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    THABATA MOLINA: El narco y la ex jueza del TSJ

    THABATA MOLINA, El narco y la ex jueza del TSJ
    “Con sus actos chavistas van construyendo la
    historia por la que serán recordados…”

     

    El narco Richard José Cammarano Jaimes estaría involucrado en caso Andorra.

    La ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Miriam Morandy fue dejada en libertad tras un operativo del la Guardia Nacional en el aeropuerto de Maiquetía.

    Richard Cammarano, aprehendido el sábado cuando trataba de abordar un avión junto a la magistrada jubilada del Tribunal Supremo de Justicia, Miriam Morandy, permanece recluido en el Comando Antidrogas de la GNB.

    Caracas.- En Venezuela, la noticia se esparció como pólvora desde las primeras horas del domingo. En la foto que circuló en los medios electrónicos, se ve a una mujer muy sonreída que arrastra una maleta, y camina junto a otros dos hombres a lo largo de un pasillo. Dicen que la imagen no es del sábado, pero sirvió para ilustrar la historia de la detención del supuesto narcotraficante Richard José Cammarano Jaimes, de 45 años, cuando iba junto a la ex jueza del Tribunal Supremo de Justicia (concretamente de su sala penal) Miriam Morandy.

    El hecho ocurrió la noche del sábado, cuando, de acuerdo con el reporte de la página Runrun.es, ambas personas pretendían abordar un vuelo con destino a Portugal, con la aerolínea TAP. Cammanaro fue detenido por una comisión de la Unidad Antidrogas de la Guardia Nacional, por estar requerido por los juzgados 12 y 22 de Control del Área Metropolitana de Caracas, por el delito de tráfico internacional de drogas.

    Un nuevo escándalo sacude al chavismo; pero, oficialmente, ninguna autoridad venezolana se ha pronunciado en relación con la presencia de la ex magistrada Morandy en el aeropuerto de Maiquetía, junto a Cammarano, conocido como “El canciller”, quien también está solicitado por la justicia norteamericana por el robo de dólares. Se afirma que sobre Cammanaro pesa también una alerta roja de captura de Interpol, pero este dato no pudo ser corroborado.

    El detalle está, en que más allá de ser magistrada jubilada del máximo tribunal venezolano, Morandy es además comadre de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, con quien mantiene una amistad de larga data.

    De hecho, entre septiembre y octubre de 2014 el nombre de Morandy sonó con mucha fuerza para reemplazar a la Luisa Ortega Díaz en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, después de la ratificación de Ortaga, trascendió que había sido por oposición del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que la exmagistrada no ocupó el cargo al que la había postulado Flores.

    Fuentes extraoficiales dijeron que con lo ocurrido el sábado en el principal aeropuerto de ese país, quedó en evidencia la pugna que hay por el Poder dentro de las filas del chavismo.

    Detención viral:

    La información de la detención de Morandy y de su asistente, Tibisay Pacheco, corrió como la pólvora por las redes sociales el domingo. ¿La razón? La cercanía de la exmiembro de la Sala Penal del TSJ con la primera dama, Cilia Flores, de quien es comadre. Precisamente por esa cercanía cuando la magistrada jubilada se postuló para el cargo de Fiscal General en diciembre pasado se dio por un hecho que terminaría sustituyendo a Luisa Ortega Díaz, aunque ello no terminó ocurriendo. Sin embargo, hasta el momento ni el Ministerio Público ni el máximo juzgado han confirmado ni desmentido la aprehensión.

    El nombre de Morandy también figura en todas las quinielas para sustituir a Argenis Chávez al frente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), en caso de que decida competir en las elecciones parlamentarias.

    Cuadros cerrados:

    El domingo, se supo que a pesar de que se había filtrado la información, Morandy no quedó detenida, y que ya se encontraba en su casa.

    Sin embargo, de manera extraoficial se conoció que la fiscal Luisa Ortega Díaz se negó a atender una llamada de la Primera Dama, Cilia Flores, pero en cambio, sí ha estado en comunicación constante con la magistrada y presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, para hablar sobre el tema.

    Además, trascendió que desde el despacho de la fiscal General se solicitó el video completo que fue captado por las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional, donde se aprecian las imágenes de la llegada de Morandy junto a su asistente Tibisay Pacheco, el presunto narcotraficante, y un par de funcionarios: uno del Ministerio de Finanzas y otro del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería de Venezuela (Saime).

    Investigación:

    La abogada penalista venezolana Claudia Mujica explicó que tanto Morandy como el resto de los funcionarios que estaban junto a Cammanaro en la terminal internacional debieron haber sido presentados ante un tribunal de Control.

    “Ante una situación de flagrancia (como en este caso), donde se detiene a un individuo que tiene dos solicitudes por tribunales venezolanos, por narcotráfico, no se justifica que las personas que lo acompañaban no sean presentados también ante el tribunal de Control, pues podría pensarse que están facilitando su evasión de la justicia nacional e internacional, valiéndose de prerrogativas como pasaportes especiales”, explicó a PanamPost la jurista.

    La experta dijo que era necesario que todas estas personas fueran presentadas, sin excepción, al menos para explicar qué hacían con el supuesto narcotraficante, pues el individuo se estaba sustrayendo del proceso legal que se le debía seguir en Venezuela, lo que constituye una fuga en flagrancia.

    Vínculos:

    A raíz de la aprehensión de Cammanaro en la terminal internacional más importante de Venezuela, y quienes lo acompañaban, comenzaron a surgir presuntas vinculaciones de este personaje, con Morandy y otros altos funcionarios venezolanos.

    De manera extraoficial, fuentes policiales venezolanas dijeron que el motivo del viaje sería para establecer contactos con la Drug Enforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, y que Cammanaro sería utilizado como testigo.

    Al presunto narcotraficante también se le vincula sentimentalmente con de Dougeli Wagner, una exjueza venezolana, que posteriormente fue asesora jurídica del Ministerio de Finanzas, quien en la actualidad vive en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

    ¿Quién es Miriam Morandy?:

    La abogada que fue captada en Maiquetía viajando junto a un narcotraficante tuvo en sus manos el caso de “Mazuco”, el de Iván Simonóvis, Lázaro Forero y Henry Vivas Ser complaciente con el Gobierno le ha garantizado al menos beneficios económicos, pues en tiempos de rivalidades entre grupos de poder, ni la protección de la primera combatiente le ha valido para llegar a la cúpula judicial. Miriam Morandy se quedó con las ganas de ser fiscal general de la República y también vio frustrado su eventual nombramiento como presidenta de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). La mayor posición que ha escalado ha sido como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un año después incursionó como empresaria.

    Miriam del Valle Morandy Mijares, cédula de identidad V−6.363.852, nació en Maturín, estado Monagas, el 27 de octubre de 1961. Obtuvo su título de abogada en la Universidad Santa María en 1988 y seis años más tarde finalizó un postgrado en Criminalística en el Instituto Universitario de Policía Científica. Su trayectoria laboral la inició en 1981, mientras cursaba sus estudios de pregrado, como sumariador en el extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ). Entre 2006 y 2010 ejerció como magistrada de la Sala de Casación Penal del máximo tribunal.

    El 27 de septiembre de 2007, mientras se desempeñaba como magistrada, constituyó la empresa Comercializadora Jomira, C.A, RIF J−294438881, con un capital suscrito de 150 millones de bolívares, junto con dos socios, siendo poseedora de 35% de las acciones. La empresa ubicada en la avenida Urdaneta, La Candelaria Este de Candilito a Urupal, edificio Dilcan, piso 6, ofician 6−C, tiene la particularidad de que sus operaciones son muy variadas, va desde la comercialización de materiales de construcción; compra, venta e importación al mayor de equipos de oficina; venta de línea blanca, marrón; así como ropa y calzados hasta distribución y venta de alimentos. Su cotización en el Seguro Social por su labor en el TSJ se ubica en 43.768,02 Bs. por un total de mil 246 semanas.

    Entre sus polémicas decisiones”alabada por oficialistas y repudiada por opositores− se encuentra haber declarado inadmisible la solicitud de avocamiento del caso de los ocho policías metropolitanos y los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas por los sucesos del 11 de abril de 2002. También negó el avocamiento al diputado José Sánchez”Mazuco? y al presidente de 6to Poder, Leocenis García.

    La carrera judicial la lleva en las venas. Su hermana es la jueza Reina Morandy Mijares, quien también tuvo en sus manos del caso del diputado”Mazuco? y ordenó encarcelar al exgobernador del Zulia, Manuel Rosales. La carrera como penalistas sin duda tiene un alto precio. Y es que el 24 de abril de 2009 encontraron en las puertas de su residencia, ubicada en la urbanización Vista Alegre, presuntos explosivos con panfletos que decían que ambas hermanas”explotarán como Danilo (Anderson)”

    Previo a la renovación de los cargos en el Poder Ciudadano, corrió el rumor de que Miriam Morandy sería la nueva fiscal general de la República. Pero a pesar de que Morandy es muy cercana al entorno del Presidente, ya que es comadre de Cilia Flores, se impuso nuevamente Luisa Ortega Díaz. Lo mismo ocurrió en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La primera dama promovió el año pasado a Morandy como sustituya de Argenis Chávez, en vista de que el hermano de Hugo Chávez estaría incurso en irregularidades administrativas, pero”según La Razón− Diosdado Cabello y Pedro Carreño metieron la mano para garantizar que se mantuviera la cuota de poder que exigía la familia Chávez.

    José Cammarano Jaimes y el caso Andorra:

    La Fiscalía de Venezuela reconoció en 2010 la existencia del pasaporte diplomático emitido en 2004 por la Cancillería venezolana a Tulio Antonio Hernández Fernández, uno de los dos acreditados como “asesores del ministro” de Economía y Finanzas investigados por la justicia de Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

    La Cancillería negó en un comunicado difundido el 17 de abril “la entrega de pasaportes diplomáticos a personas investigadas en Andorra”. Sin embargo, un funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores, que accedió a declarar bajo reserva de su identidad, recordó que no se conocen casos de falsificación o robos de pasaportes diplomáticos en los últimos 15 años. “Esos pasaportes se hicieron con material de Cancillería. De dónde más los iban a sacar, de ningún otro sitio. Es imposible falsificar el material para la elaboración de esos pasaportes”.

    El funcionario explicó que la emisión de pasaportes diplomáticos se rige por el Reglamento de Pasaportes vigente desde 1974. Este instrumento define quiénes son los ciudadanos que -por su función o cargo- tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. En la lista no figuran los asesores de ministros, pero se establece que el Presidente de la República tiene la autoridad para ordenar la asignación y elaboración de pasaportes diplomáticos a cualquier ciudadano.
    Investigaciones Sin Resultados

    Luego de la detención de Norman Danilo Puerta Valera, ex jefe Antidrogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el 7 de junio de 2010, la fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela, Yemina Carolina Marcano Rigual -comisionada por la Fiscal General de ese país, Luisa Ortega Díaz- envió una carta rogatoria a la Justicia de Andorra para solicitar información sobre ocho ciudadanos venezolanos sospechosos de estar relacionados con una red de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA).

    Puerta Valera tenía una cuenta en BPA con $1.4 millones. Fue detenido en dos ocasiones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Esta red estaba vinculada -mediante depósitos y transferencias de miles de dólares y euros- a dos cuentas en BPA inscritas a nombre de Puerta Valera y operaba desde oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Caracas, con la complicidad y asistencia de la filial BPA Serveis en Panamá.

    En el expediente elaborado por la Fiscalía, con fecha 15 de junio de 2010, se mencionan los nombres, números de documentos de identidad (cédula) y los datos de los pasaportes de todos los investigados. En la lista destaca el pasaporte diplomático otorgado al venezolano Tulio Antonio Hernández Fernández como “asesor” del entonces ministro de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. De esta manera el Ministerio Público de Venezuela admitía como válido y legal el documento.

    Gil Yánez utilizó el pasaporte diplomático para declarar en la aduana de España el dinero en efectivo que ingresaba a varias cuentas de la BPA en Andorra, según consta en toda la documentación -más de 150 páginas de informes oficiales- a la que tuvo acceso el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI). Allí queda reflejado que al menos uno de los depósitos fue por 221,400 euros.

    Además, el CIPI obtuvo información que indica que el abogado de la firma United Consulters de Venezuela, propiedad de Tulio Antonio Hernández Fernández, era Juan Carlos Thula Rauseo, quien también habría accedido a un pasaporte diplomático como asesor de ese ministro venezolano.

    El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, apresado el 22 de septiembre de 2006 en Venezuela y deportado a Colombia, también estaba en posesión de un pasaporte diplomático como “asesor” del ministro de Finanzas de Venezuela.
    Otros Siete Involucrados

    La petición, firmada por la fiscal Yemina Carolina Marcano, menciona a otras siete personas investigadas junto al ex comisario: Gabriel Ignacio Gil Yánez, Juan Carlos Thula Rausseo, Tulio Antonio Hernández Fernández, Yajanira Dayana Ontiveros Linares (esposa de Tulio), Jorge Luis Mathinson Jiménez, Richard José Cammarano Jaimes y Miguel Antonio Djamous Kasale. CIPI contactó, por medio de una llamada telefónica al despacho, a la fiscal Yemina Carolina Marcano Rigual, actualmente titular de la fiscalía 27 con competencia nacional, pero declinó hacer algún comentario sobre el expediente de Andorra. “No, no puedo darte ningún tipo de declaración de ningún caso”, respondió.

    Por: Thabata Molina
    @Thabatica
    José Gregorio Martínez/Redacción/R24
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    Caracas, Viernes, 29 de Mayo del 2015

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