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    POLÍTICA: Solo el 28% de los “indultos” son de presos políticos



    “Esto es una trampa
    caza bobos…”

    Maduro pretende debilitar con ‘indultos’ el boicot de la oposición a las parlamentarias…”.

    [karma_by_kadar__simple_player title=” Maduro ‘indulta’ a 110 dirigentes opositores.” src=”https://reportero24.com/wp-content/uploads/2020/09/Indulto-presidencial-en-Venezuela.mp3″]

    AUDIO: El dictador venezolano, Nicolás Maduro, firmó un decreto “indultando” a 110 políticos y activistas, una medida celebrada por unos y criticada por la mayoría…”.


    Los indultos concedidos a más de un centenar de opositores en Venezuela buscan debilitar el boicot a las parlamentarias del 6 de diciembre, legitimar estos comicios y blanquear la imagen de Nicolás Maduro, según analistas.

    La lista no incluyó a Juan Guaidó, sobre quien pesan múltiples causas judiciales tras proclamarse presidente interino en enero de 2019. El chavismo se prepara para retomar el control de la Asamblea Nacional, que perdió tras una aplastante derrota en diciembre de 2015.

    Todavía es muy temprano, para conocer las verdaderas razones por las cuales el régimen de Nicolás Maduro, se vio obligado a tomar la decisión de liberar a 110 presos, la gran mayoría políticos. Las opciones van desde electorales hasta la intensa presión internacional. También es muy temprano, para saber si tendrán continuidad con el fin de buscar definitivamente una solución a la terrible crisis de Venezuela, o es una medida aislada básicamente electoral, que ha detenido momentáneamente “la puerta Giratoria de presos”, pero que se activará no mas se obtengan los fines para los cuales fueron creadas las “liberaciones”. Veremos…

    Caracas.— El Foro Penal de Venezuela, en su conteo, destaca que de las 110 personas a los que Nicolás Maduro otorgó “indultos”, sólo el 28% estaba encarcelado por razones políticas. Alfredo Romero, director de esta ONG informó que fueron liberadas 50 personas que permanecían en centros penitenciarias o calabozos policiales o militares, lo que representa tan sólo el 13% del total de presos políticos que esta ONG contabiliza desde 2003. Es decir, de 386 privados arbitrariamente, siguen tras las rejas 336 ciudadanos.

    Romero precisó que 37 personas de los 110 indultados, jamás fueron presentadas ante un tribunal o se inició un juicio para comprobar la existencia de los delitos a los que se les responsabilizaba. En este grupo se incluyen a 22 diputados que tenían su inmunidad parlamentaria allanada, están en el exilio o la clandestinidad.

    Además 16 personas de los beneficiados tenían medida cautelar, y 7 ya gozaban de libertad plena. Desde el Foro Penal destacan que en la lista no hay ningún militar indultado, a pesar que existen 126 funcionarios castrenses presos, que han sido acusados de traición a la patria, rebelión o delitos Contra el Decoro Militar.

    Los de mayor rango y quienes ostentaron altos cargos en el gobierno son el general en jefe, Raúl Baduel, arrestado el 13 de abril de 2009 y quien desde 2017 está recluido en La Tumba del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Fue ministro de la Defensa en el gobierno de Hugo Chávez, y el mayor general en jefe Miguel Rodríguez Torres, detenido el 13 de marzo 2018, encarcelado en la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar, fue ministro de Interior de Chávez y Nicolás Maduro.

    “El indulto corresponde de acuerdo a la ley, a personas que han sido condenadas, por lo tanto el gobierno no puede indultar jamas a una persona que jamás ha estado en un tribunal“, acotó Abraham Cantillo, coordinador del Foro Penal en Lara, quien espera que el decreto sea publicado en Gaceta Oficial para conocer con exactitud las condiciones jurídicas en las que están siendo liberadas estas personas.

    Carlos Luna, internacionalista, explicó que la medida presidencial tampoco puede considerarse como un “sobreseimiento”, porque según el Código Orgánico Procesal Penal, este se aplica cuando la causa se cierra por falta de pruebas. “Se da cuando no se tienen elementos de convicción para juzgar a una persona, razón por la cual la persona puede mantener sus derechos políticos. Yo lo que siento es que esto es un intercambio de fichas, es un secuestrador que libera rehenes en función de ganar tiempo para mantenerse en el poder“, argumentó, al sostener que el propósito del régimen también es intentar legitimar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que han sido cuestionadas internacionalmente.

    Desde Provea, esperan que el gobierno anuncie nuevas medidas que incluyan al resto de presos y perseguidos políticos que hay en el país. El coordinador general de esta ONG, Rafael Uzcátegui indicó que desde marzo a la fecha en Venezuela los casos de hostigamiento al liderazgo social y político aumentó en el contexto de la pandemia. “Se han generado nuevos niveles de censura y autocensura en el país, además de persecución y estigmatización a los venezolanos que retornan del exterior que son catalogados por el oficialismo de bioterroristas. Hay que ver si esa política de hostigamiento se va a mantener o si por el contrario se va aliviar la situación”, expresó.

    Para Carlos Luna, experto en derecho y política internacional, el cambio de comportamiento del régimen es impulsado por la presión ejercida por la comunidad internacional, a través de las sanciones diplomáticas, económicas aplicadas contra Nicolás Maduro y sus funcionarios, así como las denuncias de violación de Derechos Humanos y delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero que en marzo de este año reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

    “Maduro busca lavarse la cara porque aplica una medida el mismo mes en que se va a desarrollar la Asamblea General de Naciones Unidas, además de la reunión del segundo período de sesiones del Consejo de DD.HH ONU, donde la alta comisionada Michelle Bachelet presentará el informe sobre Venezuela y puede aprobar la extensión de la Oficina de Verificación de Hechos en el país“, expresó. Ante esto sostiene que la dictadura busca disminuir la presión diplomática.

    Este informe de verificación de hechos que contempla las acusaciones de víctimas de violación de DD.HH en Venezuela hechas ante la oficina de la Alta Comisionada de la ONU que está instalada en el país desde 2019, podría revelar la responsabilidad penal en la cadena de mando del gobierno, según resalta Rafael Uzcátegui, de Provea, “Eso representaría un insumo para que la Corte Penal Internacional inicie un posible juicio contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en la nación“, informó.

    Luna también considera que la medida pretende tender puentes entre EE.UU y la Unión Europea, sobre todo el caso Alex Saab, empresario colombiano detenido en Cabo Verde, acusado de manejar una gigantesca red de corrupción y de ser el principal testaferro de Maduro.

    Esto ocurre luego de que Nicolás Maduro indultara a 110 personas que fueron detenidas por funcionarios del Estado venezolano. El 8 de agosto activistas de Derechos Humanos denunciaron el mal estado de salud de los presos en la cárcel militar, quienes presentarían síntomas relacionados con el COVID-19.

    “Indultos no lavan la cara”:

    En su cálculo político, Maduro busca blanquear su imagen ante los venezolanos y la comunidad internacional que lo tilda de dictador y trata de mejorar el perfil de unas elecciones vistas como las más sucias de la historia de Venezuela, considera Salamanca.

    “Pero estos indultos no le lavan la cara a Maduro, porque para eso tendría que haber una amnistía completa, haber liberado a todos los presos políticos y de esa manera Maduro sí se lavaría la cara. En este caso particular, esto es una negociación compartida”, sostiene Castillo-Molleda.

    Además, para Salamanca, el mensaje de reconciliación lanzado por el régimen socialista tras dar a conocer los nombres de los indultados está muy alejado de la realidad, pues sigue habiendo una importante cantidad de detenidos inconstitucionalmente.

    “Es una trampa y no vamos a caer”, escribió en Twitter Guaidó luego de producirse las primeras excarcelaciones que incluyeron a su jefe de despacho, Roberto Marrero, detenido en marzo de 2019 bajo señalamientos de terrorismo.

    La ONG Foro Penal, que defiende los derechos de los encarcelados, indica que de los 110 indultos, 50 corresponden a presos políticos. La organización señala que en Venezuela aún hay 336 detenidos por razones políticas.

    “La estrategia presentada por Guaidó de no participar en las parlamentarias no es la más acertada porque implica darle más poder a Maduro, eso no tiene sentido”, señala Castillo-Molleda, ganado a la idea de buscar vías de participación electoral.

    Con el boicot de los principales partidos opositores a las parlamentarias, el chavismo se prepara para retomar el control de la Asamblea Nacional que perdió tras una aplastante derrota en diciembre de 2015.

    Por: Redacción/R24
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    Caracas, miercoles 02 de septiembre 2020





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