intentar escaparme le haría daño a mi mamá”, contó ante la cámara gesell una adolescente venezolana de 16 años.

    Keyli, Manolo y Desiada también tenían otra forma de explotar a las migrantes que trasladaban desde Venezuela. Luego de generarles una deuda con el pago de sus pasajes, las llevaban a un departamento ubicado en la avenida El Sol de Naranjal, en Los Olivos. Ahí les repartían cajas de golosinas para que salieran a venderlas en el óvalo de Huandoy.

    “Era una fachada para que mostraran sus cuerpos y sean explotadas sexualmente en los hoteles de la zona”, agrega Romero.

    En este cuarto ubicado en el cerro “El Pino” estaban
    retenidas las venezolanas.

    —La primera sentencia—

    Esta banda de tratantes de personas no se limitaba a actuar en Lima norte. Cuando las jóvenes no eran muy requeridas por los clientes, subían de peso o salían embarazadas, eran trasladadas a un cuarto situado en el cerro El Pino, en La Victoria. En ese lugar, las condiciones en las que vivían eran infrahumanas. Las jóvenes migrantes eran explotadas sexualmente en los bares nauseabundos de esa zona.

    En julio del 2018, dos de las víctimas escaparon y llegaron a denunciar el caso ante la Dirección de Trata de la Policía Nacional. La fiscalía, junto a un grupo de policías, logró ingresar a las viviendas y rescatar a 14 jóvenes venezolanas y colombianas, tres de ellas menores de edad. Una de las adolescentes estaba embarazada y ensangrentada. Ella contó que había sido obligada a mantener relaciones sexuales pese a su avanzado estado de gestación.

    Las menores fueron ingresadas a un centro de atención residencial (CAR) de Lima del Ministerio de la Mujer (MIMP).

    Keyli Castro Figueroa, su hermana Desiada Tapia Figueroa, ambas venezolanas, y Manolo Cabrera, de nacionalidad norteamericana, fueron detenidos y denunciados por el delito de trata de personas en forma agravada.

    Un año después, en junio del 2019, el Poder Judicial sentenció a 14 años de prisión a Keyli y Manolo; y Desiada a 12 años. Además, se fijó el pago de S/56 mil por concepto de reparación civil en favor de las víctimas. Esta es la primera sentencia de trata de personas con venezolanos involucrados como tratantes y víctimas.

    Las menores, según fuentes de la fiscalía, habrían fugado del albergue. El Comercio consultó al MIMP sobre la situación de las jóvenes, pero no obtuvo respuesta. “Las menores están en la calle en situación de vulnerabilidad. Es necesario que se confirme la sentencia para que ellos no estén libres porque las chicas están en peligro. Además, dos de ellas estaban gestando”, contó la fiscal.

    Según la norma, los fiscales también verán delitos como explotación sexual, promoción o
    favorecimiento a la explotación sexual, trabajo forzoso, favorecimiento a la prostitución,
    rufianismo, proxenetismo,tráfico ilícito de migrantes, entre otros.

    —Cadena de inseguridad—

    El incremento de los delitos de trata de personas y proxenetismo en agravio de extranjeras se refleja en el número de víctimas rescatadas. En el 2018, fueron 140 las venezolanas rescatadas de la trata y 17 del proxenetismo. Hasta setiembre del 2019 fueron 213 y 51, respectivamente.

    A ello se suma que las redes de tratantes y proxenetas desataron un enfrentamiento que ha generado más inseguridad en el país. En octubre del 2019, la policía identificó que el doble descuartizamiento ocurrido en un hotel de San Martín de Porres se debió al enfrentamiento entre bandas dedicadas a explotar sexualmente a venezolanas. Fuentes de la fiscalía aseguran que la misma problemática se registraría en los alrededores del centro comercial Risso, donde la semana pasada fue asesinado un sujeto también involucrado en mafias de prostitución.

    Para Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, si bien las cifras de delitos cometidos por venezolanos aún son mínimas, estas no deberían subestimarse. “Si son 850 mil venezolanos en el país, con que solo el 1% haya cometido un delito ya es un bastante”, afirmó.

    El ex viceministro del Interior considera que la percepción de inseguridad que se siente con la presencia de venezolanos involucrados en estos delitos, así como en homicidios y robos, va más allá del fenómeno migratorio. “Los índices de actos delictivos crecen no porque hay más venezolanos, sino porque las calles están abandonadas a la inseguridad”, precisó.

    —Delitos en la región—

    Colombia y Ecuador son hasta la fecha los países que han acogido a la mayoría de venezolanos que huyen de la crisis de su país.

    En Colombia hay más de 1,6 millones de venezolanos, de los cuales 719 mil residen de forma legal. La fiscalía informó que entre enero del 2017 y febrero del 2018 se registraron 1.869 capturas de venezolanos en flagrancia. La mayoría cometió hurto y tráfico de drogas. Según un estudio realizado en Bogotá en el 2019, más de dos mil venezolanas ejercían la prostitución.

    En los últimos años, por Ecuador pasaron más de 1,5 millones de migrantes venezolanos, de los que unos 400 mil se habrían quedado a vivir. Debido a la percepción de seguridad generada por la migración, desde agosto del año pasado el Gobierno Ecuatoriano les exige la presentación de una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias para su ingreso al país.

    Lince:

    Las redes de prostitución en calles de Lince estarían siendo dirigido por mafias extranjeras. Además, para brindar seguridad a las meretrices, se las traslada en buses, según indicaron las autoridades.

    El reciente asesinato de Isaac Hilario Huamanyalli al interior de un local de McDonald’s, en el centro comercial Risso en Lince ha provocado que los vecinos alcen la voz por la ola de prostitución que invade al distrito. Esto, luego que la PNP revelara que el occiso habría sido parte de una red proxeneta que se dedicaba a cobrar cupos para proteger a trabajadoras sexuales.

    “En Arenales desde las 7 de la noche, en todo Risso, descaradamente se pasean las prostitutas”, declaró una linceña para 90 Central. En ese sentido, la prostitución en las calles del distrito estaría siendo dirigido por mafias venezolanas y colombianas, según información que maneja el Serenazgo del municipio.

    “Las extorsionan y les cobran cupos para ejercer este oficio. Allí (mafias de prostitución) están venezolanos, colombianos y hasta peruanos que viven de esto”, aseveró Vladimir Ortíz Suárez, gerente de Seguridad Ciudadana de Lince.

    Las meretrices se encargarían de poblar la zona de la avenida Arequipa, así como las calles Mariscal Las Heras, Risso, José Bernardo Alcedo y jirón Tomás Guido. Del mismo modo, los lugareños aseguran que las rondas de estas trabajadoras sexuales se inicia desde las 5 p.m.

    Pese a que, desde octubre del 2019 a la fecha, la Municipalidad ha intervenido a 700 extranjeras dedicadas a la prostitución, la situación sigue en aumento. Por ello, los vecinos exigen que el distrito se declare en emergencia por la alta inseguridad ciudadana que el proxenetismo viene generando.

    “Hacemos un llamado al ministro del Interior para que acá pongan en ejecución planes de seguridad en el distrito”, finalizó Ortíz.

    Por: Daniel Lozano/EFE
    Agencias/Redacción/R24
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    Caracas, domingo, 19 de enero de 2020

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