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    MIAMI: cuatro venezolanos están prófugos



    MIAMI, cuatro venezolanos están prófugos

    “Venezolanos acusados en Miami de
    tráfico de armas están fugados”

     

    “La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida informó este jueves que cuatro venezolanos vinculados una red de tráfico de armas desde Miami a Venezuela están prófugos de la justicia estadounidense…”.

    Un ex policía traficaba armas hacia Venezuela.

    La demanda de armas en Venezuela está probablemente relacionada con la continua agitación económica y política del país, que ha llevado a altos niveles de violencia en los últimos años.

    Según un documento firmado por el fiscal federal Adam S. Fels, se cree que los hombres, identificados como Ender Enrique Soto Hernández, Ender Alberto Soto Hernández, Wilmer Onelis Hinestroza Pereira y Alcibiades De Jesús Palmar Narváez, estarían en Venezuela.

    Miami, Fl.- “No hay esfuerzos en curso para que los cuatro fugitivos sean arrestados en Venezuela, ya que Venezuela no extradita a sus propios nacionales”, advirtió el fiscal en un documento judicial presentado ante la corte.

    Los cuatro venezolanos son acusados por el gobierno de los Estados Unidos de traficar armas y municiones desde EEUU a la ciudad venezolana de Maracaibo, desde el 2013.

    Los acusados hacen parte de una red de 8 venezolanos dedicada al envío de municiones al país suramericano, tres de los cuales ya fueron sentenciados por la justicia estadounidense.

    El caso comenzó el 16 de abril del 2016 cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) un paquete marcado como baterías para vehículo enviado por Ender Soto, desde la ciudad venezolana Maracaibo.

    Los investigadores siguieron el paquete y dieron con los dos primeros venezolanos: Alfredo Montilla Hernández y José Alexander Gutiérrez Morales, quienes fueron arrestados a principios del año luego de entregar las cajas de baterías para vehículos en una compañía de envíos, algunas conteniendo ocho pistolas y 23,500 balas, según una denuncia penal.

    Uno de ellos, Antonio Urdaneta Pozo, fue condenado esta semana a 12 años de cárcel, tras declararse culpable de cuatro de los ocho cargos que le habían sido imputados inicialmente. Otro de los implicados, Abrahán José Aguilar Sánchez, quien había sido detenido en febrero pasado y quien otorgó información clave a las autoridades, fue condenado a 38 meses de cárcel. Y Alfredo Montilla Hernández será deportado tras cumplir su condena de 30 meses en prisión.

    Por su parte, José Alexander Gutiérrez Morales se declaró culpable en febrero pasado.

    En detalles:

    La madeja del caso de tráfico de armas hacia Maracaibo detectado en Florida sigue destejiéndose. Un tribunal de ese estado expedió un encausamiento contra cinco venezolanos por el caso. La investigación determinó que “el contrabando se realizaba desde 2013”, informaron, ayer, diarios de Miami, Estados Unidos.

    El ex policía Alcibiades de Jesús Palmar Narváez está incluido en el expediente instruido por el tribunal en Miami. En la base de datos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aparece procesado por un caso de extorsión. Le imputaron concusión, peculado de uso, asociación para delinquir y violación de domicilio agravado. Apeló en 2013. Lo privó de libertad (junto a otros dos funcionarios) el Tribunal Sexto de Control del Zulia.

    Los otros venezolanos con órdenes de proceso son: Ender Enrique Soto Hernández y Ender Alberto Soto Hernández (de los que fuentes aseguran que son hermanos), Luis Antonio Urdaneta Pozo y Wilmer Onelis Hinestroza Pereira.

    De Ender Enrique Soto trascendió que “se divorció en Miami en 2004. Estaba radicado en esa ciudad”.

    En el expediente no se mencionan sus abogados, por lo que se presume que no están en territorio norteamericano”, informó el diario Nuevo Herald.

    Los investigadores alegan que los cinco hombres acusados recientemente compraron o robaron por lo menos 13 armas de fuego, 5 rifles y 54 libras de municiones en Florida y los transportaron en sus equipajes o los enviaron a través de servicios de mensajería desde Miami a Maracaibo, Venezuela.

    La investigación sobre la red de tráfico comenzó en abril de 2016, cuando funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) interceptaron un paquete en el aeropuerto internacional de Miami enviado desde Maracaibo por un hombre llamado Ender Soto. Tras la inspección, la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) descubrió que el paquete contenía 25 cajas vacías de baterías de automóvil. La agencia rastreó el paquete, lo cual condujo a los investigadores a Gutiérrez Morales y Montilla Hernández, según la denuncia presentada contra los dos hombres.

    De estos cinco venezolanos, la justicia norteamericana presume que “exportaron las municiones empacándolas en su equipaje para vuelos entre Miami y Venezuela”.

    Este es el resultado ampliado de una investigación que inició en abril de 2016, cuando en el aeropuerto internacional de Miami se recibió una carga de baterías de vehículos, provenientes de Venezuela. La policía determinó que, en empaques vacíos de acumuladores iban a empacar, en una casa de Kendall, 23 mil 500 balas de distintos calibres para enviarlas a Maracaibo.

    Alfredo Alejandro Montilla Hernández se declaró “culpable de los cargos”. Por asumir los cargos, “la pena podría rebajarse de diez años”. Montilla y José Alexander Gutiérrez fueron detenidos en ese domicilio en octubre.

    Un tercer implicado cayó: Abrahán José Aguilar Sánchez. Intentaba abordar un vuelo a Maracaibo, desde Miami, el 23 de diciembre cuando fue requerido por las autoridades.

    No eran solo balas y no era un solo cargamento: diez pistolasy cinco rifles también estaban listos para ser embalados. En el carro de uno de los detenidos (Montilla y Gutiérrez) “se encontraron 1.700 municiones más”, informaron medios de la Florida en octubre.

    A Aguilar le requisaron su teléfono celular en el aeropuerto. En él encontraron el contacto de Ender Soto, lo que fue una evidencia adicional en el proceso y en la vinculación.

    La investigación sobre la red de tráfico:

    Todo comenzó en abril de 2016, cuando funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) interceptaron un paquete en el aeropuerto internacional de Miami enviado desde Maracaibo por un hombre llamado Ender Soto. Tras la inspección, la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) descubrió que el paquete contenía 25 cajas vacías de baterías de automóvil. La agencia rastreó el paquete, lo cual condujo a los investigadores a Gutiérrez Morales y Montilla Hernández, según la denuncia presentada contra los dos hombres.

    En mayo, funcionarios del aeropuerto sometieron a un interrogatorio a Aguilar Sánchez, quien llegaba a Miami en un vuelo procedente de Maracaibo. Durante la inspección, el teléfono de Aguilar Sánchez fue revisado, y se encontró el número telefónico de Soto, lo que lo vinculaba a la investigación sobre Gutiérrez Morales y Montilla Hernández, según otra denuncia criminal.
    Luego, en el mes de junio, según documentos de la corte, Aguilar Sánchez fue al aeropuerto de Miami para recoger a Gutiérrez Morales, quien había volado de Maracaibo a Miami. Gutiérrez Morales había indicado que la residencia de Aguilar Sánchez era el lugar donde se hospedaría durante su permanencia en Estados Unidos, según señala la denuncia.

    Poco después, HSI comenzó a observar con cámaras de vigilancia a Gutiérrez Morales y Montilla Hernández en la dirección que aparecía como destino del paquete encontrado en abril con las baterías de auto vacías.

    Más adelante, en el mismo mes de junio, según la denuncia, se observó que Morales Gutiérrez entregó en Conavenca Freight Forwarders, una compañía de transporte de carga ubicada en Miami, dos cajas que contenían dos fusiles de asalto y casi 15.000 cartuchos camuflados al interior de generadores eléctricos.

    La operación de vigilancia culminó meses después, en octubre, cuando un funcionario de HSI interceptó una camioneta blanca en Conavenca, la compañía de transporte de carga. Se había observado que ese mismo día, antes de que la camioneta partiera sin ellos, Gutiérrez Morales y Montilla Hernández habían dejado armas de fuego en la dirección que estaba siendo vigilada.
    Durante las inspecciones, los funcionarios encontraron en el vagón de la camioneta las mismas cajas de batería de automóvil vacías que se habían encontrado en el paquete en el mes de abril. Según los registros de la corte, las cajas contenían ocho armas de fuego, unos 23.500 cartuchos y 19 cilindros de alta capacidad. Gutiérrez Morales y Montilla Hernández fueron abordados mientras conducían su automóvil y detenidos ese mismo día. En su auto, los funcionarios encontraron dos armas cortas, cinco fusiles de asalto AR-15 que habían sido puestos aparte y más de 1.700 cartuchos.

    Según los documentos judiciales, la fiscalía estadounidense levantó cargos contra Gutiérrez Morales y Montilla Hernández el 1 de diciembre de 2016 por intentar exportar ilegalmente armas y municiones a Venezuela.

    Ese mismo día, Aguilar Sánchez fue interceptado en el aeropuerto de Miami, cuando intentaba abordar un avión hacia Venezuela. Los documentos de la corte señalan que, después de interrogatorios adicionales, los agentes de HSI encontraron fotografías de generadores eléctricos en el teléfono móvil de Aguilar Sánchez, que coincidían con la descripción de los que habían sido utilizados en el cargamento del mes de junio. Él también fue acusado de tráfico de armas.

    Los tres hombres dijeron que eran inocentes inicialmente, pero luego se declararon culpables. La Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentario por parte de InSight Crime, en relación con la situación de los cinco hombres acusados.

    Análisis de InSight Crime:

    El caso en desarrollo contra la red de traficantes llama la atención sobre varias condiciones que han contribuido a que Miami se convierta en un importante centro del comercio ilegal de armas a nivel internacional.

    Un importante atractivo de Miami para los traficantes de armas es la gran cantidad de cargamentos legítimos que transitan por el puerto de la ciudad, que es uno de los más activos de Estados Unidos. El gran volumen de mercancías les hace relativamente fácil a los traficantes ocultar los bienes de contrabando entre la mercancía legítima sin ser detectados, especialmente en lo que se relaciona con envíos a países latinoamericanos. Según un informe reciente (pdf), Miami es el principal punto de entrada de Suramérica y Centroamérica, pues recibe “la mitad de los ocho millones de toneladas de carga que vienen o van hacia Latinoamérica cada año”.

    Otro factor que hace de Miami un centro atractivo para el tráfico de armas es la disponibilidad de armas de alta calidad en la ciudad, facilitada en parte por las laxas normativas locales sobre la venta de armas. Según el Balance Estatal de Leyes sobre Armas (Gun Law State Scorecard), publicado en 2016 por el Centro para la Prevención de Violencia Armada (Law Center to Prevent Gun Violence), Florida obtuvo una calificación “pésima” en cuanto a sus leyes sobre armas. El informe señala que Florida “no promulgó leyes significativas relacionadas con las armas de fuego en 2016”.

    El reciente caso en Miami también es una señal de la alta demanda de armas de fuego en Venezuela. Según investigaciones de Gun Policy, un observatorio internacional sobre armas de fuego, se estima que en Venezuela hay unas 2,7 millones de armas de fuego ilícitas. Sólo Brasil —centro mundial de la producción de armas de fuego— cuenta con un mayor número de tráfico ilícito de armas de fuego en Suramérica.

    La demanda de armas en Venezuela está probablemente relacionada con la continua agitación económica y política del país, que ha llevado a altos niveles de violencia en los últimos años. Aunque es difícil obtener estadísticas precisas, la tasa de homicidios de Venezuela el año pasado, que se ubicó en unos 59 por cada 100.000 habitantes, sitúa al país como el segundo más violento de Latinoamérica, después de El Salvador.

    No queda claro para quién o para qué propósito se estaban traficando las armas de Miami a Venezuela en el caso en mención. Pero es probable que estuvieran destinadas a actividades criminales. A medida que el caso avance, es posible que otros acusados revelen nuevos detalles que les ayudarán a las autoridades a entender la dinámica de los flujos de tráfico ilegal de armas de Florida a Venezuela.

    Por: Catalina Ruiz Parra
    @catalinaruiz
    Redacción/R24/AFP
    es.insightcrime.org
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    Miami, jueves, 29 de junio de 2017

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