La banda de “El Picure” juró
venganza contra Poliaragua
■ Cicpc inició investigación a bandas por terrorismo.
■ Indagan si el Picure está detrás de la violencia en la Cota 905.
■ Algunos cadáveres de la Cota 905 tienen tiros frontales a corta distancia.
■ “El coqui”, líder de los grupos hamponiles de la zona, escapó de la redada.
■ La Policia de Aragua demuestra temor ante la organización de la banda “El Picure”.
■ El Cicpc maneja datos de inteligencia que ligan a José Tovar con plagios a conductores de transporte público en El Guarataro
Maracay.- El pasado domingo, 5 de julio, la policia de Aragua abrió fuego contra la banda de El Picure, capturando a dos de los miembros del grupo delictivo, los cuales fueron trasladados al Comando Central. “El Picure”, como se hace llamar José Antonio Tovar Colina, desató su furia y juró vengarse de los policías. Desde ese día la situación en el sur de Aragua se torna angustiosa. Durante el fuego cruzado resultaron dos efectivos heridos.
En Barbacoa sur de Aragua es de mucha angustia para la Poliaragua, en la acción policial fueron heridos cuatro policías.. “Cuando llega la noche entramos en tensión, lo peor es cuando sentimos el sonido particular de las granadas antes de explotar”, expresó Poliaragua, demostrando que la banda de “El Picure” están mucho más armados que ellos.
Poliaragua informó parte de las armas utilizadas en los enfrentamientos por la banda:
■ AK47
■ Rifle M15
■ Rifle R16
■ Fusiles de asalto
■ Granadas
■ Lanzacohetes portátiles
■ Rifles 550
■ Munición trazadora
Otra de las estrategias utilizada es camuflajearse vestidos de Policía Nacional Bolivariana (PNB) y usan los mismos vehículos que las patrullas.
Poliaragua ha tenido que pedir apoyo a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Cicpc Carabobo.
El Picure en la Cota 905:
La policía judicial investiga si el recrudecimiento de la criminalidad en la Cota 905 y en El Guarataro se debe a miembros de la banda liderada por José Tovar Colina, alias Picure. La Coordinación Nacional del cuerpo detectivesco solicitó a todas las subdelegaciones del área metropolitana que remitan todos los datos sobre este hombre de 29 años de edad, así como de los principales integrantes de su organización.
Fuentes policiales manejan la posibilidad de que los plagios a conductores de transporte público de rutas troncales en El Guarataro sean efectuados por este grupo. Los vehículos son trasladados a la Cota 905, a veces con sus dueños, para luego cobrar dinero por rescate. Esta modalidad de secuestro extorsivo también es aplicada por pandillas de Antímano, Petare y Caricuao. Hasta 2014 la banda del Picure tenía aproximadamente 30 miembros dedicados a la extorsión a obreros y sindicalistas de construcciones oficiales, robo de vehículos y transporte de drogas.
Informes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional señalan que Tovar Colina probablemente opera en la parroquia La Vega en Caracas.
Las bandas delictivas tienen carta blanca para actuar, otorgada en deliberada postura de
“dejar hacer”, lo que se instruye desde la cúpula que ostenta el poder en Venezuela.
“El coqui”, escapó:
Autoridades negaron a los deudos la información que permitiera confirmar si sus familiares estaban detenidos o muertos. Algunos aprehendidos aparecieron sin vida. La primera información que tuvieron en la Cota 905 sobre el paradero de Danny Jesús Sojo Velásquez fue a través de una galería de fotos tomadas el lunes en la tarde, aparentemente en la morgue del hospital Miguel Pérez Carreño.
En la gráfica distribuida por mensajería de Blackberry aparecía el plano superior del hombre de 30 años de edad, uno de los 15 muertos en supuestos enfrentamientos con funcionarios de varios cuerpos de seguridad que tomaron la zona desde las 4:00 am.
El lunes a las 11:30 am, Sojo se comunicó por teléfono con sus familiares. Les dijo que estaba bien. El barrio adyacente a El Cementerio había vuelto a la calma, luego de seis horas de tensión. Salió a la calle y más nunca lo vieron con vida.
Una lista extraoficial conocida el martes en la tarde indica que, además de Sojo, durante esta operación murieron en varios tiroteos Ricardo Antonio Ordaz Clemente, Nelson Enrique Díaz, Elio Jesús Martínez Monagas (alias Coco), Carlos Eneisis Bejarano Rodríguez, Edison José Alcalá, Carlos Luis Castro, Ender Armando Rojas Sánchez, Greydelberg Lenín Urbina (alias Grey), Kevin Jesús Istúriz Rondón, Yorángel José Lezama Ramos, Jonathan Antonio Pérez, Alberto José Rausseo Fernández, Jorge José Guzmán Guillarte y un hombre aún sin identificar.
De ellos Ordaz, Sojo, Martínez Monagas, Urbina y Lezama tenían solicitudes por distintos delitos. A pesar de todo este despliegue, de manera extraoficial se conoció ayer que Carlos Luis Revete, alias Coqui, el hombre señalado como líder de los grupos que operan en la zona, escapó de la redada.
Declaran en el Cicpc. Hasta el martes en la tarde solo habían reclamado en la morgue los cadáveres de cinco de los muertos durante esa operación, en la que participaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del Cicpc y del Sebin.
Informaron que tanto a Edison Alcalá como a Alberto José Rausseo los mataron con tiros a corta distancia. Alcalá tenía un orificio en el pómulo derecho, mientras que Rausseo le hicieron tres disparos en el tórax. Hasta ayer en la mañana los familiares de Alcalá creían que él estaba detenido. Primero les dijeron que estaba en el Destacamento Móvil 51 de la GNB. Posteriormente, les informaron que en el retén de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, al que habían trasladado a 26 personas.
Los familiares de Rausseo informaron que ayer en la mañana numerosos deudos permanecían aún declarando en la División contra Homicidios del Cicpc. Sin ese requisito no les daban el permiso para retirar los cadáveres. Indicaron además que Rausseo murió a las 3:00 pm, cuando el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz había dado un parte preliminar sobre la operación. Estaba solo en una vivienda del sector Buenos Aires en la Cota 905 cuando llegaron investigadores del Cicpc. Fue el único cadáver llevado al Hospital Vargas.
Sitiados. Durante la redada no se permitió la entrada ni la salida de las personas que habitan en la Cota 905. Jesús Espinoza, padrastro de Carlos Castro, informó que muchos residentes no pudieron llegar a sus trabajos ni enviar a los niños a las escuelas. Familiares de Rausseo indicaron además que la vivienda en la que ocurrió su muerte fue saqueada supuestamente por agentes policiales. En otros inmuebles aplicaron un procedimiento similar con el argumento de que se trataba de “bachaqueros”.
La organización de derechos humanos Provea emitió el martes un comunicado para alertar que operaciones como la ejecutada en la Cota 905 sugieren un uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de medios letales por parte de los cuerpos policiales y militares. Añadieron que la actividad denominada Operativo Protección y Liberación del Pueblo “abre las puertas a la legitimación de las ejecuciones policiales”.
De zona de paz a zona de guerra: 14 muertos en operativo militar en la Cota 905
La Policía Nacional Bolivariana entorpeció trabajo periodístico:
Desde el lunes en la tarde un piquete de la brigada de Orden Público de la Policía Nacional Bolivariana fue enviado a la medicatura forense de Bello Monte para prevenir incidentes durante el traslado a ese servicio de los detenidos durante la redada e igualmente durante el proceso de retiro de los cadáveres.
Los funcionarios con equipamiento antimotín establecieron puntos de control en la calle Neverí, adyacente a la morgue, para garantizar la fluidez del tránsito y disuadir cualquier protesta. Igualmente instruyeron a los deudos para que permanecieran alejados de la entrada de la morgue. Al momento de hacer los reconocimientos post mórtem eran escoltados. En varias oportunidades se presentaron roces e intercambios verbales con los periodistas que intentaban entrevistar a familiares. Los policías también ordenaron el retiro de camarógrafos y fotógrafos de las adyacencias.
Investigación a mega-bandas por terrorismo:
Luego de los últimos ataques a sedes policiales de Aragua, el Cicpc inició una averiguación por terrorismo y otros delitos contra los miembros de bandas armadas que operan en las principales regiones del país.
La División de Investigaciones contra el Terrorismo envió un memorándum a todas las delegaciones estadales, subdelegaciones y ejes de investigación contra homicidios y robo de vehículos para solicitarles con carácter de urgencia una relación detallada de todos los casos en los que se haya reportado el robo, hurto o extravío de armas largas o explosivos que estuviesen bajo custodia de dependencias gubernamentales.
La información correspondiente debe abarcar los últimos cuatro años. También se debe incorporar la data relativa a las recuperaciones o decomisos de ese tipo de armamento.
Igualmente, cada dependencia debe remitir el arqueo de bandas armadas que operan en cada jurisdicción, con énfasis en aquéllas conocidas por poseer fusiles o explosivos.
El el urbanismo Betania IV, nueve personas fueron puestas a la orden del Ministerio Público; mientras
que en Ciudad Tiuna, fueron capturados 102 sujetos, de los cuales ocho son extranjeros.
Armas en redes:
Al mismo tiempo, la central policial adelanta una intensa revisión de las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y otras) con la finalidad de identificar a las personas que se exhiben con armas de guerra a través de estos canales.
Se considera que ese hecho constituye un delito tipificado en la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones. Eventualmente, los casos podrían incorporar imputaciones por terrorismo.
Después de lo ocurrido la semana pasada, en la central policial interpretan que la difusión de fotos que revelan la posesión de armas de guerra no solo tiene un fin simbólico, sino que también reflejaría la intención concreta de asaltar sedes policiales y atacar vehículos de cuerpos de seguridad.
Al respecto existen varios casos conocidos. Uno de ellos es el de la banda liderada por José Tovar Colina, alias “Picure”, que opera en los estados Guárico y Aragua. Sus integrantes transmitían a amigos, novias y allegados fotos en las que mostraban sus armas, muchas de uso privativo de la FANB. Posteriormente, las gráficas fueron incorporadas a una página de Facebook, alusiva a la construcción del ferrocarril de los Llanos.
La Cifra:
5.400 armas de fuego fueron robadas o hurtadas en los años 2011 y 2012, afirmó en octubre de 2014 el entonces titular del MRI, Miguel Rodríguez Torres
Nicolás Maduro sobre la Cota 905:
“Eso se acaba o se acaba”; aseguró que la delincuencia se acabará, “Es apenas el inicio de la gran liberación del secuestro y paramilitares, enemigos del pueblo, es una gran operación de liberación de las comunidades, urbanismos, y liceos, será la unión cívica militar policial”.
Agregó que se respetarán los derechos humanos, pero los primeros que se deben respetar son los de vivir en paz.
“Son más de 40 detenidos paramilitares, tenían estructura tipo paraca, gariteros, con todos (…) Tenían como 30 vehículos en la Cota 905, chantajeaban a sus dueños, tenían ahí armas largas, de guerra, droga, tenian una señora secuestrada en una casa, bandidos esto no puede ser”, expresó Maduro informando las operaciones que se manejan en la Cota 905.
La orden que el mandatario les ha dado a la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana es liberar y proteger.
El ministro de Interior Justicia y Paz tomó la palabra durante la transmisión del programa En Contacto con Maduro, “Después de casi 72 horas de operación, y haciendo el análisis, le puedo dar fe que la moral de los efectivos que trabajaron está alta y elevada, en cada parte donde han actuado han recibido el apoyo del pueblo, cada vez las comunidades se sientes más abierta y más segura de la operación policial”.
“Hemos encontrado practicas que no son de nosotros, con paramilitarismo colombiano tenían hasta esclavos, esclavismo sexual con mujeres adolescentes”, agregó el ministro durante su intervención.
Diosdado Cabello:
El presidente de la Asamblea Nacional, emitió algunas palabras sobre el tema, “esto tiene que ver con un trabajo de inteligencia previo, no es “plomo al hampa”, es un trabajo que se hace previamente y luego se van a los focos concentrados de la delincuencia que estamos buscando atacar”.
“Desde la Asamblea Nacional se está trabajando una modificación que tiene que ser con las sanciones y delitos que se le pueden dar a los delincuentes, hay que buscar que paguen en la cárcel lo que tienen que pagar de acuerdo al delito que estén cometiendo”, agregó Cabello.
“Nuestro pueblo está alegre porque el estado ha decidido tomar el control de la inseguridad, no podemos permitir que haya un estado dentro de un estado” concluyó.
Por: Javier Mayorca
El Pitazo/EFE
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Caracas, miercoles 15 de julio de 2015
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