“El Mocho Edwin” obtuvo
cédula ilegal colombiana
El “Mocho” Edwin pasó de ser el poderoso pram de Venezuela a suicida en Colombia. En vida se autodenominó el “Gran Pram”. Su objetivo siempre fue tener poder y la sumisión de su entorno. Para camuflarse en el vecino país, Edwin Soto habría conseguido un documento falso con otro nombre y con registro en una población neogranadina.
■ Comando especial para bandas conformadas por migrantes: se abre la polémica en Bogotá. Mientras que la alcaldesa y autoridades de la ciudad creen que es necesario para luchar contra este factor de inseguridad, CIDH y académicos creen que se promueve la xenofobia.
■ Redes completas de traficantes han sido descubiertas por las autoridades colombianas. Hasta ahora 15 de ellas fueron dejadas en evidencia. Asimismo, las autoridades informaron que dichas redes también eran utilizadas para traficar mujeres; “Tenemos casos de niñas que las pasaban de 14 a 18 años de edad para sacarlas del país con fines de explotación sexual”, Francisco Barbosa, fiscal colombiano, expresó que se le entregó a cambio de dinero: cédulas, pasaportes y registros civiles a extranjeros.
■ El suicidio de Edwin Ramón Soto, alias el Mocho Edwin, puso en evidencia el tráfico de cédulas falsas en Colombia. Ramón Soto fue identificado como Damian Alturo de La Cava, quien estuvo camuflado. Redes completas de traficantes han sido descubiertas por autoridades colombianas. Hasta 15 fueron dejadas en evidencia. Autoridades reportaron que también eran utilizadas para poder traficar mujeres. Un migrante aseguró que en las afueras de Bogotá y en los pueblos aledaños cobran hasta seis millones de pesos por emitir este tipo de documentos falsos.
Bogotá.- Un caso de suicidio en el occidente de Bogotá puso en evidencia un hecho que tiene en la mira a funcionarios de varias registradurías en el país: la obtención de cédulas de manera fraudulenta por parte de migrantes.
El susto que pasaron algunos residentes de un lujoso conjunto residencial en Ciudad Salitre era el preámbulo de una novela sobre la historia de un criminal venezolano camuflado en Colombia.
El hombre se habría lanzado desde un sexto piso, al parecer, tras un altercado con su esposa. La Policía registró ese caso como uno más en la extensa lista de suicidios e identificó a la víctima como Damián Arturo de la Cava Iguarán, oriundo del municipio de Galapa, Atlántico.
Sin embargo, en Venezuela, los medios hicieron eco del suicidio e identificaron a la víctima como Edwin Soto Nava, alias “El Mocho Edwin”.
Este caso puso en evidencia lo que estaría ocurriendo con la cedulación ilegal de extranjeros en Colombia: mexicanos, dominicanos y especialmente venezolanos. Un migrante dio cuenta de lo que les cobran para conseguir una cédula, sin muchas preguntas y procesos.
“Por las afueras de Bogotá, en esos pueblos, cobran alrededor de 6 millones para sacar la cédula, si los paga bajo cuerda la tiene o si no para hacerlo legal es un proceso realmente”, aseguró.
Richard Poveda Daza, investigador y analista de documentos consultado por las autoridades colombianas, explicó cómo es el procedimiento que se realiza cuando el migrante opta por la cédula ilegal.
“Primero tramita un registro civil y ese registro lleva información falsa, se cambian los nombres, fechas y se presentan con testigos que hacen afirmaciones falsas y con esa información, pues el registrador termina expidiendo el documento”, señaló el investigador.
La Fiscalía, el Ejército y Migración Colombia han descubierto varias redes que logran sacar cédulas para ciudadanos de varios países.
Según las autoridades, se han investigado 15 registradurías por estas cedulaciones, entre ellas está la de Galapa donde se expidió la que le encontraron a alias ‘el Mocho Edwin’ y donde, al parecer, desaparecieron los registros de cedulación de 76 venezolanos.
Detrás de estas organizaciones hay redes completas que no solo expiden cédulas a supuestos delincuentes o a quienes no cumplen requisitos, sino también documentos a traficantes de personas, o de menores de edad.
“Tenemos casos de niñas que pasaban de 14 años a 18 años en el registro civil para sacarlas con el fin de explotación sexual”, indicó Alexander Vega, registrador nacional.
La Registraduría y la Fiscalía no solo busca ahora a quienes se cedularon ilegalmente, sino a aquellos que participaron en el fraude desde dependencias del estado.
Según el registrador nacional, Alexander Vega, las irregularidades para la cedulación de extranjeros en Colombia nacieron con el fenómeno migratorio del 2014.
“Cuando ingresaron al país muchos venezolanos que aducían que eran de padres colombianos se obtenía la nacionalidad con solo dos testigos, testigos que en ese momento no fueron corroborados, testigos que son renuentes, testigos que son falsos y sobre todo testigos que aparecen reiteradamente en muchos registros civiles”, indicó el funcionario.
Pero no solo es el cartel de los testigos, en esta operación ilegal también se investiga a un buen número de funcionarios.
“Es lamentable para mí que unos pocos funcionarios y no solo de la Registraduría, también notarías se prestaron para esta situación”, dijo Vega.
Con los falsos documentos, los falsos testigos y la complicidad de funcionarios se han expedido miles de cédulas, muchas de las cuales están ya en la mira del registrador.
“Aproximadamente estamos revisando 300 mil registros civiles donde presuntamente hay falsedades que se obtuvieron ilegalmente la nacionalidad colombiana y obviamente la cédula de ciudadanía”, señaló.
Cerca de 50 mil de esas cédulas serán anuladas. Pero más allá de la falsedad, la preocupación es que muchos delincuentes, obtuvieron nacionalidad colombiana.
“Tenemos casos de narcotraficantes venezolanos de reconocido en Venezuela y que cambiaron su identidad aquí en Colombia y portaban las cédulas colombianas” anotó.
Muchos de estos documentos se han usado para obtener visas de Estados Unidos y además de venezolanos, dominicanos y mexicanos. Se investigan irregularidades en cédulas entregadas a ciudadanos de Siria, Irán y Cuba.
En detalles:
Edwin Soto Nava, alias “El Mocho Edwin”, conocido como el “pran de pranes” en la extinta Cárcel Nacional de Maracaibo, que estuvo enclavada en Sabaneta; presuntamente obtuvo una cédula colombiana de manera ilegal para instalarse en ese país. Este hombre perdió la vida al caer de un edificio en Bogotá, el pasado 29 de agosto, en un presunto suicidio.
Un reporte de Noticias Caracol revela que Soto, al parecer, consiguió un documento falso con otro nombre y con registro en una población del vecino país, con el objeto de camuflarse allí tras haber emigrado de Venezuela.
El medio colombiano afirma que los residentes de un conjunto residencial ubicado en Ciudad Salitre, al oeste de Bogotá, pasaron un susto cuando el sujeto tuvo un altercado con su pareja.
Presuntamente, “El Mocho Edwin” habría hecho varios disparos al aire y habría roto el vidrio de una de las ventanas del apartamento ubicado en el sexto piso, donde estaba residenciado.
La policía llegó ese 29 de agosto a Ciudad Salitre, atendiendo el llamado de los agobiados vecinos, y aparentemente Soto habría decidido poner fin a su existencia al caer al vacío.
Cuando levantaron el cuerpo, los funcionarios lo identificaron como Damián Alturo de la Cava Iguarán, oriundo del municipio Galapa, Atlántico. En ese momento, los uniformados registraron ese caso como uno más de la extensa lista de suicidios, refiere Noticias Caracol. Quizá esa circunstancia hizo pasar inadvertido este hecho, por lo que se desconocía a ciencia cierta lo ocurrido con el ex recluso venezolano.
La obtención de cédulas de manera fraudulenta en Colombia tiene en la mira a funcionarios de varias registradurías, asegura Caracol.
Un migrante aseveró que llegan a cobrar hasta seis millones de pesos para sacar la cédula por las afueras de Bogotá, “haciéndolo bajo cuerda”.
En el caso del municipio Galapa, donde se expidió la cédula que le hallaron a Edwin Soto, al parecer desaparecieron los registros de cedulación de 76 venezolanos. Además de la registraduría de esta población, otras 14 están bajo la lupa de las autoridades.
Tenía identidad falsa y destapó una olla:
En vida se autodenominó el “Gran Pram”. Su objetivo siempre fue tener poder y la sumisión de su entorno. A través de crímenes lo consiguió. Edwin Ramón Soto Nava se convirtió en el líder negativo más poderoso de Venezuela al lograr controlar las áreas de Penal, Patio, Máxima y Procemil de la Cárcel Nacional de Maracaibo cuando tenía 29 años. ¿Cómo consiguió diferenciarse entre el resto de los delincuentes? reconociendo ante los medios de comunicación que “acabó con un pabellón” al liderar una matanza que dejó 16 presos acribillados y desmembrados.
Su historial delictivo en Maracaibo fue conocido desde que desvalijó carros blindados y secuestró a una mujer. Pisó por primera vez la cárcel en 2003, a los 20 años, por asesinar a un hombre que se resistió a que lo atracara.
Soto Nava actúo, además, como cabecilla principal de la banda delictiva Tren del Norte, grupo que sembró pánico al ejecutar sicariatos, robos, extorsión y cobro de vacunas a los comerciantes y dueños de residencias de la zona norte de Maracaibo.
En 2013 hasta retó a Iris Varela, en ese momento ministra de Asuntos Penitenciarios, cuando ya se hablaba del desalojo del recinto penitenciario. “Iris, me tendrá que sacar de aquí (cárcel) muerto. Es la única manera que me saque de Sabaneta”, gritó en esa oportunidad el delincuente desde el techo de la cárcel”.
Pero cuando se procedió al desalojo. El exlíder negativo salió con vida y hasta abrió y cerró la puerta principal de Sabaneta para que salieran los visitantes que pernoctaban dentro el penal y luego los reos de cada una de las áreas.
Al final el “Mocho” Edwin se entregó a las autoridades tras conversar con la ministra. Fue enviado a la cárcel de Tocorón. Surgieron rumores de fuga que fueron negados por el propio Soto Nava.
Poco a poco el rastro del delincuente que sembró pánico en la colectividad se fue borrando de Maracaibo, hasta que el 29 de agosto de 2021 circularon fotografías de estados de WhatsApp en los que se aseguraba que el delincuente que controló una de las más peligrosas cárceles de Venezuela se había quitado la vida tras lanzarse de un sexto piso en Colombia.
Este 17 de septiembre los medios colombianos confirmaron el fallecimiento del delincuente, de 38 años, que vivía en una lujosa zona de Bogotá, específicamente en Ciudad Salitre.
Tras días de celebración decidió suicidarse. Tenía identidad falsa y destapó la existencia de una trama corrupta de documentos de identidad en el vecino país. Muchas incógnitas quedan sin respuesta, aunque lo que sí es una realidad es que el ex pram vivía de manera ostentosa, pero que no pudo alejarse del mundo delincuencial y la desgracia.
Comando especial anti-bandas:
Bogotá creo un comando de operaciones para enfrentar estructuras criminales que involucren migrantes. La medida desató de inmediato una polémica.
El anuncio se dio por cuenta de hechos lamentables, cuyos autores han sido ciudadanos venezolanos. Atracos, homicidios y sobre todo la crudeza con la que atacan a sus víctimas motivó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , a crear un comando que le ponga freno a las estructuras criminales en las que haya participación de población migrante.
“Desafortunadamente está siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad, estructuras criminales y donde desafortunadamente lo hemos visto están operando con un altísimo nivel de violencia armada, violencia homicida”, indicó Claudia López.
El anunció generó reacciones como la de la CIDH, que expresó su preocupación. En un trino dijo que calificar a los migrantes de delincuentes promueve la estigmatización y animadversión hacia esa población.
Para el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario es una medida equivocada y pone en peligro la implementación del estatuto temporal de protección para migrantes.
“La participación de población migrante en sucesos como estos no supera el 3% de todos los delitos cometidos a nivel nacional. Por lo tanto, el lenguaje generalizante y especulativo de vincular la migración con inseguridad es errado”, dice María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Para la identificación de los migrantes se contará con equipos biométricos y dactiloscópicos.
Someterán a venezolanos a control biométrico en Bogotá por temas de inseguridad
“Puede ser vista de manera positiva si esto ayuda a judicializar a aquellos venezolanos que han cometido delitos en la ciudad de Bogotá o incluso en cualquier ciudad de Colombia, pero hay que utilizarla con cuidado porque se puede caer en prácticas que promueven la xenofobia”, explicó Daniel Mejía, ex secretario de Seguridad de Bogotá.
“Debemos tener articulación y mirar a quién estamos legalizando, definitivamente los que no buscan legalizarse son los delincuentes”, piensa por su parte Lucía Bastidas, concejal de Bogotá.
Este año han sido capturados 2.550 ciudadanos venezolanos en comisión de delitos.
*Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.
*Gustavo Tovar Arroyo, Abogado, escritor, poeta, educador y activista de los Derechos Humanos. Su activismo civil y mordaces artículos de opinión lo han convertido en uno de los venezolanos más señalados del régimen chavista.
Por: Redacción/R24
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Inseguridad | Ciudadana
Bogotá, miercoles 22 de septiembre del 2021
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